El esposo de la colega, el Dr. Rodolfo Shcoler anduvo con la bomba bajo el brazo casi toda la mañana en Tribunales y otras oficinas de gran concentración de público, haciendo trámites sin saber de que se trataba y nadie ha podido asegurar que por accidente no podía estallar. El hecho ocurrió dos semanas después del allanamiento realizado por la justicia a un regimiento del Ejercito, a solicitud de la Dra. Bruera, y con su presencia.
Es evidente que se trató de una intimidación que por su entidad tiene el objetivo de aterrorizar a quienes vienen luchando contra la impunidad del terrorismo de Estado, y al conjunto la población.
El 27 de julio de 1987, la Asociación Americana de Juristas se dirigió al entonces Presidente de la República, Dr. Raúl R. Alfonsín, señalando que desde que había asumido el cargo se habían registrado más de 1000 casos de amenazas, atentados, torturas, secuestros y asesinatos, entre los que se contaban la colocación de artefactos explosivos en los aviones de Isabel Per¢n y del Presidente de Italia Sandro Pertini, en el Congreso Nacional y al paso del propio presidente dentro de un cuartel del ejercito, y expresabamos nuestra preocupaci¢n porque que ninguna investigaci¢n hab¡a avanzado, ni se hab¡an esclarecido los hechos.
Esa impunidad, acentuada por las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos de Menem y la falta de depuraci¢n de las fuerzas armadas y de seguridad, son factores de estimulo para nuevos cr¡menes.
El atentado contra la Dra. Bruera se produce en el marco de cierto renacimiento del «poder militar», s¢lo explicable por la debilidad del gobierno nacional demostrada en el ascenso de oficiales imputados de responsabilidad en los cr¡menes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, su inacci¢n ante las expresiones de solidaridad de la jefatura del Ejercito con los torturadores y asesinos detenidos por negarse a declarar en los juicios de la verdad, y ante la tentativa de sustraer de la justicia civil la causa por el robo de beb’s por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, organismo administrativo dependiente del Presidente de la Repoblica, complementada por el requerimiento de remisi¢n la causa integra por la Corte Suprema de Justicia, al Juez Bagnasco, que paralizar¡a su tr mite. A ello se agrega la actitud de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia ante el pedido de detenci¢n de militares formulado por el juez espa_ol Garzon, en la causa por genocidio y terrorismo de Estado, con la contribuci¢n del juez interviniente Dr. Literas responsable directo de la falta de cumplimiento de la medida requerida.
Es por ello que reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional, al gobierno de la Provincia de Santa Fe y al juez interviniente, que en el mbito de sus respectivas competencias:
a) adopten todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la tranquilidad de la Dra. Matilde Bruera y su familia, la de todos los abogados que actoan en la defensa de los derechos humanos, especialmente de aquellos que lo hacen en los juicios de la verdad y en las causas por sustracci¢n de menores y por desaparici¢n forzada;
b) investiguen a fondo el hecho delictivo, determinen sus autores, c¢mplices e instigadores, y les apliquen las m ximas sanciones administrativas y penales;
c) eliminen los obst culos puestos al tr mite de las causas judiciales en los que se investiga el terrorismo de Estado;
d) presten colaboraci¢n en el cumplimiento de las medidas requeridas por el juez Baltazar Garz¢n.
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