El principal objetivo se orienta a reforzar la lucha contra el crimen organizado, ampliar las acciones tendientes a brindar tranquilidad a los habitantes de ese estado y en conjunto ûambas Procuradurías- emprender la lucha contra la variedad de delitos que ôerosionan la estructura de seguridad públicaö.
Las acciones comprometidas en el Convenio de Colaboración son las siguientes:
Mejorar los índices de seguridad pública en Tamaulipas;
Eficientar las tareas de investigación y persecución de delitos, en el orden federal y estatal;
Elevar la calidad de los procedimientos e instrumentos de capacitación de los servidores públicos adscritos a ambas procuradurías;
Eficientar la ejecución de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencias pendientes de cumplimentar;
Fortalecer la colaboración policial, técnica y pericial;
Consolidar la cultura de la prevención del delito y
Promover el respeto absoluto a los derechos humanos y a las garant¡as individuales por parte de los servidores poblicos.
Tamaulipas, a partir de la firma, contar con seis mil 693 agentes policiales los cuales ser n provistos de 5 mil 877 nuevas armas y 623 veh¡culos.
En la ceremonia estuvieron presentes, entre otros, el Presidente Vicente Fox; el Gobernador del Estado, Tom s Yarrington Ruvalcaba; el Procurador General de la Repoblica Rafael Macedo de la Concha, y el Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Eduardo Garza Rivas.
En la ocasi¢n, Garza Rivas, se_al¢ que la seguridad poblica «aparece reiteradamente como una de las m s constantes exigencias que la sociedad mexicana, reclama».
«Los nuevos tiempos, que hoy vivimos, las nuevas circunstancias que hoy imperan y que son producto del cambio din mico, que el propio nocleo social va generando en forma natural, nos exigen analizar con mayor detenimiento las estrategias que debemos adoptar» afirm¢ el funcionario. Seguidamente a_adi¢ que en la actualidad la sociedad demanda la instrumentaci¢n de «acciones firmes, eficientes y eficaces para la protecci¢n y salvaguarda de su integridad personal, la de su familia y de su patrimonio».
El Procurador, remarc¢ que el gobierno estatal a ha hecho e la seguridad poblica una de sus prioridades, lo cual se cristaliza, precis¢, en los recursos que se destinan para esa materia, «en menos de dos a_os» el mismo pas¢ de «60 a 208 millones de pesos» (6 a 20,8 millones de d¢lares) para 2001.
Los recursos a lo cual se le suma un nuevo marco jur¡dico posibilito robustecer a las «instituciones destinadas a preservar la seguridad poblica», cuanto as¡, llevar adelante «un m s efectivo esclarecimiento y persecuci¢n de los delitos empezando ya a manifestarse en una disminuci¢n del ¡ndice delictivo», explic¢ el funcionario.
Debido a la contribuci¢n que ha significado en el fortalecimiento de las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por el orden, se propuso la continuidad de «Programa de Apoyo Financiero, derivado del Sistema Nacional de Seguridad Poblica», coment¢.
«Las acciones de gobierno en la materia deben ser en’rgicas, sin olvidar ni perder de vista, el ineludible e inquebrantable respeto a los derechos humanos, pues, no podemos ni debemos combatir la ilegalidad con la ilegalidad porque el deber y la finalidad del Estado es, precisamente, la protecci¢n y salvaguarda del Estado de Derecho», asever¢ Garza Rivas.
Record¢ que en su 8 sesi¢n plenaria la Conferencia Nacional de Procuraci¢n de Justicia, hab¡a acordado «la conveniencia de una participaci¢n conjunta entre la Procuradur¡a General de la Repoblica y las Procuradur¡as del pa¡s», a fin de crear «las agencias del ministerio poblico mixtas», para «atender y combatir el narcotr fico en peque_a escala».
En la actualidad existen 5 agencias mixtas «que (…) han operado con resultados satisfactorios», los cuales podr¡an incrementarse si se contara con un «mayor apoyo», sostuvo.
