El 23 de enero de 1989 en Buenos Aires, Argentina, un grupo de civiles, miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), realizó una incursión militar al cuartel «Regimiento 3 de Infantería de La Tablada», en un intento desesperado por frenar el avance de los sectores militares fascistas llamados «carapintadas», que conspiraban para dar un golpe militar contra el endeble gobierno de Alfonsín, y así desatar una oleada represiva en contra del incipiente movimiento democrático del pueblo argentino que apenas se recuperaba de las secuelas represivas de los anteriores gobiernos militares.
En un heroico y desigual combate, un grupo civiles y 3.600 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires y del Ejercito Argentino, éstos últimos recurrieron a un gran despliegue de infantería y blindados. Realizaron bombardeos con fósforo blanco, acciones prohibidas por la Convención de Ginebra.
Se trata de 15 presos que están en tres cárceles diferentes con condenas a perpetuidad, 5 que se encuentran con libertad vigilada, 2 que cumplen su condena en Espa_a producto de un tratado entre ambos pa¡ses, y 6 que se encuentran con pedido de captura . Todos se encuentran en esas condiciones desde hace 11 a_os: condenados y perseguidos.
Como consecuencia de los sucesos hubo – adem s de quienes fueron capturados o est n requeridos – 39 muertos y tres desaparecidos. 28 de los muertos y los tres desaparecidos eran compa_eros de los detenidos. Y 11 de los fallecidos pertenecian al Ej’rcito y la Polic¡a.
Contexto hist¢rico de La Tablada y la postura actual de los detenidos
Argentina ha sufrido desde el 6 de setiembre de 1930, fecha en que fue derrocado el entonces Presidente Yrigoyen, hasta el 3 de diciembre de 1990, oltima sublevaci¢n militar, reiterados intentos de golpe de Estado. Esto irrespeto por las instituciones, como es sabido, dej¢ un tr gico saldo para el pueblo.
Los hechos de La Tablada sucedieron en enero de 1989, y se ubican en la oltima ‘poca golpista; en el periodo que va desde el levantamiento militar de abril de 1987, hasta el oltimo que ocurri¢ el mencionado 3 de diciembre de 1990. Los atacantes del cuartel de La Tablada aseguran que se trat¢ de un «hecho puntual» ante un intento de golpe, y que no tuvieron ni tienen una tactica pol¡tica armada.
Fueron tiempos de duros y dolorosos enfrentamientos, pero felizmente superados. El actual gobierno es el cuarto que asume despu’s de ser elegido y luego de 16 a_os consecutivos de democracia. Y esto, ya consolidado, es la primera vez que ocurre en la historia argentina desde que en 1916 se implant¢ el voto obligatorio y universal.
Esa realidad es observada con atenci¢n tambi’n por los presos de La Tablada, quienes en setiembre de 1998 hicieron una declaraci¢n poblica en la que esencialmente reclaman poder participar en democracia y que finaliza expresando: …»Nuestra voluntad y actitud es de Tolerancia y nuestro Compromiso es con la Democracia».
La CIDH y La Tablada
La «Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos» (CIDH) de la OEA, ha emitido – a fines de diciembre de 1997 – un informe en el determina las arbitrariedades cometidas durante el juicio juicio que realiz¢ la C mara Federal de San Mart¡n, el tribunal que juzg¢ y conden¢ a los presos, y que determin¢ las capturas de otros ciudadanos. Entre esas arbitraridaes est la violaci¢n del derecho a la defensa, ya que los acusados carecieron de doble instancia judicial tal como lo establece la Constituci¢n.
La CIDH tambi’n determin¢ flagrantes violaciones a los derechos humanos, al comprobar que 9 personas fueron asesinadas luego de ser apresadas y que todos los detenidos sufrieron torturas; adem s confirm¢ que estos hechos , a pesar de haber sido denunciados, nunca fueron investigados.
Hablan los presos:
El 13 de julio, despues de 46 dias, suspendimos la huelga de hambre que llevabamos a cabo. Fue a pedido de un grupo de legisladores y miembros del Gobierno Nacional. Ellos nos prometieron, delante de representantes de los Organismos de derechos Humanos y de dos veedores extranjeros, que la incorporaci¢n del derecho a la apelaci¢n en la «Ley de Defensa de la Democracia» se discutiria el 3 de agosto en la sesion de la Camara de Diputados. En consonancia con uno de los reclamos – de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino – de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, era lo que ped¡amos.
A mediados de agosto, tras desentenderse de la promesa enunciada, desde el gobierno se nos comunic¢ que el procedimiento ser¡a inverso; que comenzar¡a con la aprobaci¢n en el Senado de un proyecto similar al de diputados, que – en la practica – tendr¡a el mismo efecto.
PROMESA INCUMPLIDA
Si bien una mayoria del bloque de la Alianza y una minoria de P.J estaban de acuerdo en adaptar la ley a la Constitucion y los Pactos Internacionales, Diputados justicialistas y delaurristas, y varios Senadores – entre los cuales estan todos los sospechados por delinquir -, lograron trabar el tratamiento de la ley.
