Si bien la iniciativa, presentada por la República Oriental del Uruguay, a diferencia de años pasados, sólo reclama «hacer esfuerzos» para mejorar los derechos humanos en la mayor de las Antillas, la Argentina se encolumnó en su ímproba tarea de sumisión a los designios de la administración de Washington.
La resolución obtuvo 23 votos a favor, entre ellos los países de la Unión Europea, Canadá, Chile, Guatemala, Japón, México y Perú. Por la negativa sufragaron 21 naciones, destacándose China, India, Libía, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela. En tanto, 9 se abstuvieron, resaltando Brasil, Ecuador y Kenya.
Así las cosas, y presionado por los Estados Unidos, el representante ante la ONU hizo caso omiso al pedido aprobado por el Parlamento Nacional para que en esta ocasión la Nación sudamericana se abstuviera de votar como lo hizo.
La resolución exhorta a la administración del Comandante Fidel Castro a que se esfuerce en el campo «de los derechos humanos, civiles y políticos», análogos a los que, según reconoce la iniciativa, concretó en el terreno de «los derechos sociales de la población pese a un entorno internacional adverso».
Asimismo, solicita a la Alta Comisaría de ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que envíe a un representante personal para que esa oficina coopere con el Ejecutivo de La Habana en la aplicación de la resolución aprobada.
Nuevamente el Gobierno argentino se convirtió en el «lamebotas» del amo yanqui, tal como subrayó –el año pasado- el Comandante Castro al referirse al voto expresado por el diplomático sudamericano cuando gobernaba el ahora renunciante radical Fernando de la Rúa.
El doctor Duhalde debió haber tomado en consideración la declaración aprobada por los legisladores siguiendo la ruta histórica de la abstención que retomó Raúl Ricardo Alfonsín, el ex primer Jefe de Estado luego de que el país recuperó, en diciembre de 1983, el orden constitucional.
Alberto Bastia
