La investigación comenzó después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres por una patología médica. Durante la atención, los veterinarios comprobaron que el animal presentaba amputaciones recientes en las orejas y el rabo.
El propietario aportó entonces una certificación según la cual las intervenciones se habían realizado en Rusia, donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas. Las gestiones realizadas posteriormente por la Guardia Civil con las autoridades rusas permitieron determinar que el documento era falso y que se había confeccionado para dar apariencia de legalidad a las amputaciones y eludir la normativa española.
Las pesquisas condujeron hasta el criadero del que procedía el perro, situado en Alicante. En una primera fase fueron detenidos el propietario del mastín y los dos responsables del establecimiento. A partir de ahí, los investigadores identificaron un entramado de mayor alcance que, según la Guardia Civil, estaba encabezado por la propietaria del criadero, su pareja y una tercera persona cercana a ambos.
La red comercializaba perros y acordaba con algunos compradores la realización de cortes de orejas y rabo en función de sus preferencias estéticas. Para justificar posteriormente esas intervenciones, facilitaba documentación falsificada que hacía constar que las amputaciones se habían practicado de forma legal.
La investigación sostiene además que los responsables del criadero enviaban a los compradores vídeos en los que explicaban cómo realizar los cuidados posteriores y tratar las heridas provocadas por las amputaciones. Según las pesquisas, tanto los vendedores como los compradores conocían el carácter ilegal de las intervenciones y la falsedad de los documentos utilizados para justificarlas.
Seis personas están siendo investigadas penalmente por hechos relacionados con estas prácticas. Los agentes detectaron también casos en los que los compradores habían adquirido inicialmente perros con las orejas y el rabo intactos y decidieron después someterlos por iniciativa propia a estas cirugías. Por estos hechos fueron detenidas otras nueve personas.
La organización utilizaba documentación falsa para aparentar la legalidad de las intervenciones y llegó a exportar animales a México.
La operación ha alcanzado también a un veterinario colegiado, detenido por su presunta colaboración con la organización. De acuerdo con la Guardia Civil, el profesional proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y otros documentos oficiales en blanco que ya estaban firmados y sellados con su número de colegiado. Era posteriormente la propia titular del criadero quien cumplimentaba esa documentación. Los investigadores aseguran asimismo que la mujer implantaba personalmente los microchips a los cachorros de las camadas pese a carecer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria.
La actividad del entramado no se limitaba a España. La Guardia Civil ha constatado que operaba en distintos puntos del territorio nacional y que también exportó y vendió ejemplares en México. La operación Goscan se ha saldado con 14 detenidos y seis investigados por presuntos delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda, en Alicante.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.6 Sol, 15 de agosto)).
