PRIMERO. Una situación intolerable
Desde hace veinte años, Colombia vive un drama que no deja de agravarse. Gran parte de la población colombiana se ve martirizada por un conflicto que le es ajeno. Es una sociedad que está siendo asesinada por los actores armados de diferentes perfiles pero cuyo rasgo común es su menosprecio por los sentimientos de los colombianos.
Los actores armados violan igualmente los derechos humanos fundamentales, cada cual con su particularidad. Los paramilitares recurren sistemáticamente a las masacres colectivas; los grupos guerrilleros al secuestro, asesinato selectivo y reclutamiento forzoso. Tanto los unos como los otros esgrimen el terror. Los militares por su parte, no sólo cierran los ojos frente a las acciones de los paramilitares, sino que a menudo los apadrinan.
La confrontación no cesa de extenderse y provoca el debilitamiento de las instituciones. Las Fuerzas Armadas han sufrido derrotas considerables en varias ocasiones y se muestran incapaces de proteger muchas zonas del pa¡s. Los grupos paramilitares extienden cada vez m s su rea de operaciones a nuevas regiones bajo el pretexto de contenci¢n de la expansi¢n guerrillera. No obstante, los grupos guerrilleros siguen incrementando su control territorial .
No se trata de una guerra civil en el sentido cl sico del t’rmino. La confrontaci¢n no corresponde a una ruptura o brecha cultural, pol¡tica o social en la poblaci¢n. Las moltiples protestas masivas contra la prolongaci¢n de la «violencia», y la frecuente reivindicaci¢n de «neutralidad» de las poblaciones que se encuentran en ese fuego cruzado son se_ales de un intenso deseo de paz. Sin embargo, los grupos guerrilleros disponen de los recursos que recaudan de la econom¡a de la droga, de diversas exacciones, y del secuestro. Esto los dispensa de buscar el apoyo de los habitantes locales a quienes encuadran e inducen incesantemente hacia una estrategia exclusivamente militar. Entretanto, las fuerzas paramilitares -financiadas igualmente por la droga, pero adem s por algunos sectores econ¢micos- se proponen como objetivo reconquistar las zonas en manos de la guerrilla desocup ndolas de sus habitantes.
Se trata de hecho de una guerra contra la sociedad, la que en su conjunto ha sido convertida en reh’n. Los desplazados, cuyo nomero, dif¡cil de precisar, pero que algunas organizaciones calculan en dos millones en los oltimos 15 a_os, son testimonio de la horrorosa situaci¢n. Durante los oltimos meses, el terror ha alcanzado lugares hasta entonces relativamente preservados, las universidades, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales … Los protagonistas armados golpean as¡ a quienes propugnan por una salida negociada y buscan provocar una polarizaci¢n generalizada. Colombia jam s ha logrado dotarse de un Estado que sea reconocido por el conjunto de la naci¢n, ni romper con sus profundas desigualdades sociales. Sin embargo, el r’gimen no tiene nada que pueda asemejarlo a una dictadura y en el pa¡s existen profundas aspiraciones democr ticas. La Constituci¢n de 1991 pretendi¢ renovar las instituciones e instaur¢ un gran nomero de nuevos derechos. La corrupci¢n fuertemente acentuada por la droga que ha debilitado todo el edificio, y la recesi¢n econ¢mica sin precedentes que sacude el pa¡s desde hace dos a_os, bloquean las reformas sociales necesarias y alimentan aon m s el escepticismo sobre el porvenir. Existe un gran riesgo de que el Estado, confrontado a problemas que sobrepasan sus posibilidades, pierda completamente el control de la situaci¢n.
Se comienza a internacionalizar el conflicto. El gobierno de Estados Unidos, que por largo tiempo s¢lo ha percibido la situaci¢n a trav’s del prisma de la droga, se preocupa ahora de los riesgos del desbordamiento hacia pa¡ses vecinos y ha decidido reforzar con el Plan Colombia la ayuda militar.
A fin de que la internacionalizaci¢n no se vea reducida a un tira y afloje entre Colombia y Estados Unidos que pueda conducir a una escalada del conflicto, es fundamental que los pa¡ses europeos hagan sentir su influencia con mayor fuerza. No obstante, se requiere tambi’n que la opini¢n mundial se haga sentir y que m s all de la simple compasi¢n, ejerza presi¢n sobre todos los actores para que cesen sus cr¡menes y se den cuenta de que la prolongaci¢n de la guerra no genera sino perdedores. Debe tambi’n poner de presente que la pacificaci¢n implicar profundas transformaciones sociales y pol¡ticas pero que para instituir esas transformaciones es necesario concluir un acuerdo.
