«RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE PERSONALIDADES A LA MESA DE DIALOGO Y NEGOCIACIÓN
Los suscritos comisionados, designados por la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación para el proceso de paz en virtud del numeral 3o del Acuerdo de Los Pozos suscrito entre el señor Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y el comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, después de una intensa y concienzuda labor durante la cual hemos tenido oportunidad de analizar y evaluar los distintos factores que han conducido a la situación de conflicto armado que, desde hace ya varias décadas, vive la nación y cuyas implicaciones sociales son insoslayables, la incidencia que este conflicto ha tenido y sigue teniendo en la sociedad colombiana, la gravedad que reviste el fenómeno del paramilitarismo surgido dentro del marco del enfrentamiento, y plenamente conscientes del hecho notorio de que el esquema de negociación bajo la guerra que se ha venido utilizando desde la iniciación del presente proceso de paz se encuentra agotado, en cumplimiento de nuestro cometido nos permitimos, formular a la Mesa las recomendaciones que m s adelante consignamos, previas algunas breves consideraciones que juzgamos necesario hacer.
La experiencia hist¢rica, tanto en Colombia como en el mundo, demuestra que el esquema de la negociaci¢n bajo el fuego no produce resultados satisfactorios, al menos en el corto y mediano plazo, en el objetivo de lograr la paz. Porque, entre otras cosas, supone mantener la aspiraci¢n de cada una de las partes en conflicto de imponerse por la fuerza de las armas a la parte contraria, hasta derrotarla militarmente, con todo lo que ello implica en p’rdida de vidas humanas, en destrucci¢n material, en gasto econ¢mico y en ruina f¡sica y moral para millones de personas. Y creemos firmemente que en el caso colombiano, por diversas circunstancias que no es del caso entrar a detallar pero que no escapan a ningon observador desprevenido, no es dable contemplar tal posibilidad, a riesgo de agudizar aon m s el conflicto y generalizarlo, con posibles graves implicaciones de car cter internacional en el orden econ¢mico, pol¡tico o militar, situaci¢n ‘sta que ningon colombiano verdaderamente patriota y amante de la paz puede desear para su pa¡s. As¡, pues, tampoco entre nosotros ese esquema de negociaci¢n tiene perspectivas claras de dar resultados positivos para el logro de la paz, que es el m s grande anhelo de todos y el prop¢sito sincero que debe animar a las partes en este proceso.
Por el contrario, lo que constatamos, con viva preocupaci¢n, es que en estos tres a_os que lleva de iniciado el proceso, bajo el esquema de la negociaci¢n bajo la guerra, el conflicto lejos de amainarse se ha intensificado, y el paramilitarismo no ha cesado de aumentar su accionar ilegal. Como consecuencia de ello, cada d¡a aumentan el nomero de masacres y de v¡ctimas inocentes y las violaciones m s aberrantes al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Para nosotros es claro que el car cter de esta negociaci¢n debe ser eminentemente pol¡tico y no militar. Por ello nos parece un contrasentido que los di logos se desarrollen bajo el fuego de las armas. Y que mientras en Villa Nueva Colombia se prolongan las conversaciones entre las partes, animadas, sin duda, de la mejor buena voluntad y patriotismo, a lo largo y ancho del resto del territorio nacional se adelantan, a diario, acciones militares de todos lados, con su inevitable secuela de muertos y heridos, no s¢lo de las partes en conflicto sino de la poblaci¢n civil principalmente rural-, ajena a ‘ste, as¡ como de destrucci¢n material y por ende de p’rdidas incalculables para la econom¡a nacional. Y a ello se agrega el alarmante fen¢meno del desplazamiento humano, que reviste hoy dimensiones grav¡simas, hasta el punto de figurar Colombia como uno de los pa¡ses del mundo con mayor nomero de desplazados.
Ese car cter pol¡tico de los di logos y la negociaci¢n, que por cierto ha sido reconocido expl¡citamente por las dos partes, conduce obviamente a que sea en un clima pol¡tico y no militar -es decir de enfrentamiento armado-, como se adelanten dichas negociaciones de paz. No tenemos duda de que es aqu’l el marco propicio para que las negociaciones avancen y para que se obtengan resultados concretos, pr cticos y efectivos, en un plazo razonable, como lo esperan todo el pueblo colombiano y la comunidad internacional. Creemos firmemente que mantener la negociaci¢n bajo el marco de la guerra, no s¢lo dilatar indefinidamente el proceso, sino que har cada vez m s dif¡cil llegar a los acuerdos con tanto anhelo esperados.
