Señora Mary Robinson
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Coordinadora del Decenio Internacional para los pueblos indígenas, Ginebra, Suiza
De nuestras consideraciones:
Los diputados indígenas Dra. Nina Pacari y Gilberto Talahua , conjuntamente con el Dr. Patricio Pazmiño Freire en representación del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) con sede en Quito, Ecuador, respetuosamente
comparecen ante usted para exponer los actos y acciones impulsadas por el Gobierno Ecuatoriano, en la persona del Dr. Gustavo Noboa en su calidad de Presidente de la República, el Dr. Juan Manrique en su calidad de Ministro de
Gobierno y Policía y el Vicealmirante Hugo Unda, Ministro de Defensa. Estos actos y omisiones violan derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y varios tratados internacionales ratificados por el Ecuador, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Ni_o, la Convenci¢n sobre la Eliminaci¢n de todas formas de Discriminaci¢n Contra la Mujer y el Convenio 169 de la Organizaci¢n Internacional de Trabajo.
Ecuador enfrenta una persistente crisis social, econ¢mica y pol¡tica en el marco de una regi¢n altamente conflictiva e inestable. Es absolutamente irresponsable que el gobierno enfrente las demandas y protestas pac¡ficas de su poblaci¢n,
cerrando toda v¡a de negociaci¢n. Sustituir el di logo por la represi¢n es una pol¡tica inadecuada que lo onico que puede provocar es mayor violencia, ruptura de las garant¡as constitucionales y violaci¢n de los derechos humanos, instaurando en el pa¡s una espiral de confrontaci¢n inusitada.
En el Ecuador, fruto de su fragilidad pol¡tica, corrupci¢n y crisis econ¢mica, en los oltimos a_os se han destitu¡do dos Presidentes de la Repoblica, sin derramar una sola gota de sangre, hoy por hoy, la violencia y represi¢n desmedidas, ordenadas por el gobierno del Dr. Gustavo Noboa B., tiene a varios ind¡genas con heridas de bala, y, a cerca de cinco mil ind¡genas, retenidos de hecho, esto es, cercados por elementos de la Polic¡a Nacional y el Ej’rcito, en los patios de la Universidad Polit’cnica Salesiana, entre los que est n mujeres, ni_os y ancianos, a quienes durante dos d¡as no se les permiti¢ que reciban la
ayuda humanitaria de la ciudadan¡a, consistente en medicinas, ropas, alimentos y agua potable.
A m s de la represi¢n directa, se ha ejercido una masiva discriminaci¢n en contra de los ind¡genas quienes han sido obligados por los militares a abandonar los veh¡culos de transporte en que se movilizaban, han sido impedidos de
caminar por las calles de Quito, sean o no parte de la movilizaci¢n ind¡gena, por el onico y exclusivo hecho de tener una vestimenta que as¡ lo caracteriza.
Un hecho alarmante que no puede dejar de denunciarse, por las profundas implicaciones de discriminaci¢n y racismo que implican, es la acci¢n de la polic¡a en la provincia de Imbabura, que proced¡a a detener a los choferes y a requisar los veh¡culos de cooperativas de transporte, exclusivamente por el «delito» de llevar nombre de ind¡genas.
De manera bastante sospechosa, coincidiendo con la llegada de los ind¡genas a la capital de la Repoblica, han aparecido leyendas en las paredes de la ciudad con frases como las siguientes: «Haz patria, mata un indio».
Por las consideraciones expuestas, y en consideraci¢n al alto cargo que usted ostenta, pedimos a usted que exhorte al gobierno nacional el cese inmediato de la violencia y represi¢n, el respeto para los derechos fundamentales de los
ind¡genas y esfuerzos mayores, transparentes y eficaces para que los di logos tengan resultados y compromisos eficaces, que sean verificados por un delegado independiente de su alta representaci¢n.
ANTECEDENTES
Diversas organizaciones ind¡genas, estudiantiles y de trabajadores del Ecuador iniciaron protestas y movilizaciones pac¡ficas desde los primeros d¡as del a_o
2001 en contra de las continuas y duras medidas de austeridad tomadas por el gobierno nacional, implementadas en cumplimiento de la Carta de Intensi¢n suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Estas protestas comenzaron luego de un a_o de intentos fallidos de dialogar con el gobierno. El 26 de Enero las organizaciones ind¡genas (CONAIE, ECUARUNARI, FEINE, FENOCIN Y AFILIADOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO) convocaron a una movilizaci¢n ind¡gena nacional e iniciaron marchas pac¡ficas de comunidades de base desde diferentes lugares del pa¡s hacia Quito, as¡ como otros actos de protesta en diferentes ciudades del
pa¡s. El gobierno del Ecuador ha respondido con violencia y represi¢n a estas movilizaciones, dispersando a los ind¡genas en las carreteras con bombas lagrim¢genas, disparos y oblig ndolos a que no utilicen medios de transporte para asegurarse que caminen hasta la capital de la Repoblica. El Alcalde ind¡gena de Cotacachi, Economista Auki Titua_a, de inmenso prestigio local e internacional, por sus ejecutorias poblicas, ha auspiciado la conformaci¢n de una Comisi¢n de Facilitaci¢n del conflicto, la misma que espera la reacci¢n positiva del gobierno nacional.
