Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) y su bloque legislativo, si bien, aceptaron el ofrecimiento de Noboa, aseveraron que la solución deberá estar sujeta a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El diputado socialcristiano, Xavier Neira Menéndez, al tiempo que aseveró desconocer las intenciones del Jefe del Ejecutivo, celebró su buena fe y solicitó una pronta actuación porque el país no puede seguir con un Poder Legislativo que no este jurídicamente estructurado. Asimismo, declaró que si bien él no se aferraba a la candidatura a la Presidencia del Congreso, la misma le correspondía, por mandato constitucional, al PSC.
Al mencionar a Susana González, la calificó como una persona ôvanidosa y ambiciosaö, que está dejándose manipular por un grupo de legisladores, sin darse cuenta de que ella no es del PSC.
Por su parte, el Alcalde de Guayaquil, el socialcristiano León Febres-Cordero, denunció que la intención de la nueva mayoría del Congreso era desestabilizar al Gobierno del Gustavo Noboa para que asuma el poder el Vicepresidente de la Repoblica, Pedro Pinto Rubianes.
Tal denuncia fue rechazada de plano por los bloques que componen la nueva mayor¡a parlamentaria. En tal sentido, Jos’ Cordero Acosta, primer Vicepresidente del Congreso, asever¢ que respetaba al Alcalde pero que «muy respetuosamente creo que las cosas no son as¡». Asimismo, se_al¢ que sobre la propuesta de mediaci¢n de Noboa, no le correspond¡a a ‘l discernirla, empero, agreg¢ que cre¡a que hab¡a «una mayor¡a que est actuando como Congreso y, por tanto, cualquier relaci¢n mediadora o propositiva del Gobierno debe ser planteada al conjunto, al grupo».
Quienes, tambi’n, sentaron posici¢n fueron los miembros de la minor¡a parlamentaria. En tal sentido, Carlos Falquez Batallas, Presidente del Congreso Nacional por la minor¡a legislativa, remiti¢ un escriot al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Galo Pico Mantilla, a los efectos que -en su condici¢n de titular del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ)- se abstenga de intervenir en el problema del Poder Legislativo. Es decir, demand¢, espec¡ficamente, la no intervenci¢n en relaci¢n al Juez D’cimo de lo Penal de Pichincha, Luis Mora Armijo, «que dict¢ la providencia que suspendi¢ los efectos jur¡dicos de las elecciones de dignidades del Congreso Nacional, llevadas a efecto el 1 de agosto de 2000» . El parlamentario se_al¢ que el pedido obedec¡a a que un grupo de legisladores -de la mayor¡a parlamentaria- hab¡a resuelto interferir en la decisi¢n del Magistrado, violando as¡ la Constituci¢n, que establece la independencia de los poderes.
En tanto las acusaciones y disputas se suced¡an, el Juez D’cimo de lo Penal de Pichincha, Luis Mora Armijo, se apresta a emitir -en las pr¢ximas horas- el fallo sobre el Amparo Constitucional interpuesto por diputados del PSC en contra de la elecci¢n de Susana Gonz lez Mu_oz como Presidenta del Congreso.
Recordemos que la mayor¡a parlamentaria hab¡a rechazado -por unanimidad- la decisi¢n del Juez de aceptar el tr mite de Amparo, aduciendo que de tal manera, la aceptaci¢n constituy¢ una agresi¢n a la Funci¢n Legislativa, violent¢ la Constituci¢n y la Ley.
La audiencia poblica de amparo se llev¢ a cabo el jueves 4, a la misma acudieron los diputados 8 que presentaron el recurso): Xavier Neira Men’ndez, Carlos Falquez Batallas, Napole¢n G¢mez Real, Dr. Alfredo Serrano Valladares, Carlos Saod Saod, Osvaldo Pacheco y Jos’ Alvear Icaza. Y los abogados defensores de los seis legisladores citados: Susana Gonz lez Mu_oz, Nina Pacari Vega, Jos’ Cordero Acosta, Cecilia Calder¢n de Castro, Antonio Posso Salgado y Mireya Adum L¡pari.
En la audiencia -que se llev¢ a cabo en el auditorio de la Corte Suprema de Justicia- los abogados defensores, de los diputados de la nueva mayor¡a, sostuvieron que no era competencia del Juez aceptar el recurso de amparo. El letrado, Gil Barrag n Romero que actu¢ en representaci¢n de Susana Gonz lez, sostuvo que: «Las violaciones constitucionales alegadas no podr¡an ser materia de un recurso de amparo, sino de una demanda de inconstitucionalidad. (…) Un recurso de amparo tampoco puede destruir el principio de aceptar las decisiones de mayor¡a».
Por su parte, el diputado, Jos’ Alvear (PSC) se_al¢ que «los complotados», no se hab¡an instalado con una convocatoria y tampoco con un Presidente que dirija la sesi¢n, remarc¢ que Nina Pacar¡ no pod¡a dirigir la sesi¢n dado que quien estaba en funciones era el socialcristiano Carlos Falquez. Asimismo, asever¢ que, la candidatura de Susana Gonz lez no fue presentada por el PSC (tal cual lo establece la Constituci¢n) sino por Mireya Adoum, del Partido Roldoista Ecuatoriano. Recalc¢, adem s, que Susana Gonz lez no pertenec¡a al PSC (explic¢ que la misma era una desafiliada y que por tal motivo no pod¡a aplicar el argumento de que lleg¢ al Congreso por el socialcristianismo).
La resoluci¢n que adopte el Juez deber ser analizada por el Tribunal Constitucional, dado que este es el organismo de oltima instancia. Es este el Tribunal que est facultado para resolver cuestiones vinculadas a la inconstitucionalidad de los catos administrativos de toda autoridad poblica. Todo indicar¡a que la nueva mayor¡a, contar¡a con el apoyo del Tribunal, dado que las fuerzas pol¡ticas que la componen, le son favorables, empero la oltima palabra aon no esta dicha.
El m ximo Tribunal Constitucional, est integrado por: Ren’ de la Torre, Carlos Elou y Hern n Salgado, Democracia Popular; Marco Morales, Izquierda Democr tica; Guillermo Castro, Partido Roldoista Ecuatoriano; el socialista Hern n Ribadeneira y los socialcristianos, Javier Amador, Luis Chac¢n y Luis Mantillla.
M¢nica Escayola
Corresponsal Informativos.Net en Am’rica Latina
