LA LIBERTAD DE PRENSA ES UNA QUIMERA EN PERú

En dos localidades del departamento de San Martín, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) viene efectuando visitas a las radios, especialmente a aquellas que realizan labores periodísticas.
Durante las mismas, sin orden judicial alguna, solicitaron a los directores datos personales de propietarios y personal de los espacios informativos, siendo lo más inaudito el especial interés por conocer la filiación política de cada uno de los interrogados.
Hugo Ushiñahua Panduro, propietario de Radio Red Univisión Satélite de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, informó al IPYS que la mañana del 12 de mayo llegaron hasta las instalaciones de su emisora efectivos de la delegación policial de esa localidad, que comanda el mayor PNP Juan Urteaga Alcalde, con un cuestionario impreso sobre el quehacer periodístico de su medio.
El IPYS pudo confirmar esta información a través de otro contacto telefónico, pero esta vez con Teófilo Mori Mendoza, propietario de Radio Rioja, en la misma provincia, quien manifestó haber sido también objeto de una visita similar en la que se le aplicó la misma batería de preguntas.
Ambos periodistas han mostrado su preocupación por este tipo de operativo iniciado por la policía. El IPYS entrevistó telefónicamente al jefe provincial de la Policía Nacional, comandante Samuel López, el mismo que sin ocultar su malestar, manifestóque todo había sido un malentendido por parte de sus comisarios en el cumplimento de una disposición suya. Según el comandante López, sus instrucciones fueron buscar un acercamiento con los medios de comunicación con la finalidad de iniciar una campaña informativa enfocando diversos temas de interés y beneficio colectivo. Asimismo,informó que ya había hablado con los propietarios de los medios, dejando aclarada tal confusión. Sin embargo, el IPYS ha podido constatar que las emisoras «visitadas» por la policía son casi una decena, y haciendo las consultas respectivas a periodistas de la zona, éstos manifestaron su desconfianza respecto de las verdaderas intenciones de la policía, así como su extrañeza por el tipo de cuestionario al que fueron sometidos. Adicionalmente, coincidieron en señalar el clima hostil que se está viviendo con algunas autoridades, especialmente con los alcaldes de Rioja y Nueva Cajamarca,ambos del partido de gobierno.
Al mismo tiempo, dos destacadas juezas penales fueron cesadas de sus cargos. La destitución de las juezas se dio por
admitir la demanda de periodistas independientes, difamados por una asociación civil vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional.
Se trata de las magistradas Greta Minaya Calle y Antonia Saquicuray, del 20 y 47 juzgado penal, respectivamente. Ellas abrieron hace dos semanas instrucción contra el representante legal de la autodenominada Asociación Pro Defensa de la Verdad, Aprodev, el ciudadano argentino Héctor Ricardo Faisal.
Faisal fue demandado por un grupo de conocidos periodistas independientes, por difundir vía Internet información que los insulta y desacredita. Faisal los insultó por el hecho de revelar casos de corrupción gubernamental y actividades ilegales del Servicio de Inteligencia Nacional.
Las juezas Minaya y Saquicuray resolvieron ordenar al inculpado Héctor Ricardo Faisal retirar en el acto la página web de Aprodev y abstenerse de difundir cualquier noticia contra los periodistas en cuestión. Las magistradas ordenaron además el embargo preventivo de las propiedades de Faisal y lo citaron para que se presente el viernes pasado, a lo que éste rehusó.
Sorprendentemente, por resolución del Presidente de la Corte Superior de Lima, Pedro Infante Mandujano, las juezas fueron relevadas de sus cargos el último fin de semana y enviadas a otras dependencias judiciales.
Las mencionadas magistradas son conocidas por su probidad y han recibido presiones de alto nivel y represalias en otros momentos de sus carreras. Antonia Saquicuray abrió instrucción contra los responsables de la desaparición y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, perpetrado por el llamado Grupo Colina, vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional.
Greta Minaya hizo lo propio con el caso del estudiante desaparecido Ernesto Castillo Páez. Por este caso, el gobierno peruano recibió sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Por su demostrada rectitud, ambas magistradas recibieron en 1998 el premio Flora Tristán, de la organización feminista del mismo nombre. (Pe/QR/Au/Pl-Dh/pt).