El Gobierno de José María Aznar recurrirá ante el Tribunal Constitucional las subidas de pensiones no contributivas anunciadas por las autonomías de Canarias, Cataluña, Aragón, Baleras y Asturias. Según el Ejecutivo, estas medidas, aunque se paguen con los fondos propios de las respectivas autonomías, rompen el equilibrio nacional de las pensiones y violan el llamado Pacto de Toedo, que otorgan al Estado la competencia en el pago de dichas pensiones.
En el mes de noviembre de 1998, el presidente autonómico de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, anunció que aumentaría en un 3,6 por ciento las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas para los ciudadanos de su comunidad, cuando en el resto de España tal subida era de sólo el 1,8 por ciento.
El 29 de diciembre, el Gobierno andaluz plasmaba esta medida en un decreto y el Ejecutivo de José María Aznar trató de que la Junta de Andalucía no pudiera llevar a efecto esta medida con un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero esta alta instancia de la justicia española dio, ya entonces, la razón al Gobierno andaluz.