CAZA DE BRUJAS EN PER+

El parlamento de Perú someterá a juicio a dos legisladores, uno oficialista y otro opositor, por corrupción y abuso de poder, con miras a su probable desafuero y posterior entrega a la justicia.
El oficialista Alejandro Abanto y el opositor Manuel Lajo, comparecerán en los próximos días ante el plenario del Congreso legislativo que, según pronunciamientos previos, aceptará la recomendación de despojarlos de su inmunidad parlamentaria y desaforarlos para que sean juzgados.
La investigación de corrupción entre parlamentarios, que según críticos del gobierno de Alberto Fujimori era parte de una maniobra de intimidación contra la minoría opositora en el Congreso, quedó aparentemente reducida a una operación de saneamiento relativamente aislada.
Otros ocho congresistas, entre los que figuraban tanto oficialistas como opositores, también fueron investigados por una comisión del parlamento, que los absolvió por insuficiencia de pruebas o por considerar que los delitos imputados no fueron cometidos.
Abanto, del gubernamental partido Cambio 90, fue acusado el lunes por una comisi¢n parlamentaria de cuatro delitos, el m s grave de los cuales fue promover o participar en una organizaci¢n, creada para apropiarse del dinero de la indemnizaci¢n otorgada por el Estado a los familiares de las v¡ctimas del terrorismo.
Lajo, del opositor grupo Obras y director de una organizaci¢n no gubernamental de desarrollo social, fue acusado tambi’n el lunes de » enriquecimiento il¡cito y concusi¢n», por obligar a profesionales y asistentes asignados a su despacho a entregarles la mitad de los sueldos que les pagaba el Congreso.
Ambos parlamentarios niegan los cargos, y coinciden en afirmar que son v¡ctimas de confabulaci¢n pol¡tica y discriminaci¢n.
Abanto acus¢ a un presunto «servicio de inteligencia de los jesuitas» de querer eliminarlo porque es miembro de una iglesia evang’lica, y sostuvo que los dem s parlamentarios rehusaron defenderlo porque es de «origen ind¡gena y extracci¢n popular».
Pero los dirigentes evang’licos lo desautorizaron y los testimonios de las viudas de algunas v¡ctimas del terrorismo que fueron estafadas por la organizaci¢n de Abanto, complicaron su situaci¢n.
La investigaci¢n comprob¢ que personas que trabajaban con Abanto buscaban a familiares de v¡ctimas del terrorismo en zonas deprimidas y aisladas de la serran¡a, especialmente analfabetos, para gestionar en su nombre, con el apoyo del congresista, el pago de indemnizaciones. El dinero era luego retenido total o parcialmente por la organizaci¢n, segon la denuncia.
Se calcula que unas 60 viudas y hu’rfanos de v¡ctimas del terrorismo, fueron despojados de la ayuda econ¢mica o las pensiones asignadas por el Estado, por una suma total dif¡cil de precisar, pero estimada en casi cinco millones de d¢lares.
Lajo, economista de profesi¢n, tambi’n declar¢ ser v¡ctima de una conjura pol¡tica por sus antecedentes izquierdistas, y afirm¢ que el gobierno quer¡a eliminarlo pol¡ticamente por sus denuncias e investigaciones sobre la gesti¢n del presupuesto del Estado.
En el primer momento, algunos parlamentarios izquierdista respaldaron a Lajo, pero le retiraron su apoyo cuando investigaron por su cuenta. Al parecer, fueron convencidos por testimonios y documentos exhibidos por profesionales a quienes el congresista oblig¢ a entregarle parte de sus honorarios.
Cuando se inici¢ en marzo la investigaci¢n de los 10 legisladores, un sector de la oposici¢n expres¢ su temor de que se tratara de una maniobra para presionarlos a votar una reforma electoral, que permitiera la postulaci¢n de Fujimori a un tercer per¡odo consecutivo, posibilidad vedada por la Constituci¢n.
Se requerir¡a una reforma porque la Constituci¢n establece que se requiere mas de la mitad de los votos emitidos para un triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, porcentaje que parece imposible para Fujimori, cuya votaci¢n potencial se mantiene hace tres a_os entre 25 y 28 por ciento.
«Fujimori quiz s tratar  de bajar la votaci¢n m¡nima para ganar en primera ronda, tal vez a 33 por ciento, porcentaje que sus asesores suponen que puede alcanzar», expres¢ en marzo pasado la congresista social cristiana Lourdes Flores. (FIN/IPS/al/mj/ip/99) — — —