Si uno observa la situación de la propiedad de los medios electrónicos masivos en el país descubre que, de los 350 medios electrónicos existentes, ninguno está en manos de sectores sociales sin fines de lucro.
El escenario uruguayo es netamente empresarial y comercial en lo que a la explotación del espacio radioeléctrico refiere. Solamente el Estado y la Iglesia Católica poseen medios propios, que son escasos y de baja o nula incidencia en la agenda nacional. Los medios estatales han sido sacados de la competencia del gran mercado, a pesar de que el propio Estado sea uno de los principales anunciantes en los grandes medios masivos.
En su último informe la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que reúne a los propietarios de los medios, dentro del capítulo uruguayo, reveló el favoritismo practicado por los gobernantes de turno en el reparto de publicidad oficial proveniente de las diferentes y numerosas empresas públicas, favoreciendo a ciertos empresarios mediáticos en detrimento de otros. En este caso, ca¡a en el banquillo de los acusados el ex presidente Julio Mar¡a Sanguinetti. En cambio, el nuevo mandatario Jorge Batlle, perteneciente tambi’n al Partido Colorado al igual que Sanguinetti, ha anunciado que dentro del recorte de gastos estatales se incluir¡a el recorte en publicidad gubernamental.
Otra de las denuncias que levant¢ la SIP fue el maltrato que sufri¢ una cronista por parte de la custodia del candidato presidencial de la izquierda, el socialista Tabar’ V zquez. Acusaci¢n que fue deslizada en plena campa_a electoral. Sin embargo, la SIP nada dijo del bloqueo informativo que recibi¢ V zquez en la recta final de la campa_a electoral, llegando incluso a la negativa de los canales de televisi¢n a vender espacios publicitarios para pasar piezas proselitistas de la izquierda.
La censura de publicidad pol¡tica no es nueva. Durante el primer mandato de Julio Mar¡a Sanguinetti, en plena campa_a para derogar la Ley de Impunidad que a la postre favoreci¢ a militares violadores de derechos humanos durante la pasada dictadura castrense, los canales de televisi¢n se negaron a pasar una propaganda. El corte publicitario mostraba el testimonio de una madre que fue detenida por los militares, los cuales raptaron a su hijo, que hasta el d¡a de hoy no ha encontrado.
Pero volviendo a la campa_a electoral pasada, la artima_a practicada en los principales canales de televisi¢n abierta, provoc¢ el rechazo de sectores de la sociedad vinculados a la izquierda; los cu les emprendieron una campa_a para no mirar m s Canal 12. El periodista estrella de este canal N’ber Araujo (simpatizante del Partido Nacional) conductor del informativo central y del principal programa period¡stico, adem s de empresario medi tico, no escatim¢ esfuerzos en beneficiar a los candidatos de la derecha durante toda la contienda electoral.
El premio visible que obtuvo Araujo no se hizo esperar, y en pleno 1999, cuando se disputaba la contienda electoral puso en marcha Setiembre FM. La emisora tiene cobertura en Montevideo, y en Punta del Este, principal balneario uruguayo, que son las principales plazas publicitarias. Adem s es copropietario, junto con el periodista Jorge Traverso, principal competidor suyo en Canal 10, de la emisora en AM Nuevo Tiempo. Extremo que est prohibido por la legislaci¢n uruguaya, ya que no permite que acumulaci¢n de ondas y frecuencias de radio y televisi¢n a troche y moche. Pero es vox populi que tres fuertes grupos empresariales y familiares son los que controlan la inmensa mayor¡a de los medios nacionales. Aunque en desde el interior del pa¡s, el Grupo Clar¡n, con bases en Argentina, ya est controlando canales cable, y los empresarios aut¢ctonos han comenzado a preocuparse por la invasi¢n de este gigante de la industria medi tica.
Por su parte la Asociaci¢n Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) puso el grito en el cielo ante el arribo de capitales extranjeros que est n amenazando su hegemon¡a. Previo a los comicios presidenciales de octubre y noviembre, se jug¢ por los candidatos de la derecha pol¡tica, ahora espera el premio por los favores otorgados.
Muestra de las vinculaciones del poder pol¡tico con las empresas medi ticas fue puesta en evidencia veinte d¡as despu’s del cambio de gobierno, al conocerse que Luis Mosca, ex ministro de Econom¡a del gobierno de Sanguinetti, pas¢ a integrar la direcci¢n de Canal 10, perteneciente a una de las tres familias que monopolizan el negocio. Tambi’n cabe consignar, que la fuerte presi¢n ejercida por Andebu ha cercenado el ingreso de la televisi¢n satelital al pa¡s. Este servicio solamente llega a algunos puntos del pa¡s, que no son cubiertos por la televisi¢n abierta ni el sistema de abonados. El manejo de la televisi¢n satelital actualmente est en manos del consorcio Filsur, que est integrado por el Canal estatal, y los canales 4,10 y 12, pertenecientes respectivamente a cada una de las familias que monopolizan el manejo de los medios electr¢nicos uruguayos.
A pesar de que la dictadura militar finaliz¢, quedan fuertes remanentes instaurados en las estructuras de gobierno. La distribuci¢n de las ondas hertzianas, bien de toda la humanidad, le corresponde al Estado. Dentro de ‘ste al Poder Ejecutivo, que en Uruguay recae en el Ministerio de Defensa Nacional, espec¡ficamente en la Direcci¢n Nacional de Comunicaciones (DNC).
El Estado hace el llamado a interesados cuando le place, y otorga discrecionalmente las frecuencias a quien quiere. El proceso de selecci¢n es netamente discrecional, sin que pese en la selecci¢n ningon par metro para catalogar v lidamente tal o cual propuesta de comunicaci¢n.