SEGUNDO. Los retos actuales
Reconstruir perspectivas pol¡ticas
Uno de los aspectos m s preocupantes de la crisis colombiana es la carencia de perspectivas pol¡ticas. Esto contribuye tanto a la desorientaci¢n de la opini¢n poblica como al bloqueo del proceso de negociaci¢n. Sin una afirmaci¢n clara de los objetivos y los medios pol¡ticos a corto y mediano plazo que inspiren la acci¢n del gobierno, el proceso de desintitucionalizaci¢n no puede sino agravarse.
La «violencia» es ante todo un asunto pol¡tico. El t’rmino en s¡ se presta para confusi¢n. Abarca todo tipo de fen¢menos, desde la conflictualidad social difusa y la descomposici¢n de las relaciones sociales hasta la delincuencia comon y la guerra. Aunque en la fase actual estos fen¢menos interfieren entre s¡, conviene subrayar que corresponden a factores diversos. La violencia urbana, la delincuencia juvenil y la violencia intrafamiliar tienen los mismos or¡genes que en otras sociedades. Lo que da una dimensi¢n particular a estos conflictos en Colombia es que todos se ven contaminados por el conflicto armado. No es posible, por lo tanto, buscar soluciones duraderas a estas moltiples formas de violencia en ausencia de perspectivas pol¡ticas claras.
El gobierno no ha logrado transmitir de manera perceptible la l¢gica de la negociaci¢n. En un comienzo, hizo amplias concesiones a la FARC-EP sin exigir las garant¡as correspondientes. Con el ELN, sus vacilaciones fueron aon m s marcadas. En ningon momento parece haber tenido, frente a estas dos organizaciones, un plan de conjunto, ni tampoco ha logrado convencer sobre su voluntad de emprender unas reformas profundas.
La recesi¢n econ¢mica ha implicado el abandono de una gran parte de la inversi¢n social y ha acentuado la desorganizaci¢n de la poblaci¢n, que, m s que nunca, se ve a la merced de los diversos actores armados. El gobierno adem s tampoco ha logrado frenar la corrupci¢n.
La responsabilidad pol¡tica de estos fracasos es, a decir verdad, compartida. Ni las diversas corrientes pol¡ticas oficiales, ni los dirigentes econ¢micos han demostrado su capacidad para aglutinar esfuerzos en la bosqueda de una salida pol¡tica.
La autoridad del Estado se ha visto cada vez m s debilitada. La crisis de los partidos pol¡ticos; el desprestigio del Congreso; el colapso de numerosas administraciones regionales y municipales; la persistencia de unos altos ¡ndices de impunidad; el repliegue del Estado de numerosas zonas; el grado de alcance de la corrupci¢n; la agitaci¢n en el seno del ej’rcito y los abusos por ‘l cometidos, son muestras de esta debilidad. Son numerosas las zonas en las que el Estado ya no ejerce pr cticamente ninguna influencia.
Con todo, el r’gimen no se ha desplomado. Aon dispone de una legitimidad democr tica y no hay lugar para poner en duda la voluntad expresada por los electores en cada ocasi¢n. La Corte Constitucional, la Fiscal¡a y otras instituciones se esfuerzan por consolidar el Estado de derecho, de acuerdo con modalidades en ocasiones discutibles, pero con una audacia indudable. Sin embargo, las relaciones sociales y la vida cotidiana no dejan de desenvolverse con frecuencia dentro de un horizonte sin ley.
Los grupos guerrilleros no pueden hacer alarde de igual legitimidad. Su poder¡o militar no logra ocultar la debilidad de su respaldo pol¡tico. Mediante amenazas, pueden sin duda lograr la sumisi¢n de las autoridades locales, pero su impopularidad a nivel nacional es evidente. Sus m’todos -en particular la pr ctica del secuestro y reclutamiento forzado de adolescentes- provocan un rechazo generalizado. Aon en aquellas regiones en las cuales se encuentran s¢lidamente implantados, utilizan la coacci¢n, m s que la convicci¢n, para garantizar la obediencia de la poblaci¢n. Actualmente, no parecen preocuparse del sentir de la poblaci¢n sino de acrecentar su capacidad militar y aumentar el nomero de sus efectivos; como si lo onico que contase fuese la correlaci¢n de fuerzas militar.
