En horas del mediodía, en la sede del Consejo Federal de Inversiones ûen el porteño barrio de Retiro- se reunieron los 14 gobernadores peronistas, los 8 que responden a la Alianza y el del Movimiento Popular Neuquino.
A través de un comunicado conjunto suscripto por 22 de los 23 asistentes, los Mandatarios solicitaron que los diputados nacionales «tengan a bien tratar y aprobar con carácter de urgente una ley que permita coparticipar la recaudación del denominado impuesto al cheque (a las transacciones financieras)».
En abril pasado, el Ejecutivo creó ese impuesto que grava con el 0,6% los depósitos y extracciones en las cuentas bancarias, tributo que en agosto recaudó 430 millones de pesos.
A la salida del encuentro, el peronista Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, fue uno de los portavoces del cónclave.
«Pedimos respeto al piso (suma fija mensual de 1364 millones de pesos o dólares) de la coparticipación, pero también que se coparticipe el impuesto al cheque, como una forma de ayudar a equilibrar los nomeros en las provincias», destac¢.
Quien no ahorr¢ duras palabras para con el Ministro de Econom¡a, Domingo Felipe Cavallo, fue otro compa_ero de tienda pol¡tica del santacruce_o.
Adolfo Rodr¡guez Saa, titular del Ejecutivo de San Luis, puntualiz¢ que el titular de la cartera de Hacienda «debe cumplir los acuerdos que ‘l suscribi¢ y nos pidi¢ que suscribi’ramos las provincias argentinas. Si un Ministro no est dispuesto a cumplir con la ley, entonces se tendr que ir».
Recordemos los gobernadores suscribieron -a finales del a_o precedente- un acuerdo previo al «blindaje» financiero que recibi¢, en febrero de 2001, el Estado argentino. Ese salvataje, cercano a los 40 mil millones de d¢lares, involucr¢ al Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los principales bancos del exterior y de la Naci¢n sudamericana, cuanto as¡ al Estado espa_ol.
El sanluise_o, aclar¢ que «no estamos pidiendo m s recursos, estamos pidiendo que se cumpla con la ley», para ratificar que las provincias no aceptar n ajustes en los fondos.
En tanto, desde la arena de los gobernadores oficialistas dos tendencias quedaron bien marcadas.
La primera englob¢ a los radicales de Mendoza, Roberto Iglesias; de R¡o Negro, Pablo Verani; de Entre R¡os, Sergio Montiel; al Interventor Federal de Corrientes, Oscar Aguad; al aliancista porte_o Ibarra y al sanjuanino Alfredo Avel¡n.
Este oltimo, portaestandarte del grupo, exclam¢ que exigir n al Gobierno nacional «que nos entregue lo que nos corresponde», y a_adi¢ que «hubo una gran unidad de criterio y solidaridad» entre los Mandatarios.
Por su parte, el radical chaque_o Angel Rozas, qued¢ s¢lo frente a sus pares oficialistas.
M s proclive al di logo con la administraci¢n central, precis¢ que en la reuni¢n vieron la posibilidad de entablar conversaciones con el Gobierno «por un tema que nos preocupa a la mayor¡a de las provincias, que es la reestructuraci¢n de nuestras deudas poblicas» distritales.
En ese sentido, indic¢ que «esto deber¡a terminar en una mesa comon con autoridades del gobierno nacional, fundamentalmente del ala econ¢mica».
Pero para no quedar descolgado del reclamo de sus pares, aclar¢ que «en primera instancia quisiera acordar con nuestro Gobierno nacional, pero si no encuentro una salida consensuada tendr’ que ir como todos los gobernadores a la Corte (Suprema de Justicia)», de cara a un probable incumplimiento del piso mensual de 1364 millones.
Valga recordar que por ley el Estado debe girar esa suma fija a las provincias, correspondi’ndole a cada una el coeficiente fijado.
El FMI, cuando rubric¢ -con la Argentina- la Carta de Intenci¢n, por la cual el organismo de cr’dito se comprometi¢ a desembolsar una ayuda financiera extra de 8 mil millones de d¢lares al Gobierno del radical De la Roa, fij¢ como exigencia para ese auxilio que se modifique la normativa legal reemplaz ndola por otra que contemple un porcentaje de la recaudaci¢n impositiva. Que en los oltimos tiempos merm¢ a ra¡z de la aguda recesi¢n econ¢mica que comenz¢ en julio de 1998.
As¡ las cosas, para la gesti¢n presidencial entr¢ a correr tiempo de descuento, porque precisa sacar la nueva ley de coparticipaci¢n federal antes de que concluya 2001.
Si fuera antes de las elecciones legislativas del pr¢ximo 14 de octubre, el Gobierno se anotar¡a un gol, ya que si llegara a perder la mayor¡a en Diputados -lo que podr¡a ocurrir- luego del 10 de diciembre, el Ejecutivo se las ver¡a en figurillas.
