La medida ya está instaurada en Francia y, aunque no ha tenido un efecto inmediato sobre los precios, sí ha servido para concienciar a los consumidores de los posibles abusos de los distintos agentes intermediarios (transportistas, mayoristas, distribuidores, etcétera) y seleccionar mejor sus compras.
El objetivo último del Ministerio que dirige Jesús Posada es que las disminuciones de los precios en origen se trasladen al precio final de venta al público, de forma que beneficie a los consumidores. En este sentido, Agricultura apoyará el doble etiquetado si la medida goza del consenso suficiente entre las partes implicadas. Responsables de Agricultura ya han iniciado conversaciones con el sector y así se han mantenido dos encuentros con mayoristas y minoristas, principalmente de frutas y hortalizas y de pescado, para explicarles la idea.
Asimismo, se han producido reuniones con las organizaciones profesionales agrarias del sector lácteo, para conocer su opinión sobre la conveniencia de que los descensos de la cotización en origen repercutan en el coste final. A raíz de dichas reuniones, la empresa nacional Mercasa ya está publicando semanalmente los precios de los mercados mayoristas, para su difusión a través de los medios de comunicación.
El Ministerio reanudará los contactos con el sector en septiembre para buscar el mayor consenso posible y que la medida pueda ponerse en marcha pronto. Agricultura aprovechará las negociaciones para defender la necesidad de garantizar una renta agraria digna al agricultor, de forma que los precios en origen no desciendan en ningún caso de ciertos límites.
Indemnizaciones por sequía
Por otra parte, las organizaciones agrarias UPA, Asaja y la asociación Cooperativas Agrarias han acogido con satisfacción la decisión de ampliar hasta el 10 de septiembre el plazo de solicitud de indemnizaciones por los daños causados por la sequía, aunque desearon que fuera más amplio.
Los representantes de los agricultores consideran que ampliar el plazo del 20 de agosto hasta el 10 de septiembre permitirá a las comunidades autónomas gestionar mejor las ayudas.