Tanto la Universidad de la Repoblica, la Universidad Cat¢lica y las radios comunitarias solicitaron explotar una frecuencia, pero aon no se les ha otorgado ninguna onda radial. En un momento el gobierno de Sanguinetti adujo que no se otorgaban m s permisos, porque el dial estaba saturado. Empero, un estudio desarrollado por la Facultad de Ingenier¡a demostraba que, hasta el oltimo reparto, aon era posible otorgar m s frecuencias radiales. Ahora habr¡a que hacer un nuevo an lisis de la situaci¢n para saber si queda algon lugar en el dial.
En plena campa_a electoral, manos an¢nimas hicieron llegar a legisladores de la izquierda una supuesta grabaci¢n entre el ministro de Defensa, Juan Luis Storace, y el director de la DNC, Ernesto Dehl, donde el ministro expresa que en este momento (previo a las elecciones nacionales) no pueden otorgar frecuencias, pero que no se preocupe que van a cumplir con su gente (l’ase correligionarios). Se presume que los servicios de inteligencia tuvieron mucho que ver al poner al descubierto esta acci¢n, ya que los protagonistas de este incidente eran dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.
La veracidad de la grabaci¢n pareci¢ comprobarse con la concesi¢n de 33 nuevas frecuencias se produjo luego de las elecciones, y provoc¢ el malestar de Andebu y RAMI (Radios AM del Interior). Inmediatamente, luego de asumir el nuevo gobierno las autoridades de ambas asociaciones se reunieron con el flamante ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, para expresar su malestar por las nuevas concesiones de ondas.
Cuestionaron que el reparto se haya efectuado beneficiando a figuras pol¡ticas de los sectores pol¡ticos vinculados a la coalici¢n de gobierno (Partido Nacional y Colorado); y alertaron de la baja rentabilidad que provocar¡a el aumento de aparici¢n de radiodifusoras, ya que causar¡a una baja de la venta de publicidad.
Frente a estos planteos el ministro Brezzo record¢ a los directivos de las radios privadas que ellos hab¡an accedido de manera similar a obtener los permisos. Extremo que fue reconocido por las autoridades de las instituciones quedando instalado un espacio de di logo para evaluar el cumplimiento de los contratos radiales. M xime cuando se anuncia que varias frecuencias retransmiten total o parcialmente la programaci¢n de emisoras argentinas.
En todos estos tejes y manejes las radios comunitarias han permanecido ajenas y han sido excluidas por el gobierno. Ni pensar en la aparici¢n de canales de televisi¢n comunitarios o ciudadanos en manos de organizaciones de la sociedad civil. Mientras tanto el espacio radioel’ctrico tiene cada vez menos espacios a ser ocupados, y desde el gobierno no se observan se_ales que apunten a reservar un espacio para este tipo de propuestas.
Recientemente la Mesa de AMARC-Uruguay se mostr¢ preocupada «por la forma que se adjudican las frecuencias que son Patrimonio de la Humanidad»; manifestando que » se convierte en una propicia ocasi¢n para investigar y crear mbitos de discusi¢n con amplia participaci¢n nacional que permitan encontrar una soluci¢n acorde a los derechos humanos».
En este terreno los medios comunitarios parecen venir perdiendo por goleada. Pero no es menos cierto que en el pasado a_o lograron detener los allanamientos indiscriminados, congelar un proyecto de ley que penalizaba cualquier actividad vinculada con las emisoras ciudadanas, desarrollaron un encuentro de radios comunitarias con participaci¢n internacional, aparecieron nuevas iniciativas y se consolidaron procesos internos dentro de las difusoras.
Para Carlos Ramos, animador de Alternativa FM y representante de AMARC (Asociaci¢n Mundial de Radios Comunitarias), 1999 fue un a_o muy particular. «Tranquilo, donde la represi¢n del Estado no se produjo en forma directa». Aunque sigue la represi¢n al no existir concesi¢n de ondas.
Actualmente est n funcionando entre 20 y 25 radios, y unas cu ntas han surgido en otros puntos del pa¡s, no s¢lo en Montevideo, informa Ramos. Lo que le otorga al movimiento el sello de nacional en la medida que atraviesa las fronteras del departamento de Montevideo. Este detalle no es menor en la medida que generalmente es la capital la que va a la cabeza de los movimientos ciudadanos progresistas. En Uruguay las emisoras comunitarias est n reunidas en torno a ECOS (Coordinadora de Radios Comunitarias) y a AMARC; aunque muchas no participan de estas organizaciones.
Gustavo G¢mez, vinculado a El Puente FM, opina que el principal desaf¡o consiste en «despertar al resto de la sociedad civil, frente a este derecho que est dormido». Sostiene que las organizaciones de la sociedad civil deben reclamar «el acceso libre y justo a los medios».
«Este a_o de tranquilidad sirvi¢ para que las radios crecieran», asegura Ramos. «En nuestras radios hay como una necesidad de decir y hacer cosas. De todas las maneras que se te ocurran. En una radio se contribuy¢ a que una chica se hiciera un tratamiento m’dico en un pa¡s extranjero», indica mostrando que la legitimidad y la vocaci¢n de servicio de las difusoras comunitarias es una de sus razones de ser.
Mientras Andebu se mueve a lo largo y ancho de la banda radioel’ctrica como perico por su casa, el resto de la sociedad civil uruguaya observa sin saber muy bien para que lado agarrar. S¢lo un pu_ado de personas, con equipos de transmisi¢n precarios y en los m s rec¢nditos sitios, sigue dando batalla para que otras voces se oigan en el dial. (Uy/QR/Og-Gr/Cu/ap)
Por Eduardo Curuchet
URUGUAY: LA COMUNICACIÓN, UN DERECHO
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