Cabe recordar que los detenidos fueron juzgados en el marco de la Ley de Defensa de la Democracia û sancionada en 1987 bajo la administración de Raúl Alfonsín û sin derecho a apelar el fallo, lo cual es inconstitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había instado al gobierno argentino, en 1997, a que se reviera el proceso. Al no concretarse la recomendación de la CIDH, el informe fue dado a publicidad ese mismo año.
El tema de los presos de La Tablada pudo haber sido zanjado por dos vías. El Ejecutivo podría haberlos indultado, instancia que ha sido reiteradamente desmentida por distintos funcionarios del gobierno.
La otra, de competencia parlamentaria, consistiría en darle tratamiento al proyecto del diputado del oficialismo û Ramón Torres Molina û donde se intenta reponer la instancia de la apelación denegada por la normativa legal. Si la iniciativa fuera aprobada posibilitaría la libertad de los detenidos y la apertura de un nuevo juicio.
En su apretada agenda, uno de los encuentros que sostuvieron los parlamentarios del PT se concret¢ con integrantes de la Comisi¢n de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos y familiares de los presos.
Al concluir el mismo, Informativos.Net dialog¢ con Nilm rio Miranda, que preside la Comisi¢n de Derechos Humanos de la C mara Baja de su pa¡s.
Consultado si los reclamos por ellos efectuados – a miembros del Ejecutivo y del Poder Legislativo – hab¡an ca¡do en saco roto, el legislador destac¢: «No creo. Hablamos con personas del gobierno y ahora con la Comisi¢n de Derechos Humanos de la C mara de Diputados y tenemos la expectativa de mantener una charla con directivos del Partido Justicialista.
Sabemos que la decisi¢n puede no salir hoy, pero espero que en los pr¢ximos d¡as saldr . Sabemos que esta discusi¢n est instalada en toda la sociedad, y que hay pol’micas sobre el tema, pero los derechos humanos est n sobre todo.
Creo que esta Comisi¢n, los movimientos de derechos humanos, los familiares alcanzaron su objetivo: que es de una decisi¢n para cumplir con las recomendaciones de la CIDH».
Sobre el incumplimiento de las mismas, y la gravedad de las sanciones, Miranda se_al¢: «Claro, el Estado argentino quedar¡a marcado por eso si no fuera capaz de buscar las soluciones, ¥tiene que buscarlas! Este gobierno quedar¡a marcado por eso, el Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, todos quedar¡an marcados por eso».
Al referirse al tenor de las sanciones, manifest¢ que las mismas ser¡an de car cter ‘ticas y morales.
«Las sanciones, sobre todo, ser¡an morales y ‘ticas, las m s importantes. Si la Corte Interamericana dicta sentencia sobre eso, obligar a que el Estado argentino indemnice a los familiares. Pero m s importante que las sanciones, son las sanciones morales y las p’rdidas (de vidas) para la democracia en Am’rica Latina, en Argentina y en Am’rica Latina».
Sobre la necesidad de hallarle una r pida definici¢n, por parte del Parlamento, a la cuesti¢n, el diputado destac¢ «que cuando hay voluntad pol¡tica se pueden aprobar leyes en pocos d¡as, se pone urgencia, se pone preferencia para la votaci¢n y las resoluciones son fluidas. Creo que si se pone esta voluntad pol¡tica es posible superar todas las limitaciones t’cnicas, todas las cuestiones de tiempo. Si es para preservar la vida de esas personas, los legisladores deben cumplir con las obligaciones del Estado argentino ante la Convenci¢n Americana de los Derechos Humanos».
El legislador arrib¢ a la conclusi¢n, luego de las reuniones que sostuvieron con miembros del Ejecutivo y del Legislativo, que si bien hay esfuerzos para resolver el tema » hay una zona gris. Se espera que el Legislativo lo resuelva, se espera que el Ejecutivo lo resuelva (…). Hay una bosqueda pero hay tambi’n una ambig_edad en la situaci¢n».
El di logo finaliz¢ con un deseo del diputado Miranda, al cual nos sumamos: «Esperamos que las medidas que se adopten tengan la suficiente velocidad para preservar las vidas».
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
