Sólo en la Yugoslavia comunista, ya en 1945, el llamado Kosmet recibió status autonómico. Al comienzo, fue llamada región autónoma de Kosmet, y en 1963 se convirtió provincia autónoma, al igual que Vojvodina.
El desarrollo más reciente de la autonomía en Kosovo y Metohija, al igual que en Vojvodina, fue su crecimiento constante como parte integrante de Serbia, y se consolidó en la década de los sesenta y comienzos de los años setenta como un Estado cuasi federal, que fue definitivamente instituido por la Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia (SFRY) de 1974.
Fue entonces cuando se "patentó" esta forma de autonomía, desconocida para el resto del mundo. Aunque oficialmente formaban parte de Serbia, las provincias autónomas federadas eran iguales que estados. En la propia Serbia, según la Constitución republicana de 1974, tenían una entidad superior -estaban directamente representadas en las instituciones serbias, y en la federación yugoeslava tenían sus propias constituciones, sus leyes y sus Cortes supremas y constitucionales-. La soberanía de Serbia como república fue, de esta manera, limitada al área entre dos repúblicas.
El colmo de este absurdo constitucional fue que la Constitución de Serbia no podía ser modificada sin el acuerdo de las asambleas provinciales de las autonomías, pero Serbia no tenía derecho a enmendar las constituciones provinciales, a pesar de formar parte del Estado. Esto provocó una gran crisis política, nacional y de Estado, y las reformas constitucionales de 1989, así como la Constitución de 1990, condujeron a la limitación y, en su caso, suspensión de las competencias cuasi estatales de las provincias de Serbia. En realidad, la autonomía fue más o menos limitada al mismo nivel de otros estados europeos. A diferencia de la Constitución de 1974, la de 1992 no reconoce modalidades de autonomía territorial, pero sí permite a las constituciones y leyes de las repúblicas federadas a tener sus propias autoridades.
Creo es completamente legítimo, de acuerdo con las soluciones constitucionales al uso en Europa y en el resto del mundo, eliminar esta clase de autonomías, que en realidad se elevaban a la categoría de estados, y que en sí mismas han sido generadoras del separatismo y la secesión. Una solución completamente lógica también para las provincias autónomas, que son parte de la organización territorial de Serbia, sin Yugoslavia.
Otra cuestión es si, en la Constitución serbia de 1990, el status autonómico de Kosovo, Metohija y Vojvodina ha sido definido según la experiencia europea. Yo creo que ciertas restricciones en el status constitucional de estas provincias han traido como resultado consecuencias negativas para la soberanía del Estado de Serbia. Tales consecuencias se reflejan, principalmente, en su limitación para legislar, según la Constitución, de acuerdo con su propia personalidad histórica, nacional, religiosa y cultural. El segundo defecto importante está relacionado con la posibilidad constitucional de Serbia para legislar en una o ambas provincias para hacer prevalecer sus prerrogativas, en el ejercicio de su derecho gobernar este área.
La verdad sea dicha, no ha sido posible arbitrar tal solución legislativa en Kosovo y Metohija, porque desde 1989 los albaneses han estado boicoteando y no han reconocido a Serbia como Estado, ni han participando en las elecciones, tratando de establecer su propio cuasi Estado con una autoridad paralela, etcétera. Este es el motivo por el que las autoridades provinciales no han sido elegidas ni establecidas en Kosovo y Metohija, y por el que la autonomía, en su sentido práctico y verdadero, no existe para nada; no funciona.
Asimismo, la situación se ha complicado aún más por la desintegración de la República Socialista Federal de Yugoeslavia y por la guerra, en la que el problema de Kosovo no sólo no ha sido resuelto, sino que se ha internacionalizado, mientras que las relaciones inter-étnicas se han vuelto tensas (incluso se han producido enfrentamientos armados).
Las autoridades de Serbia no han demostrado suficiente sabiduría política ni realismo. Estamos ante un problema político dramático que la comunidad internacional insiste en que debe resolverse democráticamente, pero las autoridades serbias no han ofrecido una plataforma adecuada, ni legal ni política, para el diálogo. Por supuesto, no sería realista devolver a Kosovo el status que llegó a tener en 1974. Pero sería lógico esperar una solución lo antes posible, equiparable a los mejores modelos europeos para resolver el status y los derechos políticos, nacionales y culturales de las minorías, tal como sucede en Italia o en España.
La mejor solución sería regionalizar Serbia, basándonos en los criterios amplios de unidad de grandes territorios y economías, tal como Kosovo y Metohija. Las regiones ejercerían mayores prerrogativas en diversos aspectos de la vida social, económica y cultural para atender sus necesidades específicas. Tal solución podría estar compuesta por un Poder Legislativo bicameral, en el que una de las cámaras representaría al pueblo y la otra a las regiones. Asimismo, las asambleas de las regiones étnicamente diferenciadas podrían tener también composición bicameral, con una cámara que representase a pueblo y otra nacional. La cámara nacional estaría formada, a su vez, con criterios de paridad: la mitad de sus miembros serían albaneses, mientras que la otra mitad aglutinaría a serbios, montenegrinos, turcos, etc… Las decisiones se tomarían bajo el fundamento de la armonización entre ambas cámaras. Sin embargo, el realismo de las relaciones políticas en Kosovo y Metohija probablemente haga difícil el incluirse en una organización regional de Serbia. Por tal motivo, deberíamos buscar una solución para el status autónomo de la provincia de acuerdo con las normas europeas. Esa opción podría suponer una asamblea bicameral provincial. En el caso de Kosovo y Metohija, esto significaría que la cámara provincial estaría formada por representantes de todos los ciudadanos, bajo el principio de "un ciudadano, un voto", mientras que la cámara nacional sería establecida con criterios de paridad, para que la mitad de los representantes fueran albaneses, mientras que la otra mitad fueran serbios, montenegrinos y miembros de otros grupos étnicos que viven en Kosovo y Metohija (turcos, musulmanes, etcétera). Las dos cámaras parlamentarias tendrían el mismo sistema de formación y sus decisiones sólo serían válidas si ambas estuvieran de acuerdo. Esto incluiría un mecanismo especialmente desarrollado para armonizar las diferencias, con la posibilidad de activar alguna forma de mediación por parte de las autoridades de la República Federal de Yugoslavia.
Tal solución sería lógica porque, según la Constitución de la República Federal de Yugoslavia, el Estado federal reconoce y garantiza las libertades y derechos del hombre y del ciudadano (artículo 7); incluye los derechos de las minorías nacionales (artículo 11) y es garante de las "las reglas de la ley internacional universalmente aceptadas como parte integrante del desarrollo legal interno" (artículo 16).
Tenendo en cuenta las muy tensas relaciones interétnicas y la situación dramática y política de Kosovo y Metohija, las autoridades del Estado de Serbia deben, tan pronto como sea posible, ofrecer una plataforma política legal para la resolución del status autonómico, de acuerdo con el modelo europeo. Tal plataforma debería estar supervisada por las instituciones internacionales. Esto, desde que una voluntad política y legal, no es solamente la condición para la estabilidad elemental política de Kosovo y Metohija, Serbia y Yugoslavia, o los Balcanes, sino la condición para el regreso político y económico de la República Federal de Yugoslavia a Europa y el mundo.
* Por Slobodan Vucetic es magistrado de la Corte Constitucional de Justicia de Serbia