Las protestas ind¡genas son el resultado de toda una historia de discriminaci¢n, abandono y pobreza masiva, especialmente sufrida por los pueblos ind¡genas. En
los oltimos a_os, Ecuador ha vivido reiteradas crisis sociales. Hoy por hoy el pa¡s tiene una de las tasas m s altas de desigualdad en la distribuci¢n de la riqueza en el mundo. La poblaci¢n ind¡gena representa aproximadamente el 40% de la poblaci¢n, pero se encuentra en el extremo m s pobre de esa desigualdad:
solamente posee el 3% de los medios de producci¢n y vive con un promedio de US$ 2 diarios. La pobreza en el pa¡s ha llegado a niveles nunca antes vistos: se considera que el 70% de la poblaci¢n est bajo la l¡nea de pobreza, y de entre ellos, un 20% son indigentes. Como es de suponer, las condiciones de los pueblos y nacionalidades ind¡genas constituyen los extremos m s alarmantes de estas cifras.
Estos pueblos y nacionalidades sufren una terrible limitaci¢n de participaci¢n y representaci¢n pol¡tica. Menos del 3% de los miembros del Congreso Nacional son
ind¡genas, no hay ni un solo ind¡gena en el Gabinete Ministerial. Muchos de los espacios oficiales y medios de comunicaci¢n no tienen sus puertas al di logo o a una participaci¢n activa de este sector de la poblaci¢n. Para ellos, uno de los pocos recursos para expresar sus opiniones, ser escuchados y participar en la vida pol¡tica del pa¡s termina por ser una movilizaci¢n masiva hacia la capital.
De acuerdo a la informaci¢n recibido hasta el d¡a de hoy, entre 8.000 y 10.000 ind¡genas han llegado a la ciudad de Quito en los oltimos cinco d¡as, entre los que se cuentan un gran nomero de mujeres y ni_os, incluso de pecho (aprox. 400 estos oltimos). A su llegada el d¡a Domingo 28 de Enero, un cerco policial – bajo ¢rdenes directas del presidente de la Repoblica, Dr. Gustavo Noboa, el
Ministro de Gobierno, Dr. Juan Manrique y el Ministro de Defensa, Vicealmirante Mario Unda, impidi¢ que estas personas se pudieran reunir y acampar en el Parque
El Arbolito, en los alrededores de la Casa de la Cultura, siendo este un parque de uso poblico.
Desde el d¡a Domingo, la Universidad Polit’cnica Salesiana (UPS) los ha acogido y albergado en sus predios. El d¡a Lunes, presuntamente por orden del Ministro de Gobierno, fueron cortados el servicio de agua potable y de tel’fono en toda la UPS. Durante todos estos d¡as la Universidad ha permanecido sitiada; los servicios b sicos mencionados no han sido restaurados y se ha impedido, en muchos casos violenta y arbitrariamente, (como lo reporta la prensa nacional y lo han denunciado algunas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso organismos bilaterales), el acceso de autos, camiones y personas con donaciones de insumos esenciales como agua, medicinas, pa_ales desechables, alimentos y vituallas. El uso de gas lacrim¢geno ha sido constante e indiscriminado, provocando asfixias especialmente entre los ni_os, ancianos, y dejando varios heridos. En todos los hechos anteriormente descritos se han violado expresas normas constitucionales e internacionales relativas al inter’s superior de los ni_os, ni_as y otros grupos vulnerables, especialmente si se
consideran situaciones como ‘sta, de conflicto social.
El d¡a 30 de Enero, en la ma_ana, fueron detenidos tres dirigentes, entre los que se destaca la detenci¢n de el Sr. Antonio Vargas, principal dirigente ind¡gena nacional, de manera violenta, arbitraria y sin causa leg¡tima, violando
expresas normas nacionales e internacionales sobre el debido proceso. Aunque el d¡a de ayer, 31 de Enero en horas de la tarde, fue presentado el recurso de habeas corpus presentado ante el Alcalde de Quito, hasta el momento de redacci¢n de esta petici¢n el Sr. Vargas, as¡ como otros detenidos, aon de eran liberados.
