1. El pasado 14 de Diciembre de 1999 un grupo de cerca 480 familias desplazadas de diferentes partes del país, en un número significativo registrados como desplazados, ocuparon pacíficamente la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá, con el propósito de llamar la atención del Gobierno y de la opinión pública ante su situación y como una forma de exigir al Gobierno Nacional el cumpplimiento de sus obligaciones legales ante las comunidades campesinas desplazadas, vulneradas en sus derechos fundamentales.
2. Desde el mismo ingreso a las instalaciones de este organismo internacional, los ocupantes hicieron múltiples esfuerzos con los Organismos de Control, la Alcaldía Local de Chapinero, la Delegación de la Cruz Roja Internacional y la Red de Solidaridad Social con el propósito de llegar a acuerdos que incluyeran asistencia humanitaria integral, soluciones de vivienda y proyectos productivos sostenibles, de tal manera que se diera cumplimiento a las obligaciones estatales prescritas en la Ley 387 de 1997.
3. A pesar de que se lleg¢ a firmar un preacuerdo con la Red de Solidaridad Social y otras entidades poblicas, ‘ste nunca fue cumplido por la falta de voluntad pol¡tica de las autoridades, que rompieron unilateralmente las conversaciones en enero del 2000.
4. A partir de esta fecha, las autoridades se han negado sistem ticamente a dialogar y posibilitar una salida digna a esta ocupaci¢n a sabiendas de las precarias condiciones de hacinamiento, de inseguridad por las amenazas de desalojo por parte de la fuerza poblica, amenazas a los voceros de la ocupaci¢n y falta de atenci¢n humanitaria b sica para las familias, en especial, los ni_os y ni_as, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
5. Entre los esfuerzos que se han hecho para buscar la soluci¢n a la problem tica, las Organizaciones abajo firmantes, junto con delegados de la ocupaci¢n pac¡fica, se conform¢ una Mesa de Trabajo con el objetivo de facilitar un acercamiento entre las partes y soluciones concertadas. El gobierno tercamente no ha querido reconocer ninguna de las propuestas hechas, ha faltado a todas las citaciones hechas y ha impedido cualquier tipo de interlocuci¢n directa con los desplazados o de intermediaci¢n por parte del Senado de la Republica, de la Defensor¡a del Pueblo o de las ONG que acompa_an el proceso.
6. Para no agotar las posibilidades de concertaci¢n con el gobierno y las autoridades responsables de las Pol¡ticas, Planes y Programas de Atenci¢n a los desplazados y ante la salida del Comit’ Internacional de la Cruz Roja de la sede, la Mesa de Trabajo y los representantes de la ocupaci¢n, convocaron el pasado d¡a jueves 22 de noviembre del presente a_o, a las autoridades respectivas con el fin de discutir las posibilidades de un acuerdo que permitiera la salida, con garant¡as de sus derechos como desplazados. En esta reuni¢n en la que participaron el Doctor Reinaldo Botero de la Vicepresidencia de la Repoblica, funcionarios del Ministerio del Interior y de la Defensor¡a del Pueblo se comprometieron a traer propuestas para el siguiente d¡a, jueves 23. Sin embargo, no lleg¢ ningon representante del gobierno ni de las autoridades. La Mesa de Trabajo y los representantes de los desplazados del CICR reiteraron su voluntad de concertaci¢n y convocaron para el viernes 24 una nueva reuni¢n. Pese a el inter’s y preocupaci¢n por parte de los representantes de la ocupaci¢n del Cicr, la Mesa de Trabajo y delegados de la Defensor¡a del Pueblo, no hubo respuesta a este llamado.
De la comunicaci¢n efectuada con el representante de la Vicepresidencia de la Repoblica el d¡a 24 de noviembre, la Mesa de Trabajo y los delegados de la ocupaci¢n pac¡fica del CICR han llegado a la conclusi¢n que, a pesar de haberse hecho el intento de dialogar con la Red de Solidaridad Social, el Ministerio del Interior, la Presidencia y la Vicepresidencia de la Repoblica, no hay ningon inter’s de parte de las autoridades gubernamentales para llegar a un acuerdo con los 300 desplazados, que actuamente ocupan la sede del CICR.
7. Ante esta situaci¢n, la Mesa de Trabajo y los desplazados que ocupan la sede del CICR reiteramos nuestra voluntad de concertaci¢n y responsabilizamos al gobierno nacional y a las autoridades competentes de cualquier salida de fuerza a la ocupaci¢n que pueda presentarse ante el abandono que ha hecho el CICR de la planta f¡sica y del acompa_amiento que ven¡a haciendo a las familias desplazadas.
8. Solicitamos a la comunidad nacional e internacional, dirigirse a las autoridades colombianas para exigir del Estado:
a. Se garantice la integridad personal y la vida de cada una de las personas que se encuentran ocupando pac¡ficamente la sede del CICR.
b. Que las autoridades competentes se comprometan a dialogar y solucionar junto con los ocupantes la problem tica del CICR.
c. Que el Estado colombiano cumpla las obligaciones que tiene, de acuerdo con la Constituci¢n Nacional, la Ley 387 de 1997 y los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado.
d. Que el Comit’ Internacional de la Cruz Roja, la ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia, intervengan como mediadores en este conflicto y garanticen los Derechos Humanos y la Atenci¢n Humanitaria, de acuerdo a sus mandatos.