Los paramilitares no pueden esperar ningon reconocimiento pol¡tico ya que han erigido abiertamente la masacre y el terror contra los civiles como modalidad de guerra. A esta afirmaci¢n no la invalida ni el hecho de que hayan dejado de ser simples fuerzas supletorias de las Fuerzas Armadas – no obstante la connivencia de ciertas unidades militares – ni el apoyo de ciertos sectores de la poblaci¢n exasperados por las exacciones de la guerrilla.
Reforzar la autoridad y legitimidad del Estado y modernizar su funcionamiento son dos condiciones previas para instaurar una pol¡tica de paz.
El gobierno debe desde ahora dar se_ales de su voluntad de emprender vastos cambios sociales y pol¡ticos. Sin embargo, conviene subrayar que lo prioritario es llegar a un acuerdo con los grupos guerrilleros. Es la condici¢n para que dichos cambios se puedan efectivamente llevar a cabo.
B. Los peligros del Plan Colombia
El gobierno ha apostado todo a un programa de ayuda internacional cuyo socio principal es Estados Unidos.
En su primera versi¢n, este programa deb¡a ante todo contribuir a la inversi¢n social, a la sustituci¢n de cultivos de droga y al fortalecimiento institucional. El programa finalmente adoptado por el Congreso estadounidense da prioridad a una estrategia de destrucci¢n masiva de los cultivos de droga y, para este fin, otorga la mayor parte de los cr’ditos para equipar y entrenar las fuerzas armadas encargadas de esta estrategia.
De ahora en adelante, el Plan Colombia est en el centro del debate tanto en Colombia como en el exterior. Si los principales dirigentes pol¡ticos colombianos parecen -con variados matices- haber aceptado el Plan, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su decidida oposici¢n. Muchos de los gobiernos latinoamericanos han expresado sus inquietudes. La guerrilla lo denuncia como un plan de guerra.
Aunque en los oltimos a_os, Estados Unidos ha apoyado a la polic¡a nacional, se hab¡an mostrado m s reticentes con las Fuerzas Armadas a causa de la reconocida complicidad de muchas de sus unidades con los grupos paramilitares y en algunos casos con redes de narcotraficantes. El Plan Colombia implica un cambio de doctrina. Estados Unidos apuesta a que la modernizaci¢n de las Fuerzas Armadas facilitar la ruptura de su connivencia con los grupos paramilitares, y parecen resueltos a ejercer fuertes presiones para su depuraci¢n. De hecho, el problema no se circunscribe a equipar las Fuerzas Armadas sino a relegitimarlas.
El primer riesgo es, sin embargo, que el Plan conduzca a una escalada militar incontrolable. Frente a la implantaci¢n de los grupos guerrilleros en las zonas de cultivo de coca, la confrontaci¢n es ineluctable. Hay adem s razones para extra_arse de que la destrucci¢n de los cultivos apunta muy poco, por el momento, a las plantaciones bajo control de las fuerzas paramilitares. La guerrilla acaba de mostrar en el Putumayo que est decidida a emprender contraofensivas. Su capacidad militar puede sorprender a los autores del Plan Colombia.
El segundo riesgo es que el Plan Colombia precipite una polarizaci¢n de la opini¢n. Mientras que ciertos sectores estiman que la injerencia estadounidense puede resolver el conflicto, otros ven en ella una nueva manifestaci¢n de imperialismo. Guerrillas y paramilitares pueden as¡ esperar lograr el resultado que buscan, es decir, que todos se vean conllevados a adherir a uno u otro campo. Esto implicar¡a el deslizamiento hacia una verdadera guerra civil de consecuencias imprevisibles.
El tercer riesgo es el de la extensi¢n regional de la situaci¢n de guerra. Panam , Ecuador, Venezuela, Pero y Brasil tienen todo el derecho de preocuparse de terminar implicados en el conflicto.
M s all de su car cter militar, hay lugar para interrogarse sobre la manera como el Plan entrelaza conflicto interno con droga. A pesar de sus interferencias reales, nos parece necesario separar estos dos aspectos para evitar una situaci¢n explosiva.
TERCERO. Recomendaciones a la Uni¢n Europea.
La Uni¢n Europea est llamada a jugar un papel fundamental para evitar el exclusivo tira y afloje Colombia – Estados Unidos. Debe actuar con m s energ¡a para hacer o¡r su voz.
