GARZóN PREPARA EL ASEDIO CONTRA PINOCHET

Las Abuelas de la Plaza de mayo se reunieron ayer martes con el juez Baltasar Garzón, para presentarse como parte acusadora en un proceso común contra los dictadores de Chile y Argentina, quienes coordinaros aciones conjuntas en la llamada Operación Cóndor.
La presidenta de las abuelas, – Estela Carlotto -, y la vicepresidenta, – Rosa Roisinblit -, dijeron a Garzón tener pruebas para que los ex dictadores de Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay ,- cómplices de la operación Cóndor -, sean también investigados por desapariciones y muerte de miles de ciudadanos.
La Operación Cóndor fue diseñada por Pinochet, y consistía en el intercambio de información y operaciones conjuntas contra los opositores a las dictaduras de la época, en Latinoamérica.
Carla Artes Company, – de 23 años y una de las primeras menores desaparecidas y años después recuperada por su abuela, Matilde Rutilo Artes -, se presentará como parte acusadora en la causa contra los ex dictadores argentinos.
Por su parte,- Baltasar Garzón -, ha presentado al abogado representante de la Fiscalía Británica, Alun Jones, 11 nuevos casos de torturas, cometidas por Pinochet después del 29 de septiembre de 1988.
Así mismo Garzón le entregó la ampliación del pedido de extradición del dictador chileno, después de que Jones le pidiera más pruebas de torturas.
El abogado de la Fiscalía Británica pidió a Garzón que demostrara que las torturas fueros realmente cometidas de una manera generalizada y continuada, por Pinochet y sus seguidores.
Alun Jones presentará estos nuevos 11 casos ante el Ministro del Interior británico Jack Straw, antes de que éste se pronuncie respecto a si mantiene o no su apoyo a la extradición.
Además de esto, familiares de siete víctimas de delitos cometidos antes de 1988, han presentado una querella contra Gran Bretaña, y piden la anulación del veredicto de los Lores, que no permite enjuiciar a Pinochet por delitos cometidos antes de 1988.
La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, – con sede en Estrasburgo -. La acusación defiende que la decisión de los Lores viola el Convenio Europeo de los Derecho Humanos, según el cual, toda violación de estos derechos debe ser juzgada, o al menos ser sometida a una seria investigación.