El pueblo ecuatoriano en estos momentos afronta la peor crisis económica, política y moral de toda su historia: la pobreza afecta al 80 % de la población, el desempleo alcanza el 18 % y el subempleo el 65 %. El salario mínimo vital es de apenas 30 dólares, mientras que el costo de la canasta familiar bordea los 140. Los hospitales carecen de recursos para atender las necesidades mínimas de salud. La corrupción que ha alcanzado niveles intolerables, se encuentra enquistada en todos los poderes del Estado.
Para intentar mantenerse en el poder con una alianza de los sectores más conservadores, el depuesto presidente Jamil Mahuad decretó la dolarización de la economía que afecta a la gran mayoría de la población, después de haber permitido una devaluación agresiva del sucre a más del 400 % en sólo 18 meses. La Deuda Externa en proporción a la población, es la mayor en América Latina (16 mil millones de dólares). El gobierno ha destinado el 54.7 % del Presupuesto General del Estado para pagar sus intereses dejando de atender los requerimientos elementales de la gente.
Frente a esta situaci¢n, la Confederaci¢n de Nacionalidades Ind¡genas el Ecuador (CONAIE ), la Coordinadora de Movimientos Sociales, organizaciones de mujeres, derechos humanos, estudiantes, campesinos, barriales, sindicales y de la iglesia popular, protagonizaron movilizaciones nacionales el viernes 21 de enero del a_o en transcurso, para manifestar el comon descontento y solicitar cambios urgentes. En la ciudad de Quito, se produjo la toma pac¡fica del Congreso Nacional y Corte Superior de Justicia con el apoyo de un grupo de militares que plegaron a la demanda popular y exigieron la salida de los titulares de los tres poderes del Estado, y la instauraci¢n de una Junta Patri¢tica de Salvaci¢n Nacional formada por representantes de los ind¡genas, las Fuerzas Armadas y otros sectores de la sociedad civil.
Los altos mandos militares, que en un principio aceptaron formar parte de dicha Junta, ante las presiones de la oligarqu¡a nacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, decidieron entregar el poder al vicepresidente Gustavo Noboa, quien ha asegurado seguir adelante con el proceso de dolarizaci¢n y pol¡ticas econ¢micas del anterior gobierno (privatizaci¢n del petr¢leo, salud, seguridad social, entre otras) medidas que hab¡an generado la movilizaci¢n ind¡gena y popular.
Los l¡deres del Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador: Antonio Vargas, Ricardo Ulcuango, Salvador Quispi, Napole¢n Saltos, entre otros; varios militares, y dirigentes de organizaciones sociales que participaron en la movilizaci¢n popular, est n siendo perseguidos. Los coroneles que apoyaron el movimiento popular: Lucio Gutierrez, Jorge Brito, Luis Lalama y Fausto Cobo, entre otros, han sido apresados, se desconoce su paradero y se han iniciado causas penales contra ellos.
Miembros de la vieja y viciada clase pol¡tica, que utilizan a la democracia formal como un pretexto para perpetuar sus actos il¡citos y anti’ticos, utilizando los medios de comunicaci¢n de los que son propietarios o a los que controlan con su poder econ¢mico, est n pidiendo sanciones dr sticas para los l¡deres ind¡genas y militares participantes en las acciones del 21.
Con la transici¢n al gobierno de Gustavo Noboa, la realidad ecuatoriana en nada ha mejorado, y el descontento de la poblaci¢n se mantiene. Es por esto que ecuatorianos y ecuatorianas, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales del Ecuador, solicitamos vuestra comprensi¢n y solidaridad internacional frente a las acciones populares del 21, y la dif¡cil realidad que vivimos.
DECLARACI.N:
* QUIENES FIRMAMOS ESTE COMUNICADO, DEMOSTRAMOS NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACI.N POR LA CRISIS ECON.MICA, POL-TICA Y SOCIAL DEL ECUADOR; Y REIVINDICAMOS LA TRASCENDENCIA HIST.RICA DE LAS ACCIONES DE PROTESTA E INSTAURACI.N DE UN GOBIERNO POPULAR, OCURRIDAS EL 21 DE ENERO DEL 2000.
* APOYAMOS ADEMµS, A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y A LOS MILITARES QUE PARTICIPARON EN LAS ACCIONES ECUATORIANAS DE PROTESTA DEL 21, MANIFESTAMOS NUESTRA PREOCUPACI.N POR LA INTEGRIDAD F-SICA Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, Y PEDIMOS LA AMNISTÖA O EL INDULTO PARA LOS MILITARES Y DEM-S ENJUICIADOS A RA-Z DE ESTOS HECHOS.
1) Alexis Ponce. Portavoz nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador. (Quito-Ecuador)
2) Sonia Andrade. Corporaci¢n Nacional de Organizaciones Sociales de la Tercera Edad, CONAMOSOTEE. (Quito-Ecuador) .
