juez especial Héctor Carreño dispuso dar por finalizada la búsqueda de los cuerpos de seis dirigentes del Partido Comunista chileno. Tomó esa decisión tras dos días de excavaciones en la zona conocida como Cuesta Barriga, a 12 kilómetros de Santiago.
Ese lugar fue señalado en el informe entregado por los militares al presidente Lagos, en el que la Armada se responsabilizó del secuestro y ejecución de esos seis militantes comunistas en 1976.
Requerido por los familiares, el presidente Lagos recibió a
miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estos plantearon al gobierno la necesidad de que solicite al Ejército la ubicación exacta de los cuerpos.
Estas inhumaciones, en caso de hallarse los cuerpos, sería de las pocas confirmaciones que podría tener el informe militar. En numerosos casos admitieron el secuestro y la ejecución de opositores, pero indicando que sus cuerpos fueron arrojados al mar, o a ríos caudalosos.
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