En agosto de este año, Oriana y María Cristina fueron trasladadas -a solicitud suya- al Hospital de la Penitenciaría. Marcela, por su parte, cumple condena en el Hospital de Infecciosos Lucio Córdova desde el 30 de septiembre de 1999.
ORIANA ALCAYAGA tiene actualmente 41 años. Al ser detenida trabajaba como dependiente en un supermercado. Es madre de 5 hijos, dos de los cuales son menores de edad: Nélida Flores Alcayaga, de 13 años y Joaquín Toro Alcayaga, de 4 años.
El 12 de septiembre de 1973 Oriana tenía 14 años. Aquel día su padre, Carlos Enrique Alcayaga Varela, albañil de 38 años, militante del MAPU, Secretario Regional de la CUT, Gobernador de Vicuña, fue detenido por Carabineros y trasladado a la Cárcel de La Serena. Condenado por un Consejo de Guerra sin derecho a defensa, Carlos Alcayaga fue ejecutado la tarde del 16 de octubre de 1973. Su familia recuperó sus restos sólo en 1998.
Oriana fue detenida el 21 de octubre de 1993 por la 38¦ Comisaría de Carabineros de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR). En la avenida Apoquindo Carabineros acribill¢ un bus de pasajeros que hab¡a sido abordado por un comando del Mapu-Lautaro que momentos antes hab¡a asaltado un Banco. Bajo el fuego de la polic¡a murieron 6 personas que, segon se supo despu’s, eran 3 pasajeros y 3 integrantes del comando. Oriana y Alvaro Gonz lez fueron detenidos. En la Tercera Comisar¡a de Carabineros Oriana fue golpeada, privada de alimentos y agua y torturada con electricidad, dej ndole por mucho tiempo graves secuelas.
En 7 a_os de proceso en la justicia militar, Oriana ha acumulado 21 a_os de condena y actualmente la 2 Fiscal¡a militar solicita una cadena perpetua para ella.
MAR-A CRISTINA SAN JUAN tiene 48 a_os. Auxiliar de p rvulos, durante la dictadura fue una activa dirigente de los pobladores sin casa. Tiene 3 hijos mayores de edad. El 31 de marzo de 1992 fue detenida junto a dos de sus hijos y a su compa_ero, Rafael Escorza, por la Brigada de Organizaciones Criminales (BIOC) de la Polic¡a de Investigaciones, en el marco de la investigaci¢n por el secuestro del empresario Cristi n Edwards, atribuido al FPMR.
La Corte de Apelaciones de Santiago la conden¢ a cadena perpetua con un voto de minor¡a que pedía s¢lo 3 a_os por el delito de «complicidad en secuestro terrorista».
Mar¡a Cristina est gravemente enferma. Desde hace 17 a_os es portadora de Lupus Sist’mico Diseminado y de la enfermedad de Takayazu, desarrollando moltiples enfermedades por falta de una atenci¢n especializada. En tratamiento psiqui trico por intento de suicidio, recientemente se le diagnostic¢ una fibrosis qu¡stica y un efisema pulmonar. Durante 4 a_os y hasta principios de este a_o Mar¡a Cristina permaneci¢ en el Hospital Penitenciario, en una habitaci¢n de 2 x 3 metros, sin derecho a patio.
Hace dos a_os su abogado (Hugo Guti’rrez) solicit¢ una rebaja de condena y, recientemente, su libertad condicional, la que est en tr mite.
MARCELA RODR-GUEZ tiene 47 a_os. Se desempe_aba como secretaria. Fue detenida por Carabineros, gravemente herida, el 14 de noviembre de 1990, tras participar como ayudista en el rescate del militante del Mapu Lautaro Marcos Ariel Antonioletti, preso pol¡tico de la dictadura. Una bala en la columna vertebral la dej¢ con una paraplejia esp stica irreversible y un 75% de su cuerpo inmovilizado En 1992 se le otorg¢ la libertad provisional debido a su grave estado de salud. Ha sido hospitalizada en 20 oportunidades para ser sometida a diversas intervenciones quirorgicas. Su calidad de vida se ha deteriorado progresivamente al no recibir una atenci¢n integral y permanente.
El 29 de septiembre de 1999 y en enero de este a_o fue condenada por la 2 y 4 Fiscal¡a Militar de Santiago a 10 a_os 1 d¡a respectivamente – condenas sumatorias, es decir, 20 a_os. Debido a su delicado estado de salud, cumple condena en el Hospital de Infecciosos Lucio C¢rdova bajo custodia de 6 gendarmes.
El 19 de octubre de 1999 solicit¢ indulto presidencial para una de sus condenas, al no ser indultable la condena por ley antiterrorista. Reiter¢ la solicitud a Ricardo Lagos el 7 de abril, sin tener respuesta. El 4 de julio present¢ una denuncia a la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado chileno por no haber tenido derecho a un debido y justo proceso.
Recientemente, a solicitud de la Conferencia Episcopal de Chile en el marco del A_o Santo Jubilar 2000, la Comisi¢n de Derechos Humanos del Senado la incluy¢ recientemente en un proyecto de ley que contempla, entre otros, un indulto general para 10 personas encarceladas y gravemente enfermas. En fecha pr¢xima este proyecto ser presentado a la discusi¢n en el Congreso. De ser otorgado este indulto y como Marcela tiene una condena por Ley antiterrorista, el proyecto contempla conmutarle la condena a prisi¢n por extra_amiento o exilio forzado. Es urgente, entonces, encontrar un pa¡s que le otorgue una visa por razones humanitarias y le garantice adecuadas condiciones de acogida y atenci¢n m’dica especializada.
Marcela ha solicitado visa a los gobiernos de Suecia, Noruega, Italia, Francia, Holanda y B’lgica.
