El Movimiento y tres entidades ligadas a la defensa de los derechos humanos formalizaron la queja ante la Comisión Interamericana. El organismo acató la denuncia y envió un comunicado al gobierno brasileño solicitando explicaciones.
El movimiento y las entidades denunciantes piden que se procese a los responsables de la intervención telefónica y grabación de conversaciones de integrantes de dos cooperativas del Movimiento de lo Sin Tierra, en mayo de 1999.
En ese tiempo, la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná
denunció que el Movimiento de los Sin Tierra se estaría armando para posibles confrontaciones con los propietarios de las tierras.
El gobierno de Paraná dijo que la intervención telefónica se
realizó con autorización judicial. María Luisa Mendoza, directora del Centro de Justicia Global, una de las organizaciones no gubernamentales signatarias de la denuncia enviada a la OEA, afirma que la autorización
para la intervención telefónica es ilegal.
Dijo que la autorizaci¢n dada por una jueza se bas¢ en un pedido hecho por el coronel de la Polic¡a Militar, Fernando de Lara. Por ley, la interferencia telef¢nica s¢lo puede hacerse a partir de un pedido de la Polic¡a Civil, del Ministerio Poblico o de la propia justicia.
La Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tambi’n trata otras denuncias de abusos en Paran contra trabajadores rurales.
Una de ellas es el asesinato del trabajador rural Sebasti n
Camargo, durante un conflicto en el campo en febrero de 1998. El otro caso es el de Denis Bento da Silva, muerto en marzo de 1993, en una acci¢n que el Movimiento de los Sin Tierra atribuye a la Polic¡a Militar.
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