Este grado de cumplimiento de condena ha sido tenido en cuenta para determinar los acercamientos de presos de ETA a prisiones cercanas o pertenecientes al País Vasco. El Código Penal dictamina que los requisitos para la libertad condicional son "que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario; que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta y que hayan observado buena conducta y exista, respecto de los mismos, un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido por los expertos que el juez de vigilancia estime convenientes". Para lograr este tercer grado, los reclusos deben contar con un informe favorable de la prisión, que incluya la demostración de su rechazo a las acciones de ETA.
Hasta el momento, salvo casos muy concretos de reinserción, la Administración bloquea con sus informes la salida de la prisión de presos de ETA hasta el cumplimiento efectivo de la condena. Para el cálculo de esta fecha, los beneficios penitenciarios no se aplican sobre la totalidad de la condena sino sobre los 30 años. La concesión de libertad está en manos de los jueces de vigilancia penitenciaria, pero ésta depende, a su vez, de los informes de la prisión; es decir, de la Administración, que puede bloquear tales peticiones.
Calculando el cumplimiento de las terceras partes, son 115 los presos de ETA que han cumplido ya las tres cuartas partes. En total, hay 325 etarras con condenas firmes. Otros 80 son preventivos. Durante el próximo año alcanzarán las tres cuartas partes de la condena otros 27 presos. Por eso, al final del próximo año, habrán cumplido las tres cuartas partes casi la mitad de los presos de ETA.
El Gobierno ha manejado todos estos datos, desde el principio de la tregua, como uno de los instrumentos posibles de la negociación. La concesión de libertad a un preso es irreversible, por lo que sólo sería posible si ETA anunciase que abandona definitivamente las armas. Si el proceso sigue el trámite previsto por el Gobierno y no hay movimientos, al menos hasta diciembre, el Ejecutivo no se arriesgaría a tomar esta medida antes de las elecciones de marzo.
