El Contralor General, Carlos Ossa, al efectuar la denuncia, detalló que la empresa colombiana cuenta con 8 mil 204 funcionarios que cada mes le cuestan al Estado 11 millones 939 mil dólares por concepto de haberes salariales. Al tiempo, detalló que cuenta con una nómina paralela que consume recursos por 12 millones 444 mil dólares.
Entre las irregularidades que pudo constatar la Contraloría se encuentran: aumentos salariales de hasta 141% para algunos funcionarios en el año 2000 y el pago de indemnizaciones exorbitantes a empleados despedidos. Sobre esto último punto, Ossa explicó que al menos 5 funcionarios que trabajaron unos pocos meses en la petrolera fueron indemnizados por un total que asciende a 577 mil dólares, monto que no llega a percibir un trabajador promedio en toda una vida de trabajo.
Ossa advirtió, que si tales anomalías no son corregidas, la estatal podría tornarse en una empresa inviable, con serios problemas de liquidez.
