Las cesiones otorgadas por la Cámara Baja las había exigido, el domingo 18 por la noche, el Jefe de Estado, cuando presentó a Domingo Felipe Cavallo como el hombre que se haría cargo de la economía nacional tras la renuncia de Ricardo López Murphy.
Entre esos poderes especiales, el Ejecutivo aspiraba a poder contar con la absoluta libertad para privatizar el Banco de la Nación Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los Entes Reguladores, las Universidades, la obra social de los jubilados y pensionados.
Asimismo, otro de los puntos que más le apetecía al Gobierno se relacionaba a que se le diera carta blanca para despedir personal del Estado, rebajar los haberes de los empleados públicos y también la de los pensionistas y jubilados.
Por fortuna, la discusión acalorada de estos cruciales tópicos llevó a que, muy a pesar de todas las explicaciones dadas por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el radical Raúl Baglini, y miembro informante de la misma, en las facultades especiales aprobadas ambas cuestiones no estar n contempladas.
Desde el viernes por la noche, jornada en la que comenz¢ la discusi¢n y que se extendi¢ hasta este martes, cuartos intermedios de por medio para que los legisladores repusieran energ¡as, varios fueron los picos de tensi¢n que se vivieron en el debate.
Uno de ellos fue cuando la diputada radical por la provincia del Chaco, Elisa Carri¢, denunci¢ al Ejecutivo de querer convertir en delincuentes a los legisladores al votar la cesi¢n de super poderes al Gobierno de su correligionario De la Roa. La parlamentaria, distanciada desde hace tiempo con sus huestes partidarias, sostuvo que se presentar¡a ante la Justicia para que fueran declarados «infames traidores a la Patria» a aquellos colegas suyos que le brindaran apoyo a la exigencia gubernamental. No conforme con ello, hizo estallar una bomba verbal en el recinto al anunciar que renunciaba a pertenecer al bloque del radicalismo.
Otro de los hitos de la r¡spida discusi¢n, tuvo lugar en la madrugada del martes al debatirse el inciso f del art¡culo 1, que permit¡a garantizar operaciones de cr’dito poblico a trav’s de la enajenaci¢n de recursos o activos poblicos. Al no encontrar eco, la bancada del oficialismo, debi¢ dar marcha atr s, quedando ese punto reservado al Parlamento.
Por otra parte, tambi’n gener¢ pol’micas la facultad cedida al Ejecutivo que lo habilitar a transformar entidades aut rquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, total o parcialmente, en empresas poblicas, sociedades del Estado u otras formas de organizaci¢n jur¡dica, con lo cual se podr cambiar la figura jur¡dica de los empleados de las futuras empresas.
En la oltima de las jornadas marat¢nicas, la C mara Baja le cedi¢ al Ejecutivo la facultad de derogar o modificar las normas de rango legislativo en el mbito nacional, que puedan perjudicar la competitividad de la econom¡a, quedando exceptuadas la Ley de Convertibilidad (que desde abril de 1991 llev¢ a la paridad cambiaria entre el peso y el d¢lar) los C¢digos Civil y de Comercio. Asimismo, tampoco lo podr hacer con relaci¢n a la materia penal, laboral, tributaria, sanitaria, previsional y en el marco regulatorio del empleo poblico.
Finalmente, en el proyecto aprobado se crea una Comisi¢n Bicameral que se encargar de monitorear la utilizaci¢n de la delegaci¢n legislativa, cuya integraci¢n se conformar con 6 senadores y otros tantos diputados que integran las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto de ambas C maras.
Con su «deber» cumplido, la C mara de Diputados gir¢ a la de Senadores, que comenz¢ a tratar el marco regulatorio en la tarde de ayer mi’rcoles, el proyecto de «Ley de Competitividad», denominaci¢n que el Ejecutivo le otorg¢ a su exigencia de poderes especiales.
As¡ las cosas, la cesi¢n de facultades caducar el 1 de marzo del a_o pr¢ximo, lo que implica que el Parlamento tendr unas largas vacaciones ya que s¢lo se limitar a debatir temas menores, dejando en manos del Ejecutivo el destino de millones de habitantes de la Argentina.
Si llegara a prosperar el planteo de la diputada Carri¢ relacionado a que se declare «infames traidores a la Patria» a los legisladores que le dejan al Ejecutivo amplios poderes, no ser¡a descabellado suponer que en los pr¢ximos meses los Tribunales podr¡an llenarse de demandas en ese sentido.
Habida cuenta que en octubre pr¢ximo, las argentinas y los argentinos deberemos acudir a las urnas para renovar la mitad de las 257 bancas de diputados, y dado que muchos de ellos aspirar a renovarlas, la pr¢xima palabra la tendr la poblaci¢n, y en sus manos estar ratificar a aquellos que cedieron su potestad legislativa o bien botarlos por no cumplir con su funci¢n al haberse arrodillado ante el Poder Ejecutivo.
