«Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija». El Partido Revolucionario Institucional de México intentaría impedir o demorar indefinidamente la extradición a España del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo.
El ex integrante del grupo de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada está acusado de detenciones ilegales, torturas , desapariciones y asesinatos durante la dictadura militar argentina. El actual gobierno mexicano había otorgado la dirección del Registro Nacional de Vehículos, al ex represor argentino.
Rosario Green, Canciller del gobierno de Zedillo, afirmó que las acusaciones contra Cavallo deben completarse y probarse. «No se puede extraditar nada más porque alguien lo solicita sin bases y sin apoyo legal», dijo la Señora Green.
Agregó que el juez español, Baltasar Garzón tiene 60 días para entregar todas las pruebas necesarias para la extradición del ex militar argentino. Pero la funcionaria fue más allá: dijo que aún cuando dentro de ese plazo se recibieran las pruebas y el juez federal fallara en favor de la extradici¢n, Cavallo tendr¡a todav¡a una serie de recursos legales en su defensa.
El ex represor recibi¢ otra inesperada ayuda desde Espa_a. El jefe de la Fiscal¡a de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi_o, insiste en negar competencia a los tribunales espa_oles para juzgar a los jefes de las dictaduras de Argentina y Chile.
Pide que «tribunales superiores» revisen el dictamen de la Sala Penal de la Audiencia Nacional . Ese pronunciamiento reconoc¡a la jurisdicci¢n espa_ola para juzgar los grav¡simos delitos imputados.
Por su parte, los organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos han logrado documentar 227 casos de delitos cometidos durante la represi¢n en Argentina en los que aparece imputado Ricardo -ngel Cavallo.
La acusaci¢n particular en Madrid, ha fundamentado la necesidad de que la justicia mexicana otorgue la extradici¢n de Cavallo, para que pueda afrontar el proceso iniciado tiempo atr s por el juez Garz¢n.
Aunque los gobiernos siempre repiten que «se debe dejar trabajar a la justicia», los hechos son muy diferentes. Siempre hay formas y mecanismos para «orientar» resoluciones o presionar en determinado sentido. Ocurri¢ y ocurre con el intento judicial de terminar con la impunidad del general Pinochet.
Por su parte los jefes de la Fiscal¡a espa_ola tambi’n utilizando argumentos legales, dan la imagen de ejercer una defensor¡a adjunta de los dictadores y represores sudamericanos. Unos y otros colaboran para mantener abierto el paraguas de la impunidad . Bajo ‘l se amparan los responsables de la represi¢n contra sus propios pueblos. (Mx-Ar/QR/Au-Mt/Pl/ap)
Carlos Iaquinandi Castro
