Tres meses atrás, luego de la sangrienta represión del jueves 20 de diciembre, renunciaba el entonces presidente Fernando de la Rúa. Al radical dimitente lo sucedió, por pocas horas, el senador peronista Ramón Puerta, a la sazón titular provisional de la Cámara Alta.
La Asamblea Legislativa, por él convocada, nominaba al gobernador –de su mismo signo- de la norteña provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa. En su primera alocución ante el Pleno de Senadores y Diputados, puntualizaba –el 22 de diciembre- que se suspendía el pago de la gravosa deuda externa; que en su interinato hasta el 5 abril, se crearían 1 millón de puestos de trabajo; que no devaluaría el peso y muchos menos dolarizaría la economía. En su fugaz paso por la Casa de Gobierno, una semana apenas, recibió a Hebe de Bonafini, titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Visitó la sede de la “dialoguista” Confederación General del Trabajo, a cargo de su compañero de ideas Rodolfo Daer. En la casa de los trabajadores señaló que pensaba aumentar los salarios, congelados desde hace una década por otro hombre de su mismo cuño político, el ex presidente Carlos Saúl Menem. Encuentros y declaraciones que irritaron al establecimiento, castellanización de establishment, y a buena parte de la corporación política.
Las piedras en la rueda de su administración, en parte colocadas por hombres del peronismo y por el senador radical Raúl Ricardo Alfonsín, y el nombramiento de una serie de funcionarios cuestionados por la población, entre ellos su asesor Carlos Grosso, terminaron por apagar su llama. La movilización popular, que comenzó de manera espontánea, llegó a sumar cerca de 30 mil voluntades caceroleando frente a la sede gubernamental exigiendo la renuncia de Grosso, acusado de varios actos de corrupción cuando fue Intendente (Alcalde) bajo la gestión menemista. Debilitado y acosado por todos los flancos, Rodríguez Saa aceptó la dimisión de su asesor.
Empero, la usina de la conspiración financiera y política seguía trabajando. Sin oxígeno, el sanluiseño terminó por renunciar a su cargo cuando faltaban pocos minutos para que acabara 2001. En 11 días, Argentina había visto pasar a 4 Jefes de Estado, ocupando un lugar en el Guiness. Sitio al que había ingresado cuando había desplazado del primer lugar a Nigeria en cuanto al riesgo país, termómetro de desconfianza –elaborado por JP Morgan- de los inversores en las llamadas economías emergentes. El desconcierto popular era inmenso. Algunos nombres se barajaban. El que más sonaba era el del senador peronista por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. La cena estaba preparada. Los cocineros: Alfonsín y Duhalde. Quien llamó a la mesa: Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. Una vez más la Asamblea Legislativa debería nombrar al sucesor del renunciante Rodríguez Saa. Formulismo que le dicen, porque lo único que faltaba era poner en blanco sobre negro el pacto de los cocineros. Por abrumadora mayoría, Duhalde fue ungido presidente hasta el 10 de diciembre de 2003, fecha en que De la Rúa debió haber finalizado su mandato.
El discurso más encendido, como no podía ser de otra manera, estuvo a cargo del ex presidente Alfonsín. El dirigente peronista, ex gobernador de su provincia y ex vicepresidente de Menem, prometió –en su primera alocución como Jefe de Estado- que les serían devueltos, a los ahorradores, sus dineros en la moneda en que habían sido hechas sus imposiciones. O sea, quienes depositaron dólares, se reencontrarían con esos billetes y a aquellos que lo hubieran hecho en pesos, los bancos les reintegrarían la misma moneda. La primera de las promesas se incumplió porque los billetes norteños fueron transferidos por los banqueros allende las fronteras. Embuste presidencial que levantó la ira popular y otro cacerolazo atronó en todas las latitudes argentinas. Duhalde, mientras estaba en la vereda de la oposición puso el grito en el cielo cuando oía la palabra devaluación. Empero, arropado por el sol del oficialismo las cosas tienen otra visión: la de las grandes empresas y de los organismos de crédito –en especial el FMI- que exigían la depreciación de la moneda doméstica.
