Tras una nueva frustración en la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de ley que habilite la segunda instancia en el caso de los presos políticos de La Tablada, el presidente argentino Fernando de la Rúa firmó el jueves 7 un decreto para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ôdeclare el derecho a recurrir por parteö de los condenados.
ôPara agotar todas las instancias, el Presidente firmó hoy un decreto en el que da expresas instrucciones al Procurador (Ernesto Marcer) para que inicie en nombre del Estado Argentino un recurso extraordinario para que la Corte Suprema declare el derecho a recurrir por parte de los acusadosö, indicó Jorge de la Rúa, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, ante los periodistas reunidos en la Casa de Gobierno.
Acto seguido explicó que la presentación se fundaba ôen que la Corte ha señalado en muchas oportunidades que aún no existiendo una norma legal expresa, si la persona tiene un derecho de fondo, los jueces pueden reconocerle una v¡a recursiva».
Asimismo, se lament¢ por el «fracaso del acuerdo pol¡tico» al cual hab¡an arribado con los legisladores de la oposici¢n peronista que trab¢ el tratamiento del proyecto al cual nos referimos p rrafos m s arriba. Y ratific¢ que «el objetivo del Gobierno es lograr dentro de los mecanismos institucionales normales regulares el cumplimiento de la obligaci¢n» de lo expresado en el Pacto de San Jos’ de Costa Rica.
Vale recordar que la reforma constitucional argentina de 1994, incorpor¢ a su Carta Magna dicho Pacto el cual vela por la vigencia de los derechos humanos, lo que contradice lo establecido en la llamada «Ley de Defensa de la Democracia» por la que fueron juzgados y condenados los atacantes al Regimiento de La Tablada.
A partir de all¡ los reclamos de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la Argentina, como signataria del Pacto, adecuara la onica normativa que no contempla la segunda instancia judicial fueron deso¡dos tanto por la administraci¢n de Carlos Menem cuanto -de momento- por el Ejecutivo de De la Roa.
El Ministro, que estuvo acompa_ado por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, explic¢ que el camino que recorrer la instrucci¢n del Ejecutivo es «un recurso ante la C mara de Casaci¢n planteando un recurso extraordinario contra el pronunciamiento de esa misma C mara para que la Corte (Suprema de Justicia) declare que corresponde el recurso».
El hermano del presidente de la Naci¢n manifest¢ su esperanza en que la CSJ «se pronuncie a la brevedad» habida cuenta de lo reclamado y subray¢ que a posteriori los presos pol¡ticos -que cumplen hoy 97 d¡as de huelga de hambre- podr¡an plantear, ante la C mara Nacional de Casaci¢n, el recurso de revisar sus condenas.
En tanto, admiti¢ que el Gobierno «tiene a estudio» la factibilidad de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) lo que pondr¡a fin a la detenci¢n de los presos pol¡ticos, empero consider¢ al DNU «una situaci¢n l¡mite desde el punto de vista jur¡dico» puesto que la Constituci¢n de la Naci¢n veda dicha medida en los temas referidos a la legislaci¢n penal.
En tanto, familiares de los presos pol¡ticos manifestaron que la instrucci¢n presidencial segu¡a dilatando la resoluci¢n del conflicto.
Ahora bien, habida cuenta que en nuestro pa¡s los tiempos de la Justicia no se condicen con los de los ciudadanos y como en el caso de los 13 huelguistas un minuto de demora es un instante menos de vida, ojal que el deseo de Jorge de la Roa se cumpla y que la CSJ otorgue al pedido del Ejecutivo la urgencia que se merece.
Si esto no fuera as¡ y alguno de los presos pol¡ticos falleciera ninguna condolencia ser v lida.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