«Es importante destacar que la creaci¢n de las agencias mixtas nos han permitido trabajar coordinada y conjuntamente a la Procuradur¡a General de la Repoblica y a la del Estado, haciendo a un lado viejos resabios y est’riles y falsos antagonismos, lo que ha hecho propicio mejorar la imagen de las instituciones», indic¢ el Procurador.
En otro tramo de su alocuci¢n, asever¢ que si bien es una realidad que se deba «pugnar por la asignaci¢n de mayores recursos que fortalezcan las acciones» que se vienen realizando en la materia, tambi’n es «cierto que todo ser insuficiente si no procedemos con imaginaci¢n, determinaci¢n, firmeza, pero sobre todo, con honradez en las acciones que emprendamos»..
Garza Rivas, afirm¢ que la firma del convenio era la muestra de la voluntad de encontrar nuevos caminos para combatir la delincuencia», concluy¢.
Luego fue el turno del Procurador General de la Repoblica, General Marcial Rafael Macedo de la Concha.
Inici¢ su discurso afirmando que «federalismo fortalecido por la actual normalidad democr tica, los distintos niveles de gobierno tenemos un solo inter’s: la naci¢n mexicana».
Macedo de la Concha, indic¢ que la sociedad «reclama seguridad poblica para desarrollar todas sus potencialidades, y el estado en su conjunto, est obligado a proporcionarla». A_adi¢ que los responsables de materializara tal obligaci¢n son las diferentes instancias de gobierno.
«La Federaci¢n, los estados y los municipios, debemos implementar acciones que permitan abatir la delincuencia, para cumplir con la exigencia legal de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservando el orden y la paz poblicos».
Una de las partes integrales del concepto de seguridad publica, explic¢ el funcionario, se plasma en las «tareas constitucionales del Ministerio Poblico, de investigar y perseguir los delitos».
La lucha contra el delito debe asumir un car cter integral, dado que no se puede separar «prevenci¢n del delito de procuraci¢n y administraci¢n de justicia», ya que todos «los esfuerzos deben concatenarse en el marco del absoluto respeto a las competencias constitucionales y legales que a cada ¢rgano del Estado le corresponden», remarc¢ el Procurador General de la Repoblica. Seguidamente agreg¢ que todos los noveles gubernamentales deben «coordinar esfuerzos, para que las pol¡ticas en materia de seguridad poblica sean coherentes y efectivas».
M s adelante enfatiz¢: «Si la delincuencia se organiza, el Estado debe cohesionarse en todos sus niveles para combatirla frontalmente. No permitiremos, no toleraremos la violencia que genera el narcotr fico y la delincuencia organizada, ni los delitos del orden comon que acompa_an a estas despreciables actividades. Tenemos que unirnos para desarticularlas, para destruirlas, para desterrarlas de la sociedad mexicana».
Hizo un llamado a los legisladores federales y locales, y les indic¢ tienen una tarea fundamental: «mejorar el Marco Jur¡dico para desterrar la posibilidad que la imperfecci¢n de las normas produzca impunidad».
«En las renovadas condiciones democr ticas, la sociedad debe tambi’n colaborar con el Gobierno. Democracia significa involucrar en las tareas gubernamentales a la ciudadan¡a. Entre m s cerca de las autoridades est’ la sociedad, mayor transparencia existir en el actuar poblico», se_al¢. Al tiempo afirm¢ que prioritario «establecer los v¡nculos con la ciudadan¡a, mediante comunicaci¢n constante y abierta para trabajar unidos por la seguridad de todos los mexicanos».
Haciendo menci¢n al Convenio de Colaboraci¢n, indic¢ que entregar¡a al Gobernador Tom s Yarrington, un disco compacto el cual «contiene las ¢rdenes de aprehensi¢n vigentes que en materia federal y que por mandamiento judicial se encuentra pendientes de cumplimentar», detall¢ el Procurador General.
Finalmente expres¢ «la misi¢n de todos (…) es s¢lo una: ¥M’xico! «
