En el escrito presentado por ADICAE como defensora de los intereses generales de consumidores y usuarios se solicita al juez que declare resueltos los contratos de prestación de servicios desde la fecha de cierre de cada centro, teniendo en cuenta que las centrales de Opening/Aidea presentaron la supensión de pagos en julio de 2002, y sus respectivas franquicias iniciaron una cascada de cierres que finalizó en octubre del año pasado. Debido a la clausura de estos centros se dejaron de impartir los cursos de inglés e informática a más de 45.000 alumnos. También se requiere la ineficacia de los contratos de financiación por estar vinculados a los de enseñanza, sin que los alumnos estén obligados a seguir pagando los créditos a las cuatro entidades financieras demandadas que no correspondan a cursos efectivamente recibidos. El equipo jurídico de ADICAE amplía las peticiones de otras demandas ya presentadas y solicita que los bancos devuelvan a los alumnos afectados las cuotas pagadas desde el cierre de los centros de enseñanza.
El inicio de esta vía judicial se ha tramitado amparándose en lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que reconoce la figura procesal de la demanda colectiva, concediendo a las Asociaciones de Usuarios la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales amparadas en el beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley General de Consumidores.
La demanda presentada ayer en Madrid coincide en los fundamentos jurídicos y en la exposición de hechos con las que en los próximos días presentará ADICAE en todas las provincias españolas donde existen alumnos afectados por el cierre de las academias Opening y Aidea, estimándose que alrededor de 3.000 personas presentarán demanda colectiva en Barcelona, Valencia, La Rioja, Zaragoza y otras ciudades donde impartían enseñanza los centros ahora cerrados.
La presentación de esta demanda responde al acuerdo del Pleno de la Coordinadora Estatal de Afectados por Opening y otras academias reunido el pasado 14 de diciembre en la sede de ADICAE en Madrid donde se decidió la inmediata presentación de demandas judiciales en todas las provincias de España en las que hubiera estudiantes afectados por el cierre de Opening, Aidea, Brighton, Oxford y Wall Street Institute.
Esta decisión se estableció en base a las recomendaciones jurídicas realizadas por la comisión de abogados de la Coordinadora Estatal que fueron acordadas en la reunión mantenida en Zaragoza el 30 de noviembre dentro de los actos de la Semana Nacional de Protesta convocada por la Coordinadora Nacional.