Todas estas acciones represivas, violentas, ileg¡timas y arbitrarias, violan principios y normas b sicas de derechos humanos y de derecho humanitario que han sido reconocidas constitucionalmente y que forman el cuerpo de numerosos
instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido debidamente ratificados por el Ecuador. Aon m s, constituyen castigos ileg¡timos en contra
del ejercicio de derechos fundamentales (como el derecho de asociaci¢n, de expresi¢n y opini¢n y de protesta pac¡fica) tambi’n reconocidos internacionalmente.
VIOLACIONES DE DERECHOS
Las acciones del gobierno violan los siguientes derechos fundamentales, garantizados en la Constituci¢n Pol¡tica de la Repoblica y los tratados de derechos humanos:
1. Derecho a la libertad de opini¢n y de expresi¢n, derecho a la libre circulaci¢n, derecho a reuni¢n y asociaci¢n pac¡fica, y derecho a la igualdad:
El gobierno ha violado derechos fundamentales que son consustanciales para la vida de una democracia al tomar medidas represivas para impedir el ejercicio de derechos a la libertad de expresi¢n y asociaci¢n. Los ind¡genas, en una manera pac¡fica, caminando para protestar contra las medidas econ¢micos del gobierno, han sufrido un nivel de represi¢n desmesurado que deber¡a ser evitado por parte
del gobierno. Este hecho fue motivo de una resoluci¢n del H. Congreso Nacional, que con fecha 31 de enero de 2001, acord¢ rechazar la violencia y represi¢n gubernamental.
2. Derecho a protecciones especiales para ni_os y mujeres, derecho a la salud, derecho a la integridad personal.
El gobierno tiene una obligaci¢n especial para con los ni_os, adolescentes y mujeres a quienes la Constituci¢n otorga estatus de grupos vulnerables y a quienes el gobierno est en la obligaci¢n de atender y privilegiar su protecci¢n incluso en situaciones de desastre y conflictos armados. Esta situaci¢n obviamente que no ha sido cumplida por el gobierno nacional al disponer un cerco policial y militar que impide el ingreso de alimentos, agua, ropa y medicinas y, por el contrario, suspendi¢ los servicios b sicos en el Universidad y realiza constantes acciones de amedrentamiento y presi¢n sicol¢gica a los ind¡genas, a
trav’s de la movilizaci¢n de cientos de efectivos con carros y tanquetas antimotines.
3. Derecho a no ser detenido arbitrariamente, y derecho a debido proceso
Las detenciones de Antonio Vargas y Luis Villac¡s, por parte de los efectivos policiales, sin Orden Constitucional de aprehensi¢n, y, en el caso del se_or Vargas, sin explicarle las razones de su detenci¢n no solo que no cumplieron con los m¡nimos requisitos del debido proceso, sino que constituyeron de hecho detenciones arbitrarias e ilegales.
En resumen y en las propias palabras del Dr. Julio Prado Vallejo, Presidente de la Comisi¢n Nacional de Derechos Humanos y miembro de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos, [formulamos] «un vehemente llamado al Gobierno para que detenga la represi¢n que indiscriminadamente est llevando a cabo la Polic¡a para impedir manifestaciones leg¡timas de comunidades ind¡genas que protestan por medidas econ¢micas» (El Expreso de Guayaquil, Jueves, 1 de Febrero de 2001, p. 2, primera edici¢n)
PETICI.N
En consideraci¢n a todo lo expuesto, solicitamos a usted que, de manera inmediata, interpongan sus buenos oficios ante el Gobierno Ecuatoriano y:
1. Exhorte a la brevedad posible al Gobierno ecuatoriano que detenga sin condiciones todo acto de agresi¢n, incluyendo violencia f¡sica o psicol¢gica, corte o restricci¢n de servicios e insumos b sicos y detenciones arbitrarias en contra de la poblaci¢n ind¡gena.
2. Se solicite al Gobierno ecuatoriano que libere inmediatamente y sin condiciones a los ya detenidos de manera ilegal y arbitraria, incluyendo a todos los dirigentes ind¡genas y sociales.
3. Se solicite al Gobierno ecuatoriano que respete el derecho de expresi¢n, opini¢n, asociaci¢n y protesta de todos sus habitantes, especialmente de las comunidades y pueblos ind¡genas congregados en Quito.
4. Se promueva el di logo constructivo entre el movimiento ind¡gena y social y el gobierno ecuatoriano bajo sus auspicios y con la colaboraci¢n de un representante de la Alta Comisionada.
5. Que se observe al gobierno ecuatoriano por sus actuaciones y prevenga del derecho que asiste a las organizaciones ind¡genas y a los grupos sociales de
acudir a los mecanismos internacionales del sistema de las NNUU., para hacer efectivos sus derechos y garant¡as fundamentales.
Atentamente,
H. Diputada Nina Pacari; H. Diputado Gilberto Talahua y Dr. Patricio Pazmi_o
Freire CDES
