Más de cincuenta presos, inculpados en delitos comunes y «culpables» de haber sido marginados, que rara vez han merecido la portada de un periódico, ni mucho menos ocupado algún minuto en una intervención parlamentaria. Reos cuyas muertes no se han investigado, o que se están indagando contra viento y marea sólo gracias al empeño de sus familias, que afrontan toda clase de obstrucciones, cortapisas legales y la escasa diligencia o nulo interés de la Justicia.
La cárcel «legal» dice que el tratamiento a los presos «estará basado en el estudio científico de la personalidad del interno y será individualizado» (artículo 62 de la Ley Penitenciaria); la carcel «real» demuestra que sólo hay un educador por cada 250 reclusos y un psicólogo por cada 400. La cárcel «legal» dice que «los registros y cacheos se harán dentro del respeto a la dignidad de la persona» (artículo 23 de la Ley Penitenciaria); en la cárcel «real» se someten a desnudos integrales a los encarcelados y sus familias; la c rcel «legal» determina que «en los centros de r’gimen cerrado, la seguridad, orden y disciplina no impedir n las tareas de tratamiento de los internos» (art¡culo 46); en la c rcel «real», estos no realizan actividades con el resto y pasan m s de veinte horas diarias a solas en sus celdas.
C’sar Ru¡z Beltr n, interno del m¢dulo 15 de la prisi¢n de Soto del Real (Madrid) escribe en una carta «en demanda de un poco de humanidad» que el d¡a 2 de diciembre de 1998 «cre¡ llegar a una prisi¢n del Estado espa_ol con la equivocaci¢n de pensar que por su modernidad estar¡an extintos los malos tratos; que no hab¡a torturadores y que me recibir¡an personas humanitarias, preocupadas por mis necesidades: m’dicos preocupados por mi precaria salud, asistente social preocupada por informar a mi familia de mi situaci¢n, maestros preocupados por mejorar mi nivel de estudios, educadores preocupados por mi inter’s en ocupar mi tiempo en actividades ocupacionales, deportivas y de ocio». Pero «la onica preocupaci¢n existente de todas estas personas nombradas es la de coger el sobre al final de mes, llam’mosle cheque, sueldo o paga, que la sociedad les aporta por no tratarnos humanamente; por patearnos al pedir mejor alimentaci¢n; por pedir, en fin, derechos fundamentales amparados en la Constituci¢n espa_ola. Me encuentro con un fraude a la sociedad, con su dinero he sido sometido a un desnudo integral, encerrado en una celda bajo apercibimiento de que si toco el interfono probar’ las gomas que la sociedad ha pagado. No conozco a educador, profesor o asistente alguno; el m’dico, vi’ndome la cara por la mirilla, sabe que no tengo neumon¡a o bronquitis. He encontrado a personas humanas que han renunciado a sus horas de paseo para pedir que dejen de patear a Joaqu¡n Moreno Moreno, al que tienen aislado en una galer¡a vac¡a; personas que quieren lo mismo que yo, que no es otra cosa que un trato digno y que la Administraci¢n penitenciaria justifique en qu’ se gasta el dinero que la sociedad aporta y no precisamente para torturar f¡sica y ps¡quicamente».
La de Soto del Real es una de las seis prisiones en las que se producen m s denuncias de presos por malos tratos, junto con las c rceles de Huelva, Ja’n II, Villabona (Oviedo), Puerto de Santa Mar¡a (C diz) y Due_as (Guadalajara). Pero tambi’n han fallecido uno o m s presos comunes en las prisiones de Carabanchel y Valdemoro (Madrid), Castell¢n, Jerez, Martutene (Vizcaya), Picassent (Valencia), Palencia, Villanubla (Valladolid), Teruel, Sevilla, Barcelona y El Acebuche (Almer¡a). Para Jorge del Cura, portavoz de la Asociaci¢n Contra la Tortura, «todos somos responsables de estos casos. La gente olvida que, a pesar de su privaci¢n de libertad, los presos tienen derechos. La prueba de esta insensibilidad est , por ejemplo, en que cuando alguien se queja de haber sido maltratado dice que le han tratado «como a un delincuente», como si se aceptase que a los reclusos hay que tratarlos mal».
