La Fundación Hay Derecho ha presentado la iniciativa «Gobierne quien gobierne», con la que pretende situar la calidad institucional y la defensa del Estado de derecho entre las prioridades de los partidos políticos, independientemente de su orientación ideológica. La propuesta recoge seis compromisos relacionados con la independencia judicial, el funcionamiento parlamentario, la evaluación de las políticas públicas, la transparencia, los organismos reguladores y la profesionalización de las empresas públicas.
Las medidas parten del diagnóstico recogido en el Informe del Estado de derecho 2026, elaborado por la propia fundación, que examina el funcionamiento de las instituciones españolas. La organización considera que existen deficiencias estructurales que no deberían depender de los cambios de Gobierno y propone establecer garantías institucionales que permanezcan al margen de los ciclos electorales.
Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, sostiene que España presenta problemas de funcionamiento institucional que requieren respuestas compartidas por las diferentes opciones políticas. Entre las prioridades destaca la independencia de los organismos de control y la profesionalización de la dirección de las empresas públicas. «Las promesas electorales pasan pero las instituciones permanecen y debe garantizarse su correcto funcionamiento gobierne quien gobierne», ha señalado.
Independencia judicial y recuperación de las funciones parlamentarias
Las dos primeras propuestas se centran en el Poder Judicial, la Fiscalía y las Cortes Generales. Hay Derecho reclama modificar los sistemas de elección de los órganos de gobierno de jueces y fiscales para reducir la influencia de los partidos políticos y evitar, al mismo tiempo, que los mecanismos de designación queden sometidos al corporativismo asociativo. La finalidad, según la fundación, es garantizar que ambas instituciones puedan ejercer sus funciones con independencia de los intereses partidistas.
La segunda reivindicación afecta al Parlamento, cuyo papel legislativo, de control del Ejecutivo y de aprobación de los presupuestos considera necesario reforzar. La fundación critica el recurso a los decretos-leyes como mecanismo legislativo y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la actual legislatura.
En este último punto, los datos oficiales confirman que España continúa en 2026 con los presupuestos de 2023 prorrogados. El Ministerio de Hacienda recoge expresamente esta situación, prevista en el artículo 134.4 de la Constitución cuando no se aprueban nuevas cuentas públicas. La crítica de Hay Derecho se refiere a la falta de aprobación de nuevos presupuestos durante la legislatura y a sus consecuencias para el funcionamiento parlamentario.
Políticas públicas evaluadas y mayor control de la corrupción
La tercera propuesta plantea que las decisiones públicas se fundamenten en la evidencia disponible y se sometan a evaluaciones antes y después de su aplicación. Hay Derecho defiende la participación de organismos independientes que permitan comprobar los resultados de las políticas y exigir responsabilidades por su gestión. La vivienda aparece como uno de los ejemplos principales. La fundación cuestiona los cambios continuos del marco jurídico sin una evaluación suficiente de sus efectos y reclama una planificación basada en datos que permita conocer las consecuencias reales de las medidas adoptadas.
La fundación considera que estas cuestiones deben abordarse mediante reformas institucionales estables, con independencia de qué partido ocupe el Gobierno. Su propuesta no se limita a exigir nuevas normas, sino que insiste en la necesidad de contar con mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas.
En materia de corrupción, la organización solicita aprobar una estrategia nacional de lucha contra estas prácticas, dirigida por una autoridad independiente, y reforzar los mecanismos de transparencia y protección de los denunciantes. Hay Derecho afirma que ninguna de las 15 medidas del Plan de lucha contra la corrupción de 2025 se ha cumplido y que seis comunidades autónomas no aplican la normativa europea de protección de los informantes. Son afirmaciones recogidas en su comunicado cuya comprobación individual requiere examinar el estado de ejecución de cada medida y la normativa aplicable en cada territorio.
Reguladores independientes y dirección profesional de las empresas públicas
Los dos últimos compromisos se refieren a los organismos que supervisan la actividad pública y económica y a las empresas participadas por el Estado. Hay Derecho reclama establecer por ley requisitos profesionales y procedimientos de selección que reduzcan la discrecionalidad política en los nombramientos de entidades como el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Defensor del Pueblo.
La iniciativa extiende esta exigencia de profesionalidad e independencia a los medios de comunicación públicos, además de reclamar recursos suficientes para que los organismos de supervisión puedan desarrollar sus funciones.
Respecto a las empresas públicas, la fundación propone que sus responsables sean seleccionados conforme a criterios acreditables de formación, experiencia y capacidad de gestión. También plantea establecer mandatos que no dependan automáticamente del calendario electoral, con el propósito de favorecer la continuidad de los proyectos y reducir la influencia de los cambios políticos sobre su dirección.
La organización menciona expresamente empresas y entidades como Adif, Renfe, Aena, Correos y Casa47, anteriormente SEPES, cuya gestión considera que debe responder a criterios profesionales vinculados al interés general. Para respaldar esta última reivindicación, Hay Derecho ha puesto en marcha una recogida de firmas a favor de la dirección pública profesional. La campaña pretende trasladar a los responsables políticos una demanda ciudadana para que los nombramientos en las empresas públicas se rijan por requisitos objetivos y no exclusivamente por criterios de confianza política.
Compromisos verificables y seguimiento público
Uno de los elementos centrales de «Gobierne quien gobierne» es su intención de realizar un seguimiento de los partidos que acepten las seis propuestas y de las medidas que finalmente lleven a cabo. La fundación sostiene que sus planteamientos son concretos y verificables, aunque reconoce que su aplicación presenta diferentes grados de complejidad.
Algunas reformas, según la organización, dependerían fundamentalmente de decisiones políticas y cambios legislativos que podrían abordarse durante una legislatura. Otras necesitarían modificaciones normativas de mayor alcance e incluso, en determinados casos, reformas constitucionales. Hay Derecho plantea así que los compromisos institucionales puedan ser examinados públicamente más allá de las declaraciones electorales, mediante la comprobación de las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos. Su objetivo declarado es que las garantías de independencia, transparencia y profesionalidad no varíen en función de quién gobierne.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-6, 10 de noviembre)).
