LA DECISIÓN DE RUIZ DE POLANCO DE ADMITIR A TR-MITE LA DENUNCIA DE MENCH+ ABRE UN PROCESO POR GENOCIDIO QUE INVOLUCRA A

La decisión del juez Guillermo Ruiz Polanco de aceptar a trámite la querella presentada por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, abre un proceso por genocidio que involucra a tres ex jefes de gobierno de Guatemala.
Entre los imputados figura el general Efraín Ríos Montt, erigido en dictador por golpe militar y en el poder entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Actualmente es Presidente del Congreso de Guatemala.
También están incluidos en el proceso los generales Oscar Humberto Mejías, quien gobernó desde agosto del 83 hasta enero de 1986 y Fernando Romeo Lucas, quien estuvo en el poder desde 1978 a marzo del 82. En estos períodos se produjeron miles de asesinatos, secuestros y ataques contra aldeas indígenas.
Otros procesados son el general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, ex ministro de defensa; Dondaldo Alvarez Ruiz, ex ministro de gobernación, actualmente residente en Miami; Germán Chupina Barahona, ex director de la Policía Nacional; Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la Polic¡a Nacional y Benedicto Lucas Garc¡a, ex jefe del estado mayor del ej’rcito guatemalteco.
Uno de los testigos que ser  convocado por el juez es el diplom tico M ximo Cajal, quien era embajador de Espa_a en Guatemala cuando se produjo el asalto y la quema de la embajada en ese pa¡s en enero de 1980.
En esa fecha, la polic¡a y el ej’rcito tomaron la sede diplom tica, que horas antes hab¡a sido ocupada por ind¡genas mayas, en un pac¡fico acto de protesta. Los atacantes incendiaron el edificio y asesinaron a todos sus ocupantes: 37 personas, incluyendo al primer secretario de la embajada, Jaime Ruiz del Arbol.
El embajador M ximo Cajal fue el onico sobreviviente, y fue luego protegido por otros miembros del cuerpo diplom tico para evitar represalias. El magistrado de la Audiencia Nacional afirma que los hechos que se investigan «se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad ‘tnica, racial y social». A_ade que el pretexto fue el presunto apoyo de los ind¡genas a la rebeli¢n armada en el pa¡s.
Una de las primeras medidas de represalia adoptadas por el gobierno guatemalteco por esta decisi¢n judicial, ha sido la de suspender los programas de cooperaci¢n con Espa_a para la formaci¢n de la nueva Polic¡a Nacional Civil. Desde 1997 personal de la Guardia Civil espa_ola impart¡a cursos y asesoraba a la reci’n creada academia guatemalteca.
El cap¡tulo hist¢rico de Guatemala que deber  revisar la justicia espa_ola, es un verdadero registro de horrores. La violencia, en su mayor parte ejercida desde el poder pol¡tico y militar como represi¢n, dej¢ 150 mil muertos y 45 mil desaparecidos.
Entre ellos, Otto Ren’ Castillo, poeta guatemalteco quien fue quemado vivo en 1966. O un diputado opositor asesinado en su silla de ruedas. O las matanzas de decenas de ind¡genas y campesinos en ataques contra aldeas.
La justicia espa_ola deber  revisar tambi’n un crimen m s reciente y no esclarecido: el del Obispo Gerardi, cometido horas despu’s de anunciar el Informe que responsabiliz¢ al Ej’rcito del genocidio cometido en Guatemala.
La decisi¢n del juez espa_ol Ruiz Polanco, anunciada ayer, pero anticipada por Polsar en sus servicios del pasado d¡a 22, significa abrir una nueva esperanza contra la impunidad de los represores en Am’rica Latina. (Gt-Euro/QR/Au-Mt/Pl-Vi/ap)