La Uni¢n Europea ha demostrado recientemente que ha estado dispuesta a hacerlo. No se ha asociado al Plan Colombia, sobre el cual no fue consultada, y en raz¢n de la predominancia de su componente militar, se ha comprometido a suministrar una ayuda sustancial para los programas sociales e institucionales, que en principio deber¡a ser equivalente a la aportada por Estados Unidos en tales materias. Diferentes pa¡ses europeos han aceptado por lo dem s participar en las discusiones preliminares entre el ELN y el gobierno a fin de facilitar la apertura de negociaciones. Con todo, ella puede y debe intervenir con mayor claridad en diversos campos.
Exigir el respeto, por parte de todos, de los Derechos Humanos elementales.
Diferentes instancias de la Uni¢n Europea han expresado su preocupaci¢n frente a las innumerables violaciones a los derechos fundamentales. Deben continuar haci’ndolo exigiendo que las fuerzas armadas no dejen m s el campo libre a los grupos paramilitares, pero no pueden callarse sobre los cr¡menes perpetrados por las guerrillas y por otros actores. Si las negociaciones fracasaran y si los actores se mostrasen incapaces de escoger la v¡a pol¡tica, habr¡a que apelar a la aplicaci¢n de nuevas modalidades de derecho penal internacional y prever la creaci¢n de un tribunal espec¡fico.
B. Sacar las consecuencias del principio de corresponsabilidad.
El tema de la droga requiere un tratamiento, ante todo, pol¡tico. Es una ilusi¢n pensar que los cultivos y el tr fico puedan ser reducidos con el uso exclusivo de la fuerza. Adem s, el balance negativo de las operaciones hasta ahora realizadas, deber¡a ser una invitaci¢n a la prudencia: los cultivos a lo sumo han sido desplazados, los colonos amenazados en sus intereses han reforzado los v¡nculos con sus «protectores», los carteles destruidos con altos costos para Colombia han sido remplazados por una mir¡ada de micro-organizaciones inaprensibles. La fumigaci¢n de las peque_as explotaciones es un procedimiento particularmente poco adecuado. Es tambi’n ilusorio, como a menudo lo afirma la Uni¢n Europea, que se pueda f cilmente proceder de manera local a la sustituci¢n de cultivos. El aislamiento de las zonas afectadas y la naturaleza de los suelos, s¢lo permiten una sustituci¢n parcial. La soluci¢n exige la reinstalaci¢n de una gran parte de los colonos en otras regiones. Ello implica por tanto disposiciones eminentemente pol¡ticas que suponen vastas transformaciones sociales, entre ellas una amplia reforma agraria que incluya la recuperaci¢n de las tierras adquiridas por los narcotraficantes.
El conjunto de la comunidad internacional debe asumir al respecto un papel directo. La Conferencia de Viena reconoci¢ el principio de corresponsabilidad de pa¡ses productores y de pa¡ses consumidores, que son tambi’n los que se benefician de los circuitos de blanqueamiento de los dineros de la droga. Es tiempo ya de que se asuman las consecuencias de ello.
C. Concentrar la ayuda europea hacia objetivos precisos.
Al decidir otorgar una ayuda sustancial, la Uni¢n Europea se ha dotado de la posibilidad de hacer escuchar m s su voz. Dispone de un argumento suplementario para efectuar el seguimiento de la situaci¢n colombiana.
Esta ayuda debe ponerse al servicio de objetivos claros. No puede consistir en una dispersi¢n de cr’ditos cuyo efecto no podr¡a ser m s que fugaz. Tampoco podr¡a circular s¢lo a trav’s de las ONGs. Debe ayudar a reforzar las instituciones.
La Uni¢n Europea debe hacer todo lo posible por contribuir al fortalecimiento de los movimientos por la paz y de los esfuerzos de la poblaci¢n contra la violencia. Debe en particular defender poblicamente los esfuerzos de ciertos sectores de la poblaci¢n (organizaciones ind¡genas, afro-colombianas, movimientos de mujeres, de j¢venes de las periferias) para organizarse y exigir el respeto de sus vidas y de sus libertades por parte de todos los actores armados.
El programa del Magdalena Medio, ofrece un ejemplo de estrategia que asocia participaci¢n de la poblaci¢n, concertaci¢n con las autoridades elegidas, bosqueda de construcci¢n de la paz.
Conviene estudiar la posibilidad de lanzar otros programas de este tipo, incluyendo aquellas regiones que, sin ser las m s afectadas por la econom¡a de la droga o por el conflicto armado, padecen un proceso de descomposici¢n social. Es as¡ mismo deseable dise_ar programas de apoyo a los desplazados que, m s all de la ayuda de emergencia, contribuyan a su reinserci¢n a las actividades productivas.
