La masacre de Cayara cometida por militares hace once años, permanece aún en la más absoluta impunidad. Once años han pasado desde que ocurrió la masacre de Cayara en la provincia de Víctor Fajardo departamento de Ayacucho, donde 28 campesinos y campesinas fueron torturados y asesinados por militares. Los responsables de los hechos nunca fueron sancionados pese a que hubo pruebas en su contra.
La matanza fue una respuesta ante una emboscada que sufrieran dos tropas del Ejército en Eruso, un paraje del distrito de Cayara, por parte de Sendero Luminoso. En esa emboscada murieron 4 militares y 15 fueron heridos. El hecho ocurrió el 13 de mayo de 1988 durante el Gobierno del Presidente Alan García.
Al día siguiente del ataque, el Ejército peruano ocupó la comunidad de Cayara después de acusar a los campesinos de participar en la emboscada o de haber colaborado de alguna forma con los senderistas.
Ese hecho pretendió ser silenciado por sus autores materiales e intelectuales, por el Gobierno y Congresistas de oposici¢n de aquel entonces, adem s del mismo Ej’rcito. Para encubrirlo, los responsables recurrieron a la mentira, destrucci¢n de pruebas, a la amenaza e incluso a m s muertes o a la desaparici¢n de testigos.
Cabe mencionar que fue el caso Cayara el que permiti¢ al cuestionado asesor presidencial del actual Gobierno, Vladimiro Montesinos, restablecer sus v¡nculos con el ej’rcito. Montesinos fue expulsado de la Instituci¢n en 1976 por entregar documentos secretos a los servicios de inteligencia de otros pa¡ses.
Fue Vladimiro Montesinos quien utilizando sus influencia como asesor del Fiscal de la Naci¢n de ese entonces, evit¢ que los responsables de la masacre sean sancionados. Como este, el asesinato de 9 alumnos de la Cantuta en 1992, el asesinato de varias personas en barrios altos, la matanza de 69 campesinos en Accomarca, en Ayacucho, son algunos de los tantos casos de violaci¢n a los derechos humanos en manos de militares peruanos. Violaci¢n que aon no tienen un responsable sancionado.(Pe/QR/Mt/Dh-Am/pt).
LA MASACRE DE CAYALA SIGUE EN LA IMPUNIDAD
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