Según la Asociación Profesional de la Magistratura, la negativa del presidente de Melilla, Mustafá Aberchán, a acatar la resolución de la Junta Electoral Central y entregar el acta de diputados a Javier de Pro y a Rafael Hernández podría constituir un delito.
El presidente de Melilla ha anunciado que presentará recursos contencioso-administrativos conra la resolución de la Junta Electoral Central. Pero tales recursos no pueden paralizar la ejecución del dictámen.
Aberchán quiere entregar el acta de diputado a Malika Mohamed, la diputada tránsfuga del PSOE que con su paso al Grupo Mixto impide que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, junto con otras agrupaciones democráticas minoritarias, puedan llevar a efecto la moción de censura contra Aberchán, que está apoyado por el GIL.