CUARTO. Propuestas del Comit’
Creaci¢n de un Grupo de seguimiento de la situaci¢n colombiana en el seno de las instituciones europeas.
Convocamos a la Uni¢n Europea a instalar un Grupo permanente de seguimiento de la situaci¢n colombiana. Este Grupo har¡a conocer peri¢dica y poblicamente, su evaluaci¢n de la evoluci¢n del conflicto y del proceso de negociaci¢n.
No se trata de una mediaci¢n, que no est por el momento al orden del d¡a, sino de un seguimiento que permitir¡a convocar a las diversas partes en conflicto al respeto del derecho internacional humanitario y a tener en cuenta las exigencias democr ticas. Ser¡a por ejemplo deseable que este Grupo emitiera su opini¢n sobre el desarrollo del proceso de negociaci¢n, actualmente suspendido, y sobre los diversos factores que lo amenazan, tales como el uso abusivo por parte de las FARC de la zona que les ha sido concedida o la pasividad de las fuerzas armadas frente a los grupos paramilitares. Deber¡a tambi’n invitar a las guerrillas a dar signos tangibles de su voluntad de paz. Deber¡a por oltimo convocar al cese al fuego.
En la medida en que las guerrillas aspiren a una transformaci¢n sustancial del r’gimen y, en un m s corto tiempo, a una forma u otra de reconocimiento internacional, este grupo de la Uni¢n Europea deber¡a establecer los requerimientos para que tales aspiraciones puedan tenerse en cuenta.
Creaci¢n de una conferencia internacional.
Este Encuentro Internacional convoca a la reuni¢n en Francia de una conferencia internacional en la que participar¡an universitarios, actores sociales, partes en conflicto, para debatir, con el acompa_amiento de personalidades intelectuales independientes y de representantes de gobiernos, las formas que pudiera asumir una soluci¢n al conflicto en el marco del respeto a los principios democr ticos.
C. Creaci¢n de un foro permanente
Este Encuentro acuerda la creaci¢n de un foro permanente de reflexi¢n sobre los temas esenciales del proceso de paz. Tal foro tendr¡a por vocaci¢n el desarrollo de una evaluaci¢n t’cnica sobre los temas abordados en las negociaciones e invitar a actores del conflicto y representantes gubernamentales para facilitar un dialogo continuo y profundo.
D. Solidaridad con los universitarios colombianos y creaci¢n de un comit’ universitario internacional.
Este Encuentro Internacional rechaza solemnemente toda tentativa de intimidaci¢n. La tradici¢n multisecular de la universidad es la de la independencia y del asilo. Este Encuentro Internacional solicita a los gobiernos europeos hacer las previsiones para la acogida de nuestros colegas colombianos amenazados.
Este Encuentro Internacional acogiendo la invitaci¢n del comit’ universitario franc’s acuerda la conformaci¢n de un Comit’ Universitario Internacional compuesto de diferentes comit’s nacionales deseosos de hacer sentir su solidaridad con Colombia.
Les membres du Comit’ Universitaire franzais pour la Colombie:
Michel Agier, Directeur de Recherches . l’Institut de Recherches sur le D’veloppement.
Marc Aug’, Directeur d’Etudes . l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Jean-Michel Blanquer, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes de l’Am’rique Latine.
Vincent Gouesset, MaOtre de Conf’rences . l’Universit’ de Rennes
Christian Gros, Professeur . l’Institut des Hautes Etudes de l’Am’rique Latine
Guy Hermet, Directeur de Recherches . la Fondation des Sciences Politiques
Alain Joxe, Directeur d’Etudes . l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Yvon Lebot, Directeur de Recherches au CNRS
Olivier Mongin, Revue Esprit
Georges Lomn’, Professeur . l’Universit’ de Marne-la-Vall’e; Edgar Morin Directeur de Recherches au CNRS
Daniel P’caut, Directeur d’Etudes . l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Philippe Texier, Magistrat
Alain Touraine, Directeur d’Etudes . l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Nelson Vallejo-Gomez, charg’ de mission au MinistSre de l’Education Nationale
Michel Wieviorka, Directeur d’Etudes . l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Les participants suivants:
Malcom Deas, San Antonys College, Oxford
Ciro Krathausen, Sociologue et journaliste, Berlin
Klaus Meschkat, Universit’ de Hannover, Allemagne
Stephen Randall, Universit’ de Calgary, Canada
Joaquin Viilalobos, Universit’ d’Oxford
Han anunciado ya su adhesi¢n para los pr¢ximos d¡as, numerosas personalidades acad’micas de Europa y los Estados Unidos
