Imbuidos por un espíritu de cuerpo, los miembros de la Cámara de Senadores, aprobaron los pliegos de ascenso de seis militares ûcinco pertenecientes al Ejército y el restante a la Armada- que tuvieron activa participación en el terrorismo de Estado. Los pliegos habían sido enviados por el ex presidente Menem y fueron ratificados por Fernando De la Rúa y su Ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. Los nombres figuran en los listados de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, creada el 15 de diciembre de 1983 por el ex presidente Alfonsín. Dicha Comisión recibió los testimonios de familiares, amigos y víctimas de la represión militar y elaboró un informe conocido como ôNUNCA MASö.
Los nombres de los ascendidos son:
Eduardo Daniel Cardozo, estuvo procesado por tres secuestros y fue beneficiado por la ley de Obediencia Debida, sancionada durante la administración alfonsinista.
Alejandro Guillermo Duret, integró el grupo de Artillería Blindada 1 del bonaerense regimiento de Azul.
Rodolfo Sergio Mujica, se_alado como represor en la norte_a provincia de Catamarca.
Guillermo Reyes, particip¢ en la masacre de Margarita Bel’n, localidad chaque_a.
Alejandro Aquiles Riqueta, actu¢ en el mediterr neo distrito de C¢rdoba.
Pedro Carlos Florido, form¢ parte de los grupos de tareas (secuestros de personas) de la Escuela de Mec nica de la Armada. Fue denunciado por V¡ctor Basterra, sobreviviente de ese campo de concentraci¢n porte_o, como la persona que lo oblig¢ a confeccionar pasaportes falsos, cuatro de ellos para Licio Gelli, jefe de la mafiosa Logia Propaganda 2.
El martes por la noche, d¡a previo a la votaci¢n, un grupo de Senadores de la Alianza concurri¢ a la cena a la cual hab¡an sido invitados por el jefe del Ej’rcito, Ricardo Brinzoni. El gape se desarrollo en el Regimiento de Patricios, zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, que tambi’n fue un centro clandestino de detenci¢n.
A la hora de los discursos, en el recinto del Senado, los legisladores hicieron uso de sus recursos para justificar sus argumentos. El entrerriano Augusto Alasino, jefe del bloque peronista, sostuvo: «nos comprometimos ante el presidente Fernando de la Roa a permitir los ascensos. Vamos a acompa_ar estrictamente con el qu¢rum para que la Alianza apruebe los pliegos». M s escueto fue Jos’ Genoud, radical por Mendoza, manifestando: «actuamos con lealtad, analizando cada uno de los casos». Pedro del Piero, frepasista porte_o integrante de la Alianza, destac¢ que los ascensos eran «decisiones pol¡ticas».
Demostrando obediencia debida, los senadores radicales, frepasistas, peronistas e integrantes de los partidos provinciales alzaron sus manos acatando el pedido del Ejecutivo.
Los reclamos de los organismos de derechos humanos y gran parte de la ciudadan¡a no tuvieron eco. Asimismo desconocieron la recomendaci¢n 2/95 del Comit’ del Pacto de Derechos Civiles y Pol¡ticos de Naciones Unidas que indica que los integrantes de las fuerzas armadas involucrados en violaciones a los derechos humanos deben ser separados de las mismas, independientemente de que si la legislaci¢n de cada pa¡s no permitiera la substanciaci¢n de juicios en su contra.
Con la aprobaci¢n de los pliegos de ascensos de los militares una p gina m s se hab¡a incorporado a la ya voluminosa enciclopedia de la impunidad en la Argentina.
Alberto Bastia
Corresponsal Informativos.Net en Argentina