Complaciente, la administración devaluó en un 40% el peso, enterrando así la convertibilidad tan defendida en su momento por el peronismo. De un plumazo, decreto mediante, el famoso 1 peso equivale a 1 dólar fue borrado. La nueva cotización –1,40 pesos por dólar- duró lo que canta un gallo. A comienzos de febrero, el Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov anunciaba la flotación libre de la divisa estadounidense, atenta a la oferta y la demanda. Además, y para regocijo de los grandes grupos económicos pregonaba que sus deudas –contraídas en dólares- se pesificaban. Lo que en buen romance significaba licuar sus rojos, puesto que si la deuda era, por ejemplo, de 200 millones de dólares, a partir de ese momento se convertía en 200 millones de pesos. Millonada que con el paso de los días se reducía en lo que atañe a los dólares, que ganó cuerpo frente a la enflaquecida moneda local. Al fantasma de la devaluación vino a sumársele otro: el de la inflación. Que había comenzado a mostrarse, muy tenue, al asumir Rodríguez Saa. Y que con la depreciación sacó sus garras consumiendo los devaluados salarios, que siguen cobrándose en pesos.
Recesión económica, caída en la recaudación impositiva, desempleo que ya roza el 20% de la población económicamente activa, pobreza que no cesa y tiende a incrementarse, a paso raudo, son parte de la realidad de hoy día. Ajuste sobre el ajuste fueron los recientes pedidos de la misión del FMI que dejó el país el fin de semana último. Conflictividad social en alza, como no se recuerda en la historia de la Argentina, es la otra imagen de esta fotografía. Con este álbum de imágenes, el doctor Duhalde anunció –hace pocas horas- con bombos y platillos que el 9 de julio, día en que se conmemora la Independencia, el festejo sería por partida doble. Por la Independencia del Reino de España, allá por 1816, y porque en esa magna jornada la parca de la recesión será historia.
Más recientemente aseveró que no le alcanzarían los 31 días de mayo para alzar las persianas de las nuevas industrias, que en ese mes verán la luz.
Así las cosas, mientras el actual Ejecutivo empeña su palabra cual alquimistas, el pueblo sigue caceroleando contra la corrupta Corte Suprema de Justicia, que años atrás anuló un fallo en primera instancia que amparaba la presentación de miles de usuarios telefónicos opuestos a lo que las empresas del sector y el menemato nominaban como “rebalanceo” tarifario, cuando en verdad era un brutal aumento.
Previsible acordada la de los 9 cortesanos del Supremo puesto que la génesis del Tribunal olía al contubernio de Menem y Alfonsín. Los escraches –condena social- a la clase política y a ciertos “prohombres” de las finanzas, como el caso de Roberto Alemann, ex funcionario de la última dictadura militar, abroqueló a los escrachados. En el caso de Alfonsín, que tuvo en dos ocasiones esa forma de condena social, llevó a que el ex Presidente calificara a quienes lo escracharon como “sediciosos”. Idéntica apelación recibieron los participantes de las asambleas vecinales, la novedosa forma de democracia directa surgida luego de la renuncia del radical De la Rúa.
Volviendo al tema de las fechas, vale una aclaración al respecto. La desocupación, la desindustrialización del país, la pobreza, el crecimiento de la abultada deuda externa, no comenzó en la década menemista, corregida y aumentada por sus sucesores. Todas esas plagas tuvieron su puntapié de partida el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas y sus financistas derrocaron a la débil administración de María Estela Martínez Cartas viuda de Perón.
Todo lo que se discuta, soslayando a la siniestra dictadura que se cobró la vida de más de 30 mil personas, que transfirió a la cúspide de la pirámide más acaudalada de la Argentina miles de millones de dólares ensanchando la brecha entre los ricos y los pobres, que decuplicó la deuda externa -plan que sigue firme- es pura cháchara.
Alberto Bastia