«Esta aceptaci¢n ¢ sigue Jorge del Cura¢ se materializa demasiadas veces en palizas, torturas o vejaciones, y puede terminar con la muerte del interno cuando se produce «un error»; es decir, cuando el torturador mata al preso sin pretenderlo. Pero la sociedad ser responsable mientras no quiera ver la relaci¢n causa-efecto entre los malos tratos y las muertes». Del Cura a_ade que la situaci¢n «se agrava en el caso de los presos FIES» (Fichero de Internos de Especial Seguimiento, al que se somete a los reclusos que son considerados peligrosos). Espa_a es el pa¡s europeo con m s presos por habitante, con 114 internos «per c pita».
«La vida es bella»
«La vida es bella», dice Juan Manuel Rodr¡guez, ex preso y portavoz de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas. «Esta pel¡cula que describe la situaci¢n de los campos nazis de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial me recuerda lo que pasa en las prisiones espa_olas de la democracia a fin de siglo. Se dice que los delincuentes entran en las c rceles por una puerta y salen por la otra, como creyendo que enseguida recuperan su libertad. No es cierto. A nadie le importa lo que estos internos padecen en medio. En s¢lo tres meses, en la prisi¢n del Puerto de Santa Mar¡a (C diz), por ejemplo, el juez de vigilancia penitenciaria ha recibido quinientas demandas este a_o. En 1998, segon la pastoral penitenciaria (agrupaci¢n de sacerdotes que atienden a los presos) se presentaron m s de doscientos mil expedientes de recursos y quejas. El tiempo no ha pasado por las c rceles de Espa_a. Sigue habiendo malos tratos f¡sicos y ps¡quicos, muchas veces silenciados, porque s¢lo los denuncian quienes ya no tienen nada que perder».
Juan Manuel Rodr¡guez sufri¢ en propia carne la crudeza del r’gimen penitenciario espa_ol. «En la c rcel de Badajoz, en 1987, algunos internos organizaron un mot¡n y, como represalia, nos hicieron a todos el öcord¢n+. Se trata de un castigo muy comon, consistente un pasillo formado por los funcionarios, guardias civiles y polic¡as que, con estacas de madera, barras de hierro, porras y las culatas de sus armas, apalean a los presos a los que obligan a pasar por el centro. Todos salen malheridos, con la cara ensangrentada, la nariz rota o con algon diente de menos. En otra ocasi¢n protest’ por el trato inhumano que me daban, y me encerraron desnudo en una celda, donde se dedicaron a paterame por todo el cuerpo, especialmente en la boca, durante catorce d¡as. Pero donde peores cosas ocurren es en los m¢dulos de los menores, porque los torturadores tienen m s impunidad. Hace tan s¢lo una semana, a una joven presa preventiva que ha entrado en El Puerto 2 con öel mono+ de la droga la han propinado una paliza brutal».
«En los oltimos diez a_os se han muerto en nuestro pa¡s unos cinco mil j¢venes en las c rceles, con menos de treinta y cinco a_os -a_ade Juan Manuel–. No exagero; el propio Defensor del Pueblo ha dicho que en s¢lo tres a_os han fallecido 3.042 presos. Nos privan de libertad; que no nos quiten la vida».
Benita Amaro, madre del preso Jos’ Luis Iglesias Amaro, fallecido en Picassent el 28 de febrero de 1994, comenta que a su hijo «le torturaron y pegaron palizas cada dos horas durante tres d¡as seguidos y me dijeron que se suicid¢». Jos’ Luis Iglesias fue detenido en Madrid por robar un taxi, y tras su paso por las c rceles de Alcal -Meco y Oca_a fue trasladado a la prisi¢n valenciana. Ten¡a 22 a_os. «All¡ le relacionaron con una pelea entre presos, con la que no tuvo nada que ver, y lo aislaron. No le dejaban salir al patio, ni le limpiaban la celda, as¡ que se trag¢ una patilla de las gafas para salir. Le llevaron al hospital de La Fe, y como intent¢ huir le dieron otra paliza entre siete guardias civiles y dos guardias jurados. Luego lo volvieron a aislar en prisi¢n. No entiendo este ensa_amiento».
