El funcionario judicial también promovió, ante la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1626 de la Función Publica y el Art. 37 de la Ley 1621/2001 ûla cual rige el ôPresupuesto General de Gastosö.
Latorre sostuvo que ambas normativas atentan contra la autonomía del Ministerio Público, en virtud de ello se solicitan las medidas cautelares pertinentes y la suspensión de los efectos de ambas normativas, hasta tanto el máximo Tribunal se expida al respecto.
En esa dirección aseveró el procurador, ôcreemos que las disposiciones, tanto de la ley de Función Publica, como la especifica de la ley de Presupuesto atentan contra nuestra autonomía e implican una reducción marcada de lo que nosotros consideramos tenemos que mantener dentro del Ministerio Publico para que nuestra funciones sean ejercidas en forma independiente y con prescindencia de cualquier subordinación a un poder publicoö.