Para peor el proyecto de Alberto Rodriguez Saa que se iba a discutir en el Senado sufrio modificaciones inconstitucionales, realizadas – para perjudicarnos – por el Senador Pardo; un aprendiz de mat¢n, conocido por concurrir armado al recinto de sesiones.
Pardo y sus asociados argumentan estar contra la impunidad que segun ellos – significaria nuestra liberaci¢n; y afirman que fuimos sometidos a un juicio justo, por un «Tribunal de la Democracia». Veamos estas dos cuestiones.
SOBRE LA IMPUNIDAD Y LOS CONGRESALES
La oposici¢n a la impunidad no parece ser uno de los fuertes de los legisladores. Por un lado, ellos votaron o consintieron el Punto Final y la Obediencia Debida., o se distrajeron frente a los desprocesamientos de la Corte y los indultos a los genocidas. Como si eso no bastara, para reafirmar su postura, en mayo del 99 se negaron a anular las leyes y decretos que permiten a los criminales caminar las mismas calles que las personas decentes. Es decir, se negaron nuevamente al juzgamiento de torturadores, asesinos y desaparecedores.
Por otra parte, Pardo y sus compa_eros de causa, no dudan en garantizar su propia impunidad. Se hacen juzgar por alguien que tiene pendientes cinco pedidos de juicio pol¡tico, y que acaba de ser denunciado por ser propietario de una casa…. exuberante, que sus ingresos no justifican: el Juez Liporaci. Liporaci, a su vez, es investigado por el consejo de la magistratura, que integran – para que todo quede entre amigos – dos de los Senadores cuestionados, como el, por recibir coimas.
SOBRE LA IMPUNIDAD Y NOSOTROS
¨Que es la Impunidad?. Impunidad existe cuando alguien que de acuerdo a la ley debe estar preso, no lo esta. Es el caso de los genocidas y los corruptos.
Nuestro caso es el inverso, de acuerdo a la ley debemos estar libres, pero estamos presos o perseguidos desde hace mas de once a_os.
Nosotros no demandamos impunidad ni un favor pol¡tico, sino una soluci¢n apegada – estrictamente – a la ley; acorde a los dictados de la Constituci¢n Nacional y a los Pactos Internacionales suscritos por Argentina. Nadie se deje confundir por estos representantes de si mismos… y de sus bolsillos.
SOBRE EL «JUICIO «JUSTO» (primera parte)
En el juicio que Pardo y sus partidarios califican de «justo», se dieron situaciones como las que siguen:
Juan Manuel Morales, el soldado que supuestamente fue aplastado por el camion con que ingresamos al cuartel, se presento a declarar. Esto ocurrio sin que a los miembros del «Tribunal de la Democracia» les llamara la atencion.
Oscar Miranda y Marcelo Fabian Aibar, otros dos soldados, reconocieron que habian preparado sus declaraciones ante un tribunal falso, montado en el Liceo Militar del que participo nada menos que uno de los fiscales, Pablo Quiroga.
El tribunal acepto como validas «pruebas» suministradas por la Inteligencia Militar; y otras entregadas por el cura Moises Jardin (confesor de Seineldin), quien se nego a revelar el origen de las mismas escudandose en el «secreto de confesion». Moises Jardin fue preso mas adelante por su participacion en el levantamiento del 3 de diciembre de 1990 y hoy esta profugo y asilado en Uruguay.
El «Tribunal de la Democracia» tambien acepto el testimonio en nuestra contra que brindo el ex Policia Federal Juan Carlos Bruno Moreno; poco despues preso por capitanear el ultraderechista grupo de secuestradores extorsivos «Los Arcangeles».
Se comprobo que la mayoria de los companheros muertos tenian un disparo, de gracia, en la cabeza.
Con la excusa de que debian ser objeto de investigaciones paralelas, el Tribunal se nego a considerar el caso de nuestros companheros asesinados despues de detenidos; como asi tambien el de las torturas a que fuimos sometidos, y el de la denuncia sobre tres companheros desaparecidos.
Las audiencias se suspendieron, de pronto y sin explicacion, cuando faltaba el testimonio de 200 personas citadas por nuestra defensa.
Los condenados en este primer «Juicio Justo» no tuvieron derecho a la apelaci¢n; lo cual, como indica el mas elemental criterio democr tico, invalida la sentencia.
SOBRE EL «JUICIO JUSTO» (segunda parte)
En julio de 1997 fueron condenados Ana Maria Sivori y Enrique Gorriaran, a quienes no se les permitio ejercer el derecho a defensa; el «Tribunal » considero «cosa juzgada» lo actuado en 1989, que acabamos de describir.
Para completar su actuaci¢n, la c mara de San Martin ignor¢ que los dos condenados en 1997 fueron ilegalmente detenidos Enrique secuestrado en Mexico y Ana Maria sin que siquiera figurara en la causa – a instancias de la ex-juez Morris Dooglatz; actualmente separada de su cargo por estar vinculada a la mafia del Mercado Central, cuyos delitos abarcan toda la gama que va desde el trafico de drogas hasta simple raterismo.
