En la noche del jueves 31, el Juez ûque entiende en la causa- Carlos Liporaci había solicitado el desafuero de ocho legisladores (siete peronistas, Ramón Ortega, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda y Javier Meneghini, miembro de la Unión Cívica Radical, integrante del oficialismo).
En declaraciones periodísticas, ayer viernes 1, Liporaci basó su decisión precisando que existirían ôindicios concordantes, graves y precisosö acerca de la certeza del cohecho.
Para que un cohecho se cometa se precisan un sobornado y un sobornador, al respecto el Juez aseveró que si algún funcionario gubernamental hubiera estado involucrado ôno me va a temblar el pulso para citarlo e investigarloö.Asimismo, manifestó que citaría en la próxima semana al Secretario de Hacienda, Mario Vicens, a fin de que explique el destino de la asignación de partidas y los llamados fondos reservados (montos sobre los cuales no existen rendición de cuentas) durante el primer semestre del corriente a_o.
Avalando que la jornada tendr¡a movimiento continuo, los sucesos se trasladaron a los Tribunales Federales. All¡ el protagonista fue Emilio Cantarero. Vale recordar que el parlamentario concedi¢ una entrevista -resguardando su identidad- a la periodista Mar¡a Fernando Villosio, del matutino La Naci¢n, publicada el mi’rcoles 30, en la que asever¢ dos hechos: la existencia de sobornos y la confirmaci¢n de sobornados. Cantarero quebr¢ el acuerdo sellado con el peri¢dico, desmintiendo -el jueves 31- que hubiera efectuado tales declaraciones.
El legislador, calificado como «el arrepentido», le solicit¢ al Juez Federal Gabriel Cavallo que investigue a la periodista por el supuesto delito de «coacci¢n», se_alando que le hab¡a exigido cierta conducta so pretexto de perjudicarlo.
Por otra parte, H’ctor Recalde, abogado de la CGT disidente present¢ una denuncia ante la C mara Federal a fin de que se investigue si durante el debate parlamentario, se hab¡an cometido delitos tales como la alteraci¢n del texto final de la ley de reforma laboral.
El pedido de desafuero de los legisladores, requerido por Liporaci ya hab¡a ingresado a la Mesa de Entradas de la C mara Alta. A algunos de los periodistas, entre rondas de caf’ y cigarrillos, nos asalt¢ una idea: ya que la solicitud de desafuero estaba en el Senado, no ser¡a extra_o que algunos legisladores renunciaran a sus bancas. En Argentina, los senadores no son elegidos por voto popular, sino que son electos por las respectivas legislaturas provinciales. Por lo tanto, son ‘stas quienes deben aceptar o rechazar las renuncias.
Transcurridos algunos instantes, nuestra teor¡a tuvo su confirmaci¢n. En una improvisada rueda de prensa, el peronista Jorge Yoma, representante de la provincia de La Rioja y titular de la Comisi¢n de Asuntos Constitucionales de la C mara Alta, precis¢ que junto a sus pares conprovincianos, Eduardo Menem, peronista, y el radical Raol Galv n, hab¡an tomado la decisi¢n de renunciar a sus bancas. Aclar¢ que el gesto de dimitir a sus esca_os ten¡a su correspondencia con los «momentos dif¡ciles» por los que atravesaba el Senado. Finalmente, resalt¢ que esperaban que el parlamento riojano se reuniera en la pr¢xima semana a fin de estudiar sus dimisiones.
¨Habr m s renuncias? ¨Qu’ pasar con la solicitud de desafueros?
La primera de las preguntas tiene un final abierto.
La segunda tendr su respuesta cuando el martes pr¢ximo se reona el Senado y debata el tema.
La noche ya hab¡a ca¡do sobre la Ciudad de Buenos Aires y con ella un bal¢n de ox¡geno hasta el lunes 4.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
