El miedo que tienen algunos testigos de reconocer a quienes cometieron delitos durante la tragedia de Vargas, es el principal impedimento para completar la investigación sobre la violación de derechos humanos en el estado Vargas, afirmó el fiscal general Javier Elechiguerra, mientras los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia conminó a los tribunales, Fiscalía y Dirección de Servicios de Inteligencia a que actúen contra los responsables. Elechiguerra explicó que algunas personas reconocieron a funcionarios que cometieron violaciones de derechos humanos, cuando los vieron en álbumes que recibió la fiscalía por intermediación del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, dijo, «inexplicablemente cuando se presentan al reconocimiento, las personas se ponen nerviosas, no hablan, agachan la cabeza y se niegan a reconocer. Nosotros sí hemos demostrado la violación de derechos humanos», aseguró el fiscal, y agregó que para completar la investigación hay que romper el miedo, porque no se puede obligar a nadie a reconocer a los agresores. Afirm¢ el fiscal que presentar dicha acusaci¢n ser¡a violentar «de una manera brutal» el estado de derecho.Por otra parte, se_al¢ que no puede cumplir con el mandato del Tribunal Supremo de Justicia, de tipificar los delitos como desaparici¢n forzada de personas. «El Ministerio Poblico no puede, bajo ningon concepto, presentar acusaci¢n por el delito de desaparici¢n forzada de personas. Por una raz¢n muy elemental: el delito de desaparici¢n forzada de personas aparece en la legislaci¢n venezolana a partir del 20 de octubre, fecha en la cual aparece la reforma del C¢digo Org nico Procesal Penal», dijo. El Tribunal Supremo orden¢ enjuiciar a los miembros de la polic¡a pol¡tica Disip implicados en la «desaparici¢n forzada» de Marco Antonio Monasterio, despu’s de estudiar informes institucionales que indican que este ciudadano fue entregado a la polic¡a pol¡tica durante la tragedia de Vargas. Cuando s¢lo falta un d¡a para que se cumpla un a_o sin que los familiares tengan noticias del paradero de este ciudadano, la Sala Constitucional conmin¢ a los tribunales, a la Fiscal¡a y a la Direcci¢n de Servicios de Inteligencia a que actoen para castigar a los culpables. El expediente pasar a manos de la Corte de Apelaciones de Vargas, instancia que deber vigilar que el caso quede en manos de un tribunal penal. As¡ lo mand¢ el TSJ despu’s de concluir que el Tribunal 6 de Control de Vargas y la Corte de Apelaciones no agotaron las indagaciones, ni pod¡an cerrar el caso hasta la aparici¢n, con o sin vida, de Marco Monasterio. La sentencia hizo un llamado de atenci¢n a la Fiscal¡a, instancia que inform¢ que no pod¡a acusar a los implicados en la desaparici¢n de Monasterio, «porque en nuestro pa¡s no existe una regulaci¢n que permita castigar estos actos». Resalt¢ el fallo, para ello, que en el caso estudiado los organismos del estado incurrieron en «grave violaci¢n del derecho a la libertad de Monasterio». ‘(…) Y el C¢digo Penal venezolano autoriza a presumir la comisi¢n de delitos contra la libertad individual (…) y agravados considerando que se habr¡a cometido una ejecuci¢n con alevos¡a, aprovech ndose de la calamidad ocurrida y en uni¢n de otras personas para asegurar la impunidad’, acot¢. Adem s, record¢ que la violaci¢n de los derechos a la libertad y seguridad est n consagrados en la Declaraci¢n Universal de Derechos Humanos, la Convenci¢n Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¡ticos, suscritos por Venezuela y de aplicaci¢n de rango constitucional’. ‘Y si bien el delito cometido contra Monasterio no estaba tipificado en algon c¢digo, tambi’n es cierto que la violaci¢n de derechos humanos compromete la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria de sus autores’, a_adi¢. Igualmente cit¢ el TSJ una decisi¢n de la Corte Interamericana en el caso Vel squez-Rodr¡guez (29-07-88), en la cual se condena un caso como el de Monasterio alegando que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad; 2. Nadie puede ser privado de su libertad f¡sica (s¢lo de acuerdo a la ley); 3. Nadie puede ser sometido a detenci¢n o encarcelamiento arbitrario, y 4. El detenido debe ser llevado ante un juez (COPP venezolano). ‘Y la desaparici¢n forzada, como la descrita en el caso Monasterio, implica con frecuencia la ejecuci¢n de los detenidos, en secreto y sin f¢rmula de juicio, seguida del ocultamiento del cad ver, con el objeto de borrar toda huella’, a_adi¢. Considerando lo expuesto, el TSJ inst¢ a la Fiscal¡a a completar la investigaci¢n y a procurar el enjuiciamiento penal de los funcionarios de la Disip que participaron, ‘aun a t¡tulo de encubridores’, en la comisi¢n de los delitos contra la libertad individual y contra la propiedad, en perjuicio del ciudadano Marco Monasterio, as¡ como a ejercer la acci¢n civil. El TSJ tambi’n mand¢ a la polic¡a pol¡tica que ordene la apertura de una averiguaci¢n disciplinaria que permita deducir la responsabilidad del subcomisario Casimiro Jos’ Y nez. Record¢ el TSJ que la jueza 5 de Control de Vargas ya cit¢ a 5 funcionarios ‘a reconocer’. Estos son el comisario general Justiniano Mart¡nez, subcomisario Johnny Aponte, subcomisario Casimiro J. Y nez, subinspector Fernando Rivas y subinspector Antonio V squez Sanz. Participar¡an en la rueda funcionarios del Ej’rcito. Javier Elechiguerra se sinti¢ sorprendido por la falta de conocimiento jur¡dico de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Exigir que se juzgue a los responsables por las desapariciones forzosas ocurridas durante la tragedia de Vargas es ilegal,dijo, porque el delito tan s¢lo fue establecido en la reforma del C¢digo Penal efectuada en octubre. No obstante, sabe que se violaron los derechos humanos en Vargas y en su despacho han trabajado para tratar de encuadrar los hechos en un supuesto jur¡dico, que permita castigar a los responsables, pero el temor de los testigos ha impedido resultados, dado que se niegan a reconocer a los funcionarios policiales involucrados. Aram Aharonian Corresponsal Informativos.Net en Am’rica Latina
EL MIEDO DE LOS TESTIGOS IMPIDE COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE DESAPARECIDOS EN EL VENEZOLANO ESTADO DE VARGAS
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