El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha autorizado al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, a iniciar la investigación, después de que éste le remitiese un proyecto de diligencias en el que aprecia la existencia de indicios de delito. La investigación se basará en la denuncia que presentó el PSOE en agosto pasado. El fiscal general del Estado ha dado "luz verde" al proyecto de Jiménez Villarejo "sin modificar nada", según fuentes de la Fiscalía General. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción en este caso se justifica por la «especial trascendencia» de la alcaldía de Ceuta, que lleva aparejada la Presidencia de la ciudad autónoma.
Anticorrupción es una fiscalía especial que sólo interviene en aquellos procesos penales «de especial trascendencia, apreciada por el fiscal general del Estado», en relación con diversos delitos, entre los que está el de cohecho. La investigación comprenderá dos aspectos: de un lado, el cambio de formación política de Susana Bermúdez, que abandonó el grupo socialista y pasó al mixto; y de otro, las razones que motivaron su respaldo al GIL.
El apoyo de la diputada tránsfuga a la moción de censura contra el hasta entonces presidente de Ceuta, Jesús Fortes, del Partido Popular, al que ella misma había votado a principios de julio, permitió hacerse con el poder al candidato del GIL, Antonio Sampietro, el pasado 23 de agosto. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia del PSOE, en la que pidió que se investigasen posibles delitos de cohecho, coacciones, amenazas, presiones u ofertas ilegítimas para lograr que el GIL gobernase Ceuta. En esa denuncia que ahora servirá de base a las actuaciones, este partido pidió que la Fiscalía Anticorrupción practicase diligencias y tomase declaraciones a personas supuestamente «implicadas en los presuntos delitos de corrupción política, como Susana Bermúdez, Antonio Sampietro, así como el marido de la primera, Francisco Cazalla».
Bermúdez se ha incorporado al Gobierno de Sampietro como consejera de Cultura y Patrimonio, mientras que su marido ha sido nombrado viceconsejero de Participación Ciudadana.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado consideraron prematuro anticipar las diligencias que se practicarán. Lo más probable es que se interrogue al menos a los citados en la denuncia. A mediados de agosto, ante la desaparición de Susana Bermúdez, quien permaneció ausente de Ceuta durante casi dos semanas, un alférez de la Guardia Civil adscrito a la Fiscalía Anticorrupción se desplazó a la ciudad e interrogó a ángel Bermúdez, padre de la diputada tránsfuga, aunque sólo para constatar que ésta se encontraba ilocalizable por voluntad propia y no había sido presionada.
La denuncia del PSOE pedía que se esclareciera si algún grupo político interesado en que prosperase la moción de censura (es decir, el GIL), directamente o a través de personas interpuestas, había realizado ofertas de carácter económico, o bien presiones o amenazas, para condicionar la voluntad de Susana Bermúdez.
El secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, ha valado «muy positivamente» la decisión de la fiscalía, instada por su partido, «porque significa que se ha medido en toda su gravedad este episodio vergonzoso». Jaúregui ha anunciado que si la investigación del fiscal concluye en la apertura de diligencias judiciales «por delito de soborno, cohecho u otros, el PSOE se personará y solicitará la inhabilitación para cargo público de esta ciudadana», en alusión a Susana Bermúdez.
Jesús Gil: " un montaje político"
Por su parte, el siempre polémico y controvertido alcalde fascista -según sus propias palabras- de Marbella y presidente del Grupo Independiente Liberal (GIL), Jesús Gil, dice que no le importa «nada» la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que califica como «un montaje político más».
El Gobierno de Ceuta, formado por el GIL y la tránsfuga socialista Susana Bermúdez, ha asegurado que no tiene ninguna inquietud ante la apertura de las diligencias, pues «no hay nada que esconder».
