Un filósofo supo decir que la única verdad es la realidad. Una realidad que para algunos no existió y se encargan de disfrazarla con el pretexto de la inexistencia de los hechos. Una indubitable realidad que en verdad sucedió en el pasado más reciente de la Argentina y que aún está rodeada de la impunidad.
Una constante recusación ha sido el leit motiv de los abogados Alberto Rodríguez Varela y Carlos Tavares, patrocinantes del dictador Jorge Rafael Videla, para que su defendido no preste declaración ante el juez Adolfo Bagnasco en la que causa que se le sustancia por la sustracción sistemática de los hijos de desaparecidos durante la dictadura. Alegaron que el magistrado demuestra una ôenemistad manifiestaö para con su cliente, que cumple arresto domiciliario luego de haber sido procesado por el juez federal del tribunal bonaerense de San Isidro Roberto Marquevich, bajo la figura de autor mediato por la apropiación de cinco niños hijos de desaparecidos. La C mara Federal de San Mart¡n, sede judicial ubicada en la provincia de Buenos Aires de la cual depende el tribunal sanisidrense, consider¢ que dicha causa deb¡a ser ventilada por la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el septuagenario Videla fue condenado en 1985 a cadena perpetua por la C mara Federal que lo hall¢ culpable de torturas y supresi¢n de identidad – entre otros cargos – durante el oltimo proceso militar. El ex presidente Menem lo indult¢ asegurando en su momento que «era necesaria una reconciliaci¢n entre los argentinos».
«Ya inform’ al Senado que ratificaba los ascensos» les dijo el martes 22 a los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) el Ministro de Defensa, Ricardo L¢pez Murphy. Se estaba refiriendo a los pliegos de ascenso al grado inmediato superior de militares acusados de violaciones a los derechos humanos cuando en la Argentina imper¢ el terrorismo de Estado. El nombre del marino Pedro Florido, que bajo el seud¢nimo de «Florindo» actu¢ en la siniestra Escuela de Mec nica de la Armada (ESMA), figura en la lista. El integrante de la Armada oblig¢ a V¡ctor Basterra, secuestrado en ese campo de concentraci¢n, a que confeccionara un pasaporte falso para el jefe de la Logia Propaganda Due, Licio Gelli. Emilio Eduardo Massera y Carlos Guillermo Su rez Mason fueron miembros argentinos de la P-Due. Los miembros de la C mara Alta aon no han dado respuesta a los requerimientos de L¢pez Murphy.
La sede del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas ubicado en el porte_o barrio de la Recoleta fue el sitio elegido por el abogado Florencio Varela, secretario de Minoridad y Familia en el oltimo per¡odo militar, para la presentaci¢n del documento titulado «Plan Sistem tico de Apropiaci¢n de Menores – Una Falacia». «No hay evidencias ni testimonios imparciales en ninguno de los 34 casos que figuran en el proceso», afirma el documento. En otro pasaje del mismo denuncian a las Abuelas de Plaza de Mayo como un «pretexto de agitaci¢n pol¡tica». El letrado critic¢ al juez espa_ol Garz¢n diciendo que «junto con Bagnasco deshonra la magistratura por razones ideol¢gicas». Quien se present¢ como el capit n de fragata Manuel Garc¡a – +ser su verdadera identidad? – ante la periodista Victoria Ginzberg del matutino porte_o P gina/12 se desvivi¢ en una serie de justificaciones del terrorismo de Estado. Cuando la colega le pregunt¢ porqu’ no hab¡an entregado los ni_os a su familia, el militar respondi¢: «Pero por favor. Las Abuelas sab¡an que sus hijas eran unas putas que andaban embarazadas para que no las detuvieran» Todo un detalle de su parte.
Alfredo Astiz acompa_ado del abogado Pedro Bianchi, que defendi¢ al ex nazi Erich Priebke y al ex almirante Massera, se neg¢ a prestar declaraci¢n ante el juez Claudio Bonad¡o el viernes pasado que lo juzga por el delito de apolog¡a del delito como consecuencia del reportaje efectuado por la periodista Cerrutti publicado el 14 de enero de 1998 en la revista tres puntos. En aquella oportunidad el ex marino hab¡a dicho: «¨Sab’s por qu’ mata un milico? Por un mont¢n de cosas: por amor a la patria, por orgullo, por machismo, por obediencia». Astiz que se infiltr¢ durante la dictadura en agrupaciones de derechos humanos particip¢ en el secuestro de la joven sueca Dagmar Hagelin y de las monjas francesas Alice Dumon y Leonie Duquet. Diez a_os atr s un tribunal franc’s lo conden¢ en ausencia a prisi¢n perpetua por la desaparici¢n de las religiosas galas. «El Angel Rubio», uno de sus apodos cuando actuaba en los grupos de secuestradores de la ESMA, se autodefini¢ en el reportaje como un hombre «t’cnicamente capacitado para matar a un pol¡tico o a un periodista». Por los dichos del «Cuervo», otro de sus apodos, le llovieron una decena de denuncias por amenazas y apolog¡a. Tal magnitud hab¡an tomado sus declaraciones que el entonces presidente Menem lo destituy¢ de su cargo por sus dichos y no por los cr¡menes que cometi¢. En la sala tribunalicia una decena de integrantes de la agrupaci¢n H.I.J.O.S., que nuclea a los hijos de los desaparecidos, lo tildaron de «nazi» y «asesino», record ndole que «c¢mo a las nazis les va a pasar, ad¢nde vayan los iremos a buscar». Luego que fueran desalojados los j¢venes, Astiz mencion¢ su identidad, sus estudios cursados y que actualmente se hallaba «desocupado». Acto seguido abandon¢ el lugar sin prestar declaraci¢n testimonial.
Una historia que se reitera constantemente en la Argentina es lo ocurrido durante el per¡odo que las fuerzas armadas se adue_aron del poder. Historia que una parte de la sociedad comenz¢ a conocer cuando el gobierno del ex presidente Alfons¡n decidi¢ a juzgar a las copulas de la Junta Militar. Historia que devino en las condenas a cadena perpetua a Videla, Massera y Agosti (integrantes del primer triunvirato castrense), penas menores al resto y absoluciones a otros jerarcas. Historia que continu¢ con la sanci¢n de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida bajo la administraci¢n alfonsinista que llevaron al desprocesamiento de centenares de miembros de las instituciones militares y de seguridad incursos en violaciones a los derechos humanos. Historia que tuvo su redondez, a poco de asumir, el entonces presidente Menem indult¢ a los genocidas con el pretexto de la reconciliaci¢n nacional.
Ahora bien, si el gobierno quisiera demostrar que su intenci¢n no es premiar a militares represores, deber¡a, entre otras cosas, separar a Basilio Pertin’ – cu_ado del presidente De la Roa que asesora ad honorem al jefe de la Secretar¡a de Inteligencia del Estado – que fue acusado por Adolfo Scilingo de haber participado en los llamados «vuelos de la muerte».
Alberto Bastia
Corresponsal Informativos.Net Argentina
LA IMPUNIDAD QUE PERSISTE
194
