Fuentes del Ministerio de Defensa español han asegurado que el director de la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), Jesús Ranera, dependiente de Defensa, se opuso a la semilibertad y que el Ministerio mantuvo el mismo criterio al ser consultado por el fiscal del caso, Pablo Contreras. Dichas fuentes precisaron que el Ministerio «no era partidario del tercer grado» porque «era prematuro» (llevaban siete meses en prisión) «y no era oportuno». No obstante, matizaron que éste no ha sido un caso aislado y citaron como ejemplo la semilibertad a los condenados por el caso Filesa.
Defensa agregó que cuando el coronel Francisco Quintero, el comandante José Ramón Pindado y el teniente Gonzalo Méndez ingresaron en la prisión militar «a nadie le pareció extraño», ya que eran militares y porque eran mandos de la Guardia Civil adscritos a la lucha contra el narcotráfico, «y no se les podía meter en cárceles normales en las que la mayoría de los reclusos han ingresado precisamente por tráfico de drogas». Defensa no ha podido precisar si los condenados han perdido su condición de militar, aunque opina «que ya no lo son».
Los tres fueron condenados a seis años y un día de inhabilitación absoluta y el artículo 65 de la ley de la Función Militar fija que dicha condición se pierde cuando sobre los afectados recae una pena de inhabilitación absoluta. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la Sala de lo Penal no es competente para resolver el recurso contra el tercer grado de la Fiscalía Antidroga porque los tres son aún militares.