Por las anteriores razones, los comisionados, en forma un nime, en cumplimiento de la misi¢n a nosotros encomendada por la Mesa de Di logo y Negociaci¢n con el objeto de proponer f¢rmulas para disminuir la intensidad del conflicto y acabar con el fen¢meno del paramilitarismo, animados del m s sincero sentimiento patri¢tico y como una contribuci¢n positiva al logro de la paz para Colombia, nos permitimos formular a la Mesa las siguientes recomendaciones:
1.Que se pacte una tregua bilateral entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en principio de seis (6) meses, en las acciones armadas, t’rmino que puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes. Dicha tregua implica que las partes, es decir el Gobierno Nacional y las FARC-EP, adquieran, por lo menos, durante este lapso, los siguientes
COMPROMISOS:
A)tNo habr acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas y de Polic¡a contra las FARC-EP en ningon lugar del territorio nacional.
B)tNo habr acciones militares por parte de las FARC-EP contra las Fuerzas Armadas y de Polic¡a en ningon lugar del territorio nacional.
C)tLo anterior no impide que las Fuerzas Armadas y de Polic¡a continoen sus acciones, conforme a los mandatos de la Constituci¢n y la ley, en contra de otras agrupaciones o individuos que sigan actuando de manera ilegal.
D)tEl Estado reitera su compromiso de respetar todas las normas universales que regulan los conflictos armados no internacionales, recopiladas en el Derecho Internacional Humanitario (Convenci¢n de Ginebra y protocolos adicionales) y las FARC-EP se comprometen igualmente a respetar dichas normas. Ambas partes se abstendr n, en particular, de la utilizaci¢n de armas no convencionales, como las minas antipersonales, los cilindros de gas y bombas de aspersi¢n, del reclutamiento y mantenimiento en filas de menores de edad, as¡ como del asalto y toma de poblaciones.
E)t Las FARC-EP no efectuar n actos de hostilidad contra particulares, tales como retenci¢n de personas, secuestro, cobro forzado de contribuciones pecuniarias o de cualquier otra especie, atentados contra la infraestructura energ’tica y petrolera del pa¡s o contra la infraestructura vial.
F)t El Gobierno Nacional, de comon acuerdo con las FARC-EP, estudiar mecanismos de financiaci¢n que permitan atender a las necesidades de subsistencia de los combatientes de la insurgencia durante el per¡odo de tregua.
G)tQue, conforme al punto 10 del Acuerdo de los Pozos, el Estado se comprometa a la sustituci¢n de cultivos il¡citos en las peque_as parcelas mediante el procedimiento de erradicaci¢n manual, y ambas partes a la protecci¢n y recuperaci¢n del medio ambiente y la ecolog¡a.
2. Que durante el per¡odo de la tregua bilateral de paz, la Mesa Nacional de di logo y negociaci¢n estudie, con base en la Agenda Comon de doce puntos acordada por las partes en La Machaca, y llegue a acuerdos sobre las materias espec¡ficas que conformen un temario definido de proyectos de reforma constitucional, as¡ como aquellas que deban ser posteriormente objeto de desarrollo legislativo por parte del Congreso, o de implementaci¢n por parte del Ejecutivo. Lo anterior, sin perjuicio de llegar, durante ese lapso, a acuerdos parciales de ejecuci¢n inmediata.
3. Que durante este per¡odo se intensifiquen las reuniones de la Mesa, al menos a tres d¡as completos por semana, y que se invite a sus deliberaciones, adem s de las autoridades poblicas, civiles o militares, pertinentes, a voceros o representantes de los diferentes estamentos o sectores de la sociedad colombiana que puedan contribuir con sus opiniones y experiencia a la determinaci¢n de los temas concretos a incluir en el temario, a fin de que se obtengan los avances esperados por la sociedad colombiana.
4. Que, con base en los acuerdos logrados por la Mesa referidos en el punto 3, se defina el temario de propuestas concretas de reforma constitucional, a ser discutido y decidido, en principio, por una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria el Gobierno Nacional se compromete a impulsar. Esta Asamblea deber quedar integrada por representantes de los distintos partidos y movimientos pol¡ticos y sindicales, de los sectores de la producci¢n, de los sectores independientes de la sociedad civil y de las FARC-EP y dem s grupos de la insurgencia que decidan comprometerse con este proceso. La forma de integraci¢n de esta Asamblea Constituyente, su conformaci¢n, as¡ como su lugar de reuni¢n, agenda, t’rmino de duraci¢n y dem s aspectos relacionados con su funcionamiento y log¡stica, ser n acordados por las partes durante el per¡odo de la tregua bilateral que proponemos.
5. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Mesa estudie la posibilidad de optar por la alternativa de convocar la Asamblea Constituyente o la de convocar, en su defecto, un referendo popular. Recomendamos que el Gobierno, de comon acuerdo con la Mesa, analice, a la luz de la Constituci¢n, de la ley y de las circunstancias pol¡ticas del pa¡s, cual de estas dos alternativas resulta m s conveniente y expedita para el tr mite de los proyectos de reforma constitucional que hayan sido definidos en los t’rminos del punto 3 de este documento.
6. Que las partes se comprometan, de manera formal y solemne, a respetar y acatar las decisiones que se adopten por la Asamblea Constituyente y/o por la v¡a del referendo, y, en general, todas aquellas que emanen de las diferentes instancias que constitucionalmente tengan que ver en el tr mite de las reformas previsto en estas recomendaciones.
7. Que una vez acordado el temario de proyectos de reforma constitucional, ‘stos sean sometidos a un proceso intenso de difusi¢n y de pedagog¡a ante el pueblo colombiano, a fin de que ‘ste tenga la suficiente informaci¢n sobre ellos, como parte del proceso de discusi¢n de los mismos, y, llegado el caso, antes de su refrendaci¢n en la instancia correspondiente.
8. Que, en caso de convocarla, el t’rmino de duraci¢n de la Asamblea Constituyente sea m ximo de seis (6) meses, y que entre la convocatoria y la reuni¢n de la misma no transcurran m s de tres (3) meses.
9. Que se entienda el acto de convocatoria de la Asamblea Constituyente o, si es del caso, el del referendo, como la culminaci¢n del actual proceso de di logo y negociaci¢n.
10. Que, en caso de convocarla, la mayor¡a de la Asamblea Constituyente sea conformada mediante la libre y democr tica elecci¢n de sus miembros, sin perjuicio de que se adopten otros procedimientos especiales para la escogencia de quienes han de representar en ella a la insurgencia.
11. Que durante el per¡odo de tregua bilateral y, en general, durante el lapso de este proceso democr tico de reforma constitucional, se mantenga la zona de distensi¢n.
12. Que, en el entendido de que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, o al referendo si se opta por esta v¡a, significan como se se_ala en el punto 9 de este documento- la culminaci¢n del proceso de di logo y negociaci¢n, una vez acordada aquella e iniciado el proceso para su conformaci¢n, las FARC-EP depongan las armas.
13. Que, en este mismo sentido, una vez se pacte la paz, la Fuerza Poblica se ajustar a los par metros acordados en el ordenamiento constitucional que se establezca en orden al cumplimiento de su finalidad primordial, cual es, en t’rminos del art¡culo 217 de la Carta Pol¡tica vigente, la defensa de la soberan¡a, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional.
14. Que, de comon acuerdo, la Mesa determine el mecanismo que permita garantizar el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes para el per¡odo de tregua y, en general, para todo el proceso de soluci¢n pol¡tica al conflicto que se propone en estas recomendaciones, y para que aquellos sean verificables. Sugerimos, por ejemplo, que se designe entre los pa¡ses amigos del proceso a representantes de alta investidura que, en calidad de observadores, sirvan como garantes, ante la comunidad nacional e internacional, del cumplimiento de estos compromisos; entre tales observadores podr¡a figurar, por ejemplo, un representante de las Naciones Unidas. Lo anterior no excluye que la Mesa acuerde que los garantes, o algunos de ellos, sean tambi’n personalidades nacionales dignas de toda credibilidad.
15. Que si al vencimiento del per¡odo de seis meses de tregua no se han logrado concretar los acuerdos de que tratan los numerales anteriores, las partes lo prorroguen por el t’rmino que consideren prudente para tal efecto.
16. Que se invite al Ej’rcito de Liberaci¢n Nacional ELN a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua de paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociaci¢n y Di logo, con las mismas garant¡as y compromisos aqu¡ se_alados.
17. Que el movimiento pol¡tico que formalicen las FARC-EP como consecuencia l¢gica de este proceso, goce de todas las garant¡as y derechos y asuma todas las responsabilidades que ello implica.
18. Que en caso de peligro de romperse la tregua por incumplimiento de los compromisos se_alados en el punto 1o de esta propuesta por cualquiera de las partes, de inmediato se reona la Mesa de Di logo y Negociaci¢n, en presencia de los garantes nacionales y/o internacionales y de los altos funcionarios del Estado que se considere pertinente invitar, a fin de buscarle una pronta soluci¢n al asunto.
