Organizaciones humanitarias de México consideraron positiva, aunque tardía, la creación en la Procuraduría General, Fiscalía, de una unidad especial que investigará a grupos armados irregulares acusados de centenares de muertes, en el sureño estado de Chiapas.
»La nueva unidad deberá lograr resultados inmediatos, pero no tenemos mucha confianza, pues llega demasiado tarde», dijo Edgar Cortez, Director del grupo humanitario «Agustín Pro Juárez». Este grupo pertenece a la Orden Católica Jesuita.
A sólo ocho meses del fin de la gestión del Presidente Ernesto Zedillo, la Procuraduría anunció el lunes que decidió crear la »Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados en el estado de Chiapas».
Decir que son grupos civiles oculta su carácter paramilitar, pues tienen relación con autoridades civiles, policías y militares, precisó Cortez.
La nueva unidad integrada por 40 agentes especiales, buscará por todos los medios aclarar cr¡menes, detener a los responsables y prevenir nuevos delitos. Para conseguirlo reunir todas las pruebas y trabajos previos hechos por la polic¡a, dijo el Subprocurador, Jos’ Luis Ramos.
Partidos pol¡ticos opositores aseguran que la presencia de los paramilitares, entre cuyos cr¡menes estar¡a el asesinato masivo de 45 ind¡genas opositores en diciembre de 1997, es parte de los planes contrainsurgentes del gobierno.
»Confiemos en que la nueva unidad de la Procuradur¡a trabaje en forma independiente, s¢lo as¡ lograr descubrir que lo que existe en Chiapas son paramilitares», expres¢ Cortez.
En Chiapas tiene su base el Ej’rcito Zapatista de Liberaci¢n Nacional, EZLN, grupo que se mantiene como protagonista pol¡tico pese a haber combatido s¢lo 12 d¡as en enero 1994 y permanecer aislado y rodeado de militares.
La investigaci¢n de los grupos armados irregulares, una demanda que hasta ahora no hab¡a sido atendida, puede generar problemas a las autoridades de Chiapas, »que ocultan informaci¢n y eso las compromete», afirm¢ Cortez.
Investigaciones del grupo «Agust¡n Pro Ju rez» realizadas en Chiapas indican que al menos 12 grupos paramilitares actoan en ese estado con armas de alto poder.
Hay evidencias de que esos grupos asesinan e intimidan a opositores, asegur¢ Cortez, quien denunci¢ que recibe peri¢dicas amenazas de presuntos agentes de inteligencia militar y policial por su actividad humanitaria.
En abril del a_o pasado, el centroizquierdista Partido de la Revoluci¢n Democr tica, PRD, present¢ una investigaci¢n que revela que los paramilitares habr¡an asesinado a m s de mil ind¡genas de Chiapas desde 1994.
El grupo Agust¡n Pro Ju rez y el PRD coinciden en que algunos de esos grupos se denominan Paz y Justicia, Los Chinchulines y M scara Roja. Otros de los mencionados son el Movimiento Ind¡gena Revolucionario Antizapatista, Tom s Munzer, Fuerzas Armadas del Pueblo y Alianza San Bartolom’ de los Llanos y Degolladores.
El Gobierno mexicano asegur¢ reiteradamente que los grupos armados de Chiapas no tienen ninguna relaci¢n con el ej’rcito, autoridades o fuerzas pol¡ticas, y menos con el gobernante Partido Revolucionario Institucional, como afirma el PRD.
Misiones de observadores extranjeros que visitaron Chiapas en los oltimos a_os coincidieron en demandar al gobierno que pusiera fin a la presencia de los grupos armados irregulares y disminuyera el nomero de soldados, como contribuci¢n a la paz.
En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, habr¡a m s de 45 mil soldados con armas sofisticadas y de alto poder rodeando a los miembros del EZLN, que ser¡an menos de 10 mil, la mayor¡a armados con palos, machetes y escopetas de bajo calibre.
El gobierno y la guerrilla suspendieron el di logo de paz en 1996, cuando el Poder Ejecutivo se neg¢ a aceptar un proyecto de ley sobre Derechos Ind¡genas preparado por diputados en base a los llamados Acuerdos de San Andr’s, que hab¡an sido aceptados por el EZLN.
El Gobierno de Zedillo acusa a la guerrilla de no querer un acuerdo y la califica de intransigente. Mientras tanto, el EZLN sostiene que es el Gobierno el que miente, incumple su palabra y alimenta »una guerra de baja intensidad». El problema de Chiapas queda pendiente para el nuevo Gobierno, que ser elegido en julio y asumir en diciembre. (Mx/IP/Ong/Am-Dh/pt).
Diego Cevallos
