El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Pimentel ha anunciado que el Ejecutivo que preside José María Aznar adelantará en seis meses la convocatoria del Pacto de Toledo para llegar a un consenso sobre las pensiones.
El año pasado, la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE) aprobó una ayuda complementaria para aquellas pensiones que entraban en su ámbito de decisión (no contributivas y asistenciales), para que subieran por encima del IPC. El Gobierno consideró entonces que esta medida vulneraba el Pacto de Toledo (acordado por PSOE, PP, IU y CiU en marzo de 1995), que limitaba el alza de las pensiones al «mantenimiento del poder adquisitivo», es decir, al incremento de la inflación anual. Después vinieron otras comunidades, como Cataluña, Asturias, Canarias, Aragón, etc… La «revuelta de las autonomías» provocó la polémica. España «va bien», según el Gobierno del Partido Popular, pero la buena marcha de la economía española no se nota en los bolsillos de los españoles, y menos de sus pensionistas más necesitados.
Las fuerzas políticas firmantes del Pacto de Toledo han acogido de buen grado la intención del Gobierno, aunque la interpretan de distinto modo; mientras Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP en el Congreso, considera que la reunión en septiembre «acabará con el concurso de subidas de pensiones», el portavoz de CiU en el Congreso, Josep López de Lerma, incidió en que «debe analizarse la posibilidad de incrementar en los Presupuestos del año 2000 las pensiones mínimas».
Por su parte, el PSOE quiere que el Ejecutivo apruebe un decreto-ley para destinar 90.000 millones al incremento de las pensiones contributivas mínimas y de las no contributivas. La responsable de asuntos sociales de IU, Susana López, aportó una petición más que estudiar en la próxima reunión del Pacto de Toledo: «Habría que marcarse un plazo razonable para equiparar las pensiones al salario mínimo interprofesional».
