LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR: UN DERECHO HUMANO

La protección de los consumidores y usuarios en una sociedad basada en la economía de mercado, donde las empresas fijan los precios y tarifas por su cuenta, forma parte de la defensa de los derechos humanos porque afecta la calidad de vida de la población, aseguran expertos peruanos.
«El Estado puede crear las instancias destinadas a proteger al público de los abusos de las empresas, pero los consumidores deben estar respaldados por asociaciones que representen los intereses de los usuarios», señala la abogada Amelia Loayza.
Desde 1994, cuenta con reconocimiento oficial la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), de la que forman parte varias organizaciones no gubernamentales que defienden los intereses de consumidores e inquilinos de viviendas. La existencia y crecimiento de Aspec crea el problema de resolver el financiamiento de sus gastos y de los costos de la defensa de los derechos de los usuarios.
Un proyecto de ley presentado al parlamento propone financiar las actividades de las organizaciones de usuarios mediante un porcentaje de las multas aplicadas a las empresas que violan las normas que protegen los derechos de los consumidores. Por otro lado, la Confederaci¢n Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), propone destinar parte de lo recaudado en esas multas para premiar a las empresas que se destaquen en el respeto del derecho de sus clientes y en la atenci¢n positiva a sus reclamos.
El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, considera que la protecci¢n de los derechos de los consumidores forma parte de los derechos humanos. «Los peruanos avanzan progresivamente hacia una cultura del reclamo, existen asociaciones de usuarios y consumidores, pero hay que ampliar la institucionalidad que debe proteger sus derechos», afirma Santistevan. «El establecimiento del libre mercado est  generando la cultura del reclamo. La gente no est  dispuesta a aceptar productos o servicios, y se han creado las entidades para acoger e investigar sus denuncias y establecer las sanciones correspondientes», a_ade.
De acuerdo con la Constituci¢n vigente, promulgada en 1993, el gobierno encomend¢ la protecci¢n de los derechos de los consumidores a dos entidades: la Defensor¡a del Pueblo y el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Protecci¢n de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Antes de la creaci¢n de ambas entidades, el Estado peruano ten¡a una pol¡tica de control de precios de los productos considerados de primera necesidad y de las tarifas de los servicios poblicos.
Por otro lado, la existencia de un fuerte sector estatal en la producci¢n permit¡a al gobierno central manejar directamente los costos y tarifas de los bienes y servicios producidos por las empresas poblicas.
El gobierno de Alberto Fujimori, quien asumi¢ el poder en 1990, inici¢ un proceso de privatizaci¢n de las empresas poblicas y cre¢ entidades t’cnicas que regulan las tarifas de servicios poblicos para que se ajusten a los costos reales. «Para evitar que las empresas privadas incurran en pr cticas dolosas o perjudiciales para sus clientes y los usuarios de sus servicios, el gobierno encomend¢ a dos entidades la protecci¢n de los derechos de los consumidores, dice Alfredo Bullard, funcionario de Indecopi.
La Defensor¡a del Pueblo, una entidad aut¢noma creada por la Constituci¢n de 1993, tiene a su cargo la protecci¢n de los derechos humanos y civiles, y se le reconoce como interlocutor de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Adem s de sus otras funciones vinculadas a la protecci¢n de los derechos humanos, la Defensor¡a del Pueblo acoge las denuncias vinculadas a los servicios poblicos y vigila las actividades de las entidades reguladoras de tarifas, encargadas de investigar los costos y sancionar las infracciones.
Indecopi, por su parte, protege a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios vendidos por las empresas privadas, sanciona la propaganda enga_osa, el acaparamiento, la especulaci¢n, concertaci¢n de precios contra los consumidores y la imposici¢n de tarifas excesivas en servicios poblicos. «Tambi’n actoa como un arbitro para dirimir denuncias sobre pr cticas de competencia desleal o de tribunal para sancionar a las empresas cuyos productos o servicios no cumplan con las normas t’cnicas de calidad o carezcan de las cualidades y caracter¡sticas ofrecidas en su publicidad», expresa Bullard.
En cuanto a la cultura del reclamo, Indecopi ha desarrollado un programa en coordinaci¢n con el Ministerio de Educaci¢n, para difundir dicha cultura en los ni_os. Bullard precisa que dicho programa ya ha capacitado a 7.000 profesores de educaci¢n c¡vica y de matem ticas, para que incluyan los conceptos de la defensa del derecho de los consumidores entre sus alumnos. «Deber¡amos contar tambi’n con una cultura empresarial de respeto a los derechos del consumidor, para que los propios empresarios se autorregulen», concluye Bullard.
El presidente de Aspec, Jaime Delgado, asegura que organizar a los usuarios no es peligroso para las empresas, como algunos ejecutivos consideraban en un primer momento, sino que «por el contrario, permite a las empresas m s modernas y eficientes estar informadas de lo que piensan sus clientes».
El parlamentario Antero Florez Araoz, del Partido Popular Cristiano, present¢ un proyecto de ley para crear en el Congreso una comisi¢n de defensa del consumidor, que dictaminar¡a las leyes relacionadas con el tema. «La comisi¢n parlamentaria estudiar¡a y perfeccionar¡a los mecanismos de protecci¢n de los derechos de los usuarios y fiscalizar¡a a las autoridades encargadas de la protecci¢n al consumidor, como el Indecopi y los entes reguladores tarifarios», se_ala Florez Araoz. (FIN/IPS/al/ag/hd/99)

Por Abraham Lama