La noticia ha escandalizado en los círculos políticos y periodísticos españoles. Un miembro del GIL, (el partido que dirige el alcalde de Marbella, Jesús Gil), que quiera abandonar sus filas tendrá que pagar a esta organización política una multa cuya cuantía oscila entre los cien millones de pesetas y los 250 millones, según las fuentes. El GIL se apoya en una póliza suscrita con cada uno de su representantes. El objetivo es evitar que haya tránsfugas. La justificación de la medida es que el partido ha llevado hasta los cargos públicos a sus representantes y ha costeado la campaña electoral de cada uno de ellos, con lo que si alguien pretende aprovecharse de ello tendrá que pagar antes.
Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Club Atlético de Madrid, no ha hecho otra cosa que aplicar a la política una medida extendida desde hace años en el mundo del fútbol: la cláusula de rescisión. La noticia es hoy objeto de comentario por todos los analistas y no faltan quienes dudan de su legalidad.
Pero lo que no se cuenta es que esta cláusula fue inventada por la dirección de Alianza Popular cuando lo comandaba el hoy presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga. Alianza Popular cambió su nombre por el del Partido Popular, que actualmente dirige el presidente del Gobierno español, José María Aznar.
Aznar también aplicó en el Partido Popular otra costumbre: la de entregar a la dirección del partido una carta de dimisión al hacerse con algún cargo. Esto es exactamente lo que hizo él mismo, cuando envió a Fraga su dimisión al ser nombrado presidente del Partido Popular, por si su gestión no era del agrado del fundador. Fraga rompió la misiva de inmediato.
En el Parlamento español también se ha intentado aplicar a veces esta misma medida, pero la presidencia de la Cámara no ha aceptado esta práctica.
