El dictamen del Tribunal Constitucional español sobre la excarcelación de la dirección de HB (la Mesa de Herri Batasuna) levanta polémica. Además de toda clase de opiniones favorables o contrarias a la medida, se ha abierto un debate acerca de la legitimidad de la justicia española en sus niveles máximos de jerarquía. Incluiso hay expertos que se cuestionan si el hecho de que un alto Tribunal, el Constitucional, contradiga a otro, el Supremo (que decidió condenar a siete años de cárcel a la Mesa de HB) no supone una ruptura de la seguridad jurídica en nuestrro país.
La lectura política de la excarcelación de la Mesa de HB es que la misma puede representar el pago de un "impuesto" por la tregua que ETA declaró unilateralmente en septiembre del año pasado. Sería, en este caso, el precio de la paz. Incluso los hay quienes se preguntan si el Constitucional hubiera adoptado esta polémica medida si hace quince días ETA hubiera vuelto a matar.
Por su parte, fuentes confidenciales cercanas al Gobierno de José María Aznar han manifestado que el Ejecutivo español teme que ahora su estrategia antiterrorista se vea aceptada, pues la decisión del Constitucional crea jurisprudencia y a partir de ahora pueden producirse nuevas sentencias favorables a los intereses de los círculos cercanos a la banda armada, y contrarias a los del Gobierno.
