La declaración se produce a raíz de la acción judicial iniciada por el grupo de derechos humanos guatemalteco CALDH (Centro de Acción Legal en Derechos Humanos) contra funcionarios del gobierno militar del general Ríos Montt en relación con la masacre de más de 1.200 indígenas perpetrada en 13 incidentes separados.
A la luz de la reciente ola de ataques contra defensores de los derechos humanos ùentre ellos el personal del CALDHù, Amnistía Internacional teme que esté en peligro la integridad física de las personas involucradas en la presentación de la acción judicial.
½Las violaciones masivas de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto civil guatemalteco sacudieron la conciencia del mundo+, dice la organización.
½Ahora que la mirada de la comunidad internacional vuelve a fijarse de nuevo en Guatemala, con la esperanza de que los que perpretaron tales actos vayan finalmente a comparecer ante la justicia, es esencial que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que no se producen m s incidentes de violencia ni se permite que la intimidaci¢n obstruya la v¡a de la justicia.+
Informaci¢n general
La acci¢n judicial abarca 13 de los aproximadamente 600 pueblos ind¡genas en los que el ej’rcito guatemalteco y sus auxiliares civiles -las patrullas civiles- cometieron masacres
siguiendo la pol¡tica de arrasar la tierra ordenada por el general R¡os Montt durante su periodo de gobierno (marzo de 1982 a agosto de 1983).
En el a_o 2000, una acci¢n judicial similar -la primera de estas caracter¡sticas que se produc¡a en Guatemala- fue interpuesta contra funcionarios del gobierno militar del general Romeo Lucas Garc¡a (1978-1982) por la Asociaci¢n Reconciliaci¢n para la Justicia, asistida por el CALDH. La Asociaci¢n agrupa a nueve comunidades ind¡genas que juntas padecieron 10 masacres durante el periodo de gobierno de Lucas Garc¡a.
La acci¢n judicial acusaba al general y a miembros de los altos mandos de cometer cr¡menes contra la humanidad, entre ellos genocidio, y violaciones del derecho internacional humanitario. Desde que se inici¢ la acci¢n, decenas de testigos han prestado testimonio ante la Fiscal¡a General de la Repoblica en relaci¢n con los cargos imputados.
Debido al papel tan activo que el CALDH desempe_a en la lucha contra la impunidad, sus miembros han sido sometidos a todo tipo de amenazas y ataques. En agosto del 2000, Celso Bal n, representante del CALDH en el departamento de Chimaltenango, fue secuestrado, golpeado, interrogado, drogado y abandonado en un cementerio. Esto se produjo aparentemente como represalia por el trabajo de investigaci¢n que hab¡a llevado a cabo sobre una masacre y entierro secreto en una fosa comon ocurridos en la zona en 1982. En abril del 2001, durante una manifestaci¢n pac¡fica en Ciudad de Guatemala, el personal del CALDH pareci¢ haber sido especialmente escogido como v¡ctima de los ataques de los simpatizantes del partido de gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco.
AMNISTÖA INTERNACIONAL
