HUGO BANZER, PRESIDENTE DE BOLIVIA, ACUSADO DE HACER DESAPARECER PERSONAS

En la década de los años 70, la dictadura boliviana fue parte de otras del Cono Sur latinoamericano que por exigencia del Pentágono de Estados Unidos ejecutaron el tenebroso »Plan Cóndor», de intercambio de presos políticos que luego eran eliminados físicamente.
Hugo Bánzer tomó el gobierno en Bolivia, el 21 de agosto de 1971, tras tres días de enfrentamientos con fuerzas progresistas que apoyaban al general izquierdista Juan José Torres. Bánzer tomó el poder a viva fuerza con el respaldo militar de las Fuerzas Armadas y políticos de las derechistas Falange Socialista Boliviana (FSB) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Para la Presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Bolivia (ASOFAMD), Loyola Guzmán, el Presidente Hugo Bánzer, cuando menos es sospechoso de ser el autor intelectual de la desaparición de 34 personas en Bolivia, durante la dictadura que encabezó entre 1971 y 1978.
Guzmán recordó que las dictaduras de la década de los 70 ten¡an el control absoluto de los Estados, por lo que resulta improbable que las detenciones, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones no hubieran sido de directo conocimiento de los dictadores.
»B nzer es responsable de lo sucedido en Bolivia en los a_os 70, como lo son Pinochet en Chile, Videla y Massera en la Argentina, Stroessner en Paraguay y Alvarez en Uruguay», dijo la se_ora Guzm n.
Explic¢ que las acusaciones contra B nzer son similares a las que pesan sobre Augusto Pinochet, detenido en Londres hace m s de un a_o por demanda de delitos de lesa humanidad planteada por el Juez espa_ol Baltazar Garz¢n. ASOFAMD y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia tambi’n demandaron ante el Juez Garz¢n al General Hugo B nzer por la desaparici¢n forzada de personas. La se_ora Guzm n dijo que la diferencia con Pinochet es que el ex dictador boliviano ahora es Presidente Constitucional.
Los documentos sobre los desaparecidos bolivianos tambi’n los tiene el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas que depende de la Comisi¢n de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra.
La se_ora Guzm n reclam¢ la constituci¢n de una comisi¢n, con amplios poderes, recogiendo experiencias similares de Argentina, Guatemala y El Salvador, en la que participen expertos de la ONU, para que en Bolivia se busque a los desaparecidos mediante la revisi¢n de documentos militares de la ‘poca. »No es agradable recurrir a una instancia internacional para que se aclare el drama de decenas de familias. Esto debe resolverse aqu¡ si existe voluntad pol¡tica», agreg¢.
Adelant¢ que en tanto no haya un esclarecimiento nacional, no se levantar  la demanda planteada ante el Juez espa_ol Baltazar Garz¢n. »No es majader¡a ni vivir en el pasado. Es el derecho internacional a saber la verdad y queremos que termine la impunidad», dijo la se_ora Guzm n. ASOFAMD cuenta con un registro documentado de 34 ciudadanos bolivianos desaparecidos en Bolivia durante la dictadura del entonces Coronel Hugo B nzer y de otros 40 bolivianos desaparecidos en la Argentina durante la dictadura de Videla y Massera. Algunos de esos desaparecidos fueron detenidos en Bolivia y entregados a los militares argentinos.
La presidenta de ASOFAMD lament¢ que haya personas que se burlan de los familiares de desaparecidos. Cit¢ el caso del boliviano Miguel Angel Ferrufino, quien desde 1981 afirma que logr¢ sobrevivir a la dictadura argentina y conoce de bolivianos que siguen presos en ese pa¡s, algunos mutilados. A cambio de la informaci¢n falsa exige dinero.
»Incluso fue acogido por el Consejo Latinoamericano de Iglesias, pero es un impostor que llama a familiares de Bolivia y Argentina para decirles que sus parientes siguen vivos. Los hace viajar a las ciudades donde supuestamente est n esos desaparecidos, pero todo es mentira y solo consigue dinero y m s angustia», denunci¢ la se_ora Guzm n.
Bolivia, desde 1993, es pa¡s signatario del Pacto de San Jos’ de Costa Rica o Convenci¢n Americana de Derechos Humanos que reconoce la jurisdicci¢n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organizaci¢n de Estados Americanos (OEA), donde se tramit¢ el caso del universitario Jos’ Carlos Trujillo, de 21 a_os, desaparecido en 1972.
Gladys de Sol¢n, madre de Jos’ Carlos, rechaz¢ un arreglo amistoso (econ¢mico) y logr¢ una sentencia de la CIDH para que se busque a su hijo y se identifique a los autores de su desaparici¢n.
Segon la sentencia de la CIDH, tienen 60 d¡as de plazo para cumplir ese objetivo. »Debe terminar la angustia de la familia de buscar por aqu¡ y por all . Sabemos que hay documentos militares sobre el destino que sufrieron los desaparecidos», agreg¢ la Presidenta de ASOFAMD. (Bo/QR/au-Mt-Ong/Dh-Pl/pt).