19. Respecto del fen¢meno del paramilitarismo nos permitimos formular las siguientes recomendaciones:
A)tQue durante todo este proceso el Gobierno nacional, a trav’s de la Fuerza Poblica y los organismos de seguridad, continoe adelantando las acciones encaminadas a combatir el paramilitarismo en sus diversas modalidades.
B)tQue sin perjuicio de ello, con arreglo a las leyes pertinentes, el Gobierno adelante gestiones tendientes al sometimiento a la justicia de quienes se hayan implicado en actividades paramilitares.
C)tQue se implementen por las partes las recomendaciones que sobre el conflicto colombiano y sobre este tema en particular han formulado las Naciones Unidas -presentadas en la 57 Comisi¢n de DD.HH.- y la Organizaci¢n de Estados Americanos (OEA).
D)tQue se designe una instancia gubernamental que se encargue de coordinar las acciones contra el paramilitarismo, sin perjuicio de las que correspondan a otras entidades poblicas.
E)t Que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se someta a la justicia ordinaria a cualquier persona, civil o militar, que resulte implicada en actos de colaboraci¢n, complicidad y, si es del caso, omisi¢n frente a los cr¡menes del paramilitarismo.
F)tQue se continoe, al interior de las Fuerzas Armadas y de Polic¡a el proceso de desvinculaci¢n de todos aquellos individuos que hayan resultado comprometidos en actividades de tipo paramilitar o sobre los cuales haya serios indicios de estarlo, sin perjuicio de que contra ellos se adelanten los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes, con el prop¢sito de evitar que tales conductas queden en la impunidad.
G)tQue se apoye desde todas las instancias del Estado la acci¢n de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal¡a General de la Naci¢n para que capture y judicialice a los promotores y part¡cipes de grupos paramilitares y dem s grupos de justicia privada.
H)tQue se recopilen en un solo cuerpo todas las leyes y dem s normas jur¡dicas vigentes que tengan relaci¢n con el tema del paramilitarismo.
I)tQue se fortalezcan los programas de protecci¢n y seguridad de los activistas de derechos humanos, dirigentes de partidos y movimientos pol¡ticos, jueces, organizaciones sindicales, agrarias, juveniles y populares, periodistas y dem s potenciales objetivos del accionar del paramilitarismo y de otros grupos de justicia privada.
J)tQue, con la cooperaci¢n internacional, se fortalezcan los controles tendientes a impedir, por todos los medios, el ingreso a Colombia de cualquier tipo de agentes extranjeros que, a cualquier t¡tulo, actoen como promotores, asesores, adiestradores o entrenadores de grupos paramilitares o de cualquiera otra clase de grupos de justicia privada.
K)tQue se organice un gran encuentro nacional en el cual se debata a la luz poblica el fen¢meno del paramilitarismo, con amplia participaci¢n de voceros de los distintos partidos y movimientos pol¡ticos, gremios de la producci¢n, sectores sociales y populares, la Iglesia, las ONG y ciudadanos que de una manera u otra se hayan visto afectados por ese fen¢meno.
L)t Creemos, por lo dem s, que si son consecuentes con su reiterada afirmaci¢n de que su accionar il¡cito es una respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al de las FARC-EP, ante la tregua pactada los grupos paramilitares habr n de abstenerse de perpetrar actos criminales, al menos mientras ella se mantenga. Y que si, como lo esperamos todos los colombianos de buena voluntad, se logra la tan anhelada paz, por la v¡a del entendimiento y la negociaci¢n pol¡tica y por mecanismos como los que estamos recomendando, el fen¢meno del paramilitarismo tendr necesariamente que desaparecer en forma definitiva de nuestra patria.
20. Que el Estado, como pol¡tica de largo alcance y con la decidida cooperaci¢n de la comunidad internacional, redoble sus esfuerzos en la lucha contra el flagelo del narcotr fico, que, aparte del inconmensurable da_o que ha venido ocasionando a Colombia y, en general, a la humanidad, del grave deterioro causado al tejido social y el da_o irreparable inflingido al medio ambiente y a nuestro ecosistema, en lo que bien puede calificarse como un verdadero ecocidio, ha contribuido de manera insoslayable a agudizar la violencia, la corrupci¢n, la delincuencia comon y tambi’n nuestro conflicto interno. En este orden de ideas, es necesario que la comunidad internacional, particularmente los pa¡ses m s desarrollados, asuman frente a Colombia y dem s pa¡ses productores y exportadores de drogas sicotr¢picas, el compromiso de combatir y sancionar, a su turno, a quienes incentivan esa producci¢n, a trav’s del suministro de insumos qu¡micos y otros elementos, al igual que a los importadores y distribuidores de droga y dem s empresarios del narcotr fico en sus respectivos pa¡ses, y a las organizaciones internacionales de lavado de d¢lares, as¡ como de intensificar, por todos los medios, las campa_as educativas de prevenci¢n contra el consumo de drogas entre los diversos estratos sociales.
21. Que, de acuerdo con el numeral anterior, se solicite a la comunidad internacional, particularmente los pa¡ses m s desarrollados, se comprometan a apoyar los programas o proyectos integrales de sustituci¢n de cultivos il¡citos y de erradicaci¢n de los mismos, a trav’s de medios o sistemas que no conlleven da_o ecol¢gico ni peligro letal para la salud humana.
22. Que el cumplimiento de las etapas previstas en estas recomendaciones, a saber la tregua de paz de seis meses y su eventual pr¢rroga, la reuni¢n de la Asamblea Nacional Constituyente y la eventual refrendaci¢n popular de las reformas constitucionales, no implique interrupci¢n o suspensi¢n del proceso electoral a celebrarse, en los t’rminos de la actual Constituci¢n, el pr¢ximo a_o, y que las FARC-EP se comprometan a no interferirlo con acciones de fuerza de ningon tipo.
23. Que, como se puede constatar con alarma, este conflicto se ha degradado hasta llevarlo por debajo de los l¡mites m¡nimos de humanidad, incurriendo en insospechados actos de crueldad, el Estado se comprometa a seguir respetando y las FARC-EP lo hagan de igual manera ante la Naci¢n y ante la comunidad internacional, los Principios m¡nimos humanitarios, y a que ‘stos no se queden en mera ret¢rica. Este compromiso implica, entre otras cosas, redoblar esfuerzos para que no haya en adelante, ni dentro ni fuera del per¡odo de tregua, m s desapariciones forzosas ni privaciones ilegales de la libertad de personas, sean ellas civiles, combatientes o militares, ni se causen m s desplazamientos de poblaci¢n civil de sus lugares de residencia y trabajo por causa de la intimidaci¢n y la violencia.
24. Que el Gobierno Nacional, con el apoyo financiero de la comunidad internacional y con el concurso de todos los estamentos acad’micos y educativos, inicie desde ahora mismo una intensiva campa_a pedag¢gica para que los colombianos de todos los estratos y condici¢n aprendan a convivir en paz, tolerancia y respeto por los derechos de todos, y se rescaten las virtudes que, como la honestidad, el amor al trabajo y al estudio, se han venido perdiendo a lo largo de los oltimos tiempos, en vastos sectores de nuestra poblaci¢n y en los diferentes estratos sociales.
25. Que, en desarrollo de lo establecido en el art¡culo 22 de la Constituci¢n Nacional, la paz se considere en adelante como una pol¡tica de Estado, tendiente a darle continuidad y solidez a la estabilidad que aspiramos a lograr con este proceso, entendiendo la paz no simplemente como el silencio de los fusiles, sino como la soluci¢n no armada de los conflictos internos y la bosqueda e implementaci¢n de la justicia social y la tolerancia entre los colombianos.
26. Que a fin de aclimatar la tregua y el proceso de paz, el Estado se comprometa a considerar las demandas de los sindicatos y sectores populares tendientes a la soluci¢n de sus inquietudes sobre sus dif¡ciles condiciones de existencia, agravadas por el desempleo, la informalidad, las alzas en los servicios poblicos y, en general, la miseria en que se debaten amplios sectores de la poblaci¢n colombiana.
27. Que las recomendaciones que aqu¡ se formulan se consideren por la Mesa en un sentido integral, ya que sus diferentes partes est n concatenadas, tienen un mismo hilo conductor, y representan, por tanto, una unidad de propuesta.
28. Que la Mesa haga poblicas estas recomendaciones, a fin de auscultar tambi’n el sentir de la opini¢n nacional sobre las mismas, teniendo en cuenta que este proceso debe involucrar a la totalidad de la naci¢n colombiana. Con ello se evitar¡a que la opini¢n caiga en el terreno de las distorsiones y las especulaciones, que s¢lo generan confusi¢n e incertidumbre.
En la esperanza patri¢tica de que las anteriores recomendaciones sean acogidas por la Mesa en su prop¢sito de conseguir una paz integral y duradera, nos suscribimos de los se_ores integrantes de la Mesa de Di logo y Negociaci¢n, muy atentamente,
Compatriotas y amigos,
CARLOS LOZANO GUILL+N
VLADIMIRO NARANJO MESA
ALBERTO PINZON S-NCHEZ
Bogot D.C., 19 de septiembre de 2001″.
