La detención en México de un ex oficial del ejército argentino y presunto torturador podría ser un importante paso para hacer frente al legado de violaciones de derechos humanos cometidos bajo el régimen militar en Argentina, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El 24 de agosto del 2000, un hombre que se hace llamar Ricardo Miguel Cavallo, presunto responsable de torturas en Argentina durante el régimen militar (1976-1983), fue detenido en Cancún cuando estaba a punto de viajar a Buenos Aires. El detenido sigue bajo custodia en México en espera de que se determine judicialmente sin demora si debe ser sometido a un procedimiento de extradición o deben instruirse actuaciones penales contra él.
La actuación de las autoridades mexicanas es acorde con las obligaciones de México en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha afirmado Amnistía Internacional, expresando su satisfacción por la decisión.
Si esta persona fuera responsable de actos de tortura, el siguiente paso deber¡a ser ponerla a disposici¢n judicial, a_adi¢ la organizaci¢n.
Por su magnitud y gravedad, las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina bajo el r’gimen militar son cr¡menes contra la humanidad. Cualquier persona que cometa este tipo de cr¡menes est sujeta a una responsabilidad y una sanci¢n penal internacional, como reconocen numerosos instrumentos internacionales, como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El cumplimiento de ¢rdenes no exime a los perpetradores de su responsabilidad penal.
Adem s, ‘stos son delitos sobre los que cualquier Estado puede y, en opini¢n de Amnist¡a Internacional, debe ejercer la jurisdicci¢n universal independientemente de d¢nde se hayan cometido, de la nacionalidad de sus autores o sus v¡ctimas, del rango de la persona responsable o de la fecha en que se cometieron.
Despu’s de todos estos a_os, ya es hora de que las v¡ctimas de tortura en Argentina vean que sus peticiones no han ca¡do en el olvido y que aon puede hacerse justicia, ha manifestado Amnist¡a Internacional.
Informaci¢n general
Los tribunales federales mexicanos tienen jurisdicci¢n universal en los casos en que as¡ lo dispone cualquier tratado internacional, como son los casos de tortura. El art¡culo 7 de la Convenci¢n contra la Tortura exige a M’xico que, cuando en su territorio nacional se descubra a un presunto autor de torturas, ‘ste sea extraditado o su caso sea presentado ante las autoridades para emprender acciones judiciales.
Un juez de la Audiencia Nacional espa_ola ha emitido una orden internacional de detenci¢n contra Cavallo en el marco de las investigaciones que la Audiencia inici¢ en 1996 sobre cr¡menes contra la humanidad cometidos por el gobierno militar argentino. Un juez franc’s ha presentado a M’xico una petici¢n oficial para interrogar a Cavallo en relaci¢n con violaciones de derechos humanos cometidas contra 15 ciudadanos franceses, incluida la desaparici¢n en 1977 de dos monjas de esta nacionalidad.
Segon se afirma, Cavallo particip¢ en las violaciones de derechos humanos cometidas en la Escuela de Mec nica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. La ESMA era uno de los centros secretos de detenci¢n que figura en el informe de la Comisi¢n Nacional sobre la Desaparici¢n de Personas, creada en 1983 al retornar Argentina al r’gimen civil. Los testimonios que se han ido conociendo a lo largo de los a_os, incluido el de un ex oficial de la armada, confirmaron la informaci¢n documentada segon la cual las personas que all¡ estaban bajo custodia eran torturadas sistem ticamente y mor¡an a consecuencia de las torturas o eran sedadas y arrojadas desnudas al Atl ntico desde un avi¢n de la armada.
Las mujeres embarazadas secuestradas no se libraban de las torturas. A la mayor¡a les permit¡an dar a luz antes de hacerlas desaparecer o matarlas. Sus hijos eran entregados a otras personas, en muchos casos a parejas sin hijos vinculadas a las fuerzas armadas o la polic¡a. Las organizaciones argentinas de derechos humanos han calculado que por la ESMA pasaron entre 4.000 y 5.000 detenidos desaparecidos.
La mayor¡a de los autores de estos delitos segu¡an impunes en virtud de la Ley de Punto Final de 1986, la Ley de Obediencia Debida de 1987 y los indultos presidenciales de 1989 y 1990.