El caso de Jos’ Luis Iglesias ha merecido la atenci¢n del informe que sobre el respeto a los derechos humanos edita anualmente Amnist¡a Internacional. Segon dicho informe, otros reclusos del mismo m¢dulo denunciaron en su d¡a que en las fechas previas a su muerte «hab¡a sido golpeado repetidamente por guardias de prisiones armados con porras. Las fotograf¡as del fallecido y la autopsia revelaban numerosas lesiones ¢ como grandes co gulos de sangre en la cabeza y graves contusiones en la cara y el cuerpo¢ producidas entre dos y cuatro d¡as antes. Las lesiones eran coherentes con la hip¢tesis de golpes de porra. El juez instructor no entrevist¢ a los reclusos, afirmando que lo consideraba innecesario».
Segon recuerda Benita Amaro, madre de Jos’ Luis, aquel 28 de febrero de 1994 en que su hijo falleci¢ recibi¢ en su casa una llamada de la c rcel. «Me preguntaron que si era la madre de Jos’ Luis, y al responder que s¡ se limitaron a decir: ösu hijo se ha ahorcado+ y colgaron. ¨Son ‘stas formas de dar una noticia tan tr gica a una madre? No es justo. Despu’s, el juez quiso archivar la denuncia para no investigar la muerte de mi hijo. La Audiencia Provincial de Justicia no le dej¢, pero ‘l dilat¢ al m ximo todas las diligencias. Despu’s trat¢ nuevamente de archivar, y fue el juez Baltasar Garz¢n el que oblig¢ a reabrir el caso. De nada sirvi¢, porque hace un a_o y medio que lo han cerrado definitivamente y yo ya no tengo m s dinero para gastarlo en abogados y recurrir».
«Yo no pido venganza, s¢lo justicia», llora Benita Amaro. «El juez de Picassent no ha querido descubrir la verdad, aunque la sabe; conoce lo que ocurre en esa c rcel porque es amigo de los funcionarios. Cuando denunci’ lo que le hab¡a pasado a Jos’ Luis, ni siquiera quiso atenderme. La Asociaci¢n Contra la Tortura y mi familia tuvimos que manifestarnos ante la puerta del juzgado para poder ser escuchados, pero cuando por fin accedi¢ a recibirme, ni siquiera me miraba. Mientras yo le hablaba, ‘l estaba escribiendo en el ordenador una orden de desahucio. Desesperada, le dije que su conducta le hac¡a c¢mplice del asesinato de mi hijo. S¢lo entonces par¢ de escribir y me mir¢ de arriba abajo, pero no dijo nada».
«Verano caliente»
Los malos tratos a los presos se producen incluso cuando los funcionarios de prisiones quieren protestar contra el Ministerio del Interior. Los sindicatos de prisiones han anunciado un «verano caliente» con movilizaciones y protestas en las 74 instituciones penitenciarias del pa¡s, en las que trabajan 18.338 funcionarios. Exigen importantes aumentos salariales y m s personal de vigilancia.
Ayer ya hubo la primera algarada, con manifestaciones y cargas policiales contra los trabajadores de los penales de alta seguridad Puerto 1 y Puerto 2, en C diz, donde est n recluidos m s de 1.100 presos. Doce funcionarios resultaron heridos.
Pero los trabajadores cerraron los accesos a los centros penitenciarios tanto a las familias de los presos como a sus abogados, mientras que el ambiente est muy tenso dentro de las prisiones. Los presos llevan dos d¡as sin salir al patio ni recibir visitas a causa de la huelga de sus carceleros, y un centenar de ellos provocaron un conato de mot¡n en el m¢dulo 2 de Puerto 1, quemando colchones y mobiliario